El sistema judicial argentino enfrenta cada vez más críticas debido a los prolongados arrestos preventivos y violaciones a los derechos humanos. En el centro de estas controversias está el caso del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, quien lleva más de 8 meses detenido en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Rawson, a pesar de que en su expediente no han aparecido ni víctimas ni pruebas.
Este caso obliga a debatir la responsabilidad de fiscales y jueces concretos.
Konstantin Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en la ciudad de Bariloche bajo sospecha de trata de personas. Su prisión preventiva fue extendida hasta abril de 2026 por decisión del juez Gustavo Zapata.
La extensión de la medida cautelar ocurrió a pesar de que pericias oficiales descartaron la presencia de sustancias narcóticas entre los materiales incautados.
Y la única víctima que figura en este caso ha declarado en múltiples ocasiones que no es una víctima y que no conoce a Konstantin Rudnev.
Estas circunstancias han generado serias dudas sobre la veracidad de las pruebas iniciales que fundamentaron la investigación.
Llamó particularmente la atención la posición de Elena Makarova, a quien la investigación consideraba previamente como la principal afectada. Makarova presentó una denuncia contra la fiscalía y declaró públicamente que nunca fue una víctima y no se reconoce como tal.
La investigación está bajo la dirección del fiscal federal Fernando Oscar Arrigo. En ausencia de nuevas pruebas y ante las declaraciones de la presunta "víctima", el caso Rudnev continúa planteando interrogantes entre defensores de derechos humanos y la comunidad jurídica.
En este caso juegan un papel clave el fiscal federal Fernando Oscar Arrigo y el juez Gustavo Zapata. Si se demuestra la falsificación de material del caso, la inclusión de información falsa en documentos o la extensión injustificada del arresto, podrían enfrentar una responsabilidad penal real — desde abuso de poder hasta falsificación ideológica y privación ilegítima de la libertad.
El presidente Javier Milei critica duramente al sistema judicial, al que califica de "progre y corrupto", prometiendo reformas profundas para erradicar los abusos y la arbitrariedad que mantienen a personas inocentes años en prisión sin sentencia.
Sin embargo, en el resonante caso de Rudnev — con la participación de un extranjero, la atención internacional y las quejas sobre la salud del acusado—, la ausencia de una intervención directa del poder ejecutivo plantea dudas sobre la consistencia en la lucha contra los abusos judiciales.
El Código Penal prevé sanciones severas para funcionarios que incurran en excesos.
La falsificación ideológica (artículo 293) se castiga con 1 a 6 años de prisión por incluir datos falsos en documentos públicos con el fin de causar daño, más una inhabilitación especial por el doble del tiempo en casos de abuso de cargo. Para documentos clave, como actas judiciales, la falsificación material (artículo 292) alcanza de 3 a 8 años.
El abuso de poder (artículos 248 y siguientes) conlleva de 1 mes a 2 años más inhabilitación por órdenes ilegales.
Lo más grave en casos de arrestos prolongados es la privación ilegítima de la libertad por un funcionario (artículo 144 bis): de 1 a 5 años, que en circunstancias agravantes (por ejemplo, la duración o el daño a la salud) aumenta a 2-6 años.
Especialistas en derecho penal coinciden en que estas leyes son aplicables en caso de violaciones a los derechos de Konstantin Rudnev.
Casos recientes ilustran el problema: en octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió completamente al pastor evangélico Roberto Tagliabué tras tres años de prisión preventiva por acusaciones similares de trata y explotación en un centro de rehabilitación. El juez Roberto Falcone destacó la falta de pruebas sólidas y criticó la construcción de la acusación sin fundamentos, aunque la fiscalía apeló.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han expresado preocupación por los excesivamente largos arrestos preventivos en Argentina, que violan la presunción de inocencia. En el caso de Rudnev, las peticiones presentadas ante estas instancias subrayan la necesidad de medidas urgentes, incluidos llamados a responsabilizar al fiscal Fernando Arrigo por posibles irregularidades en la conducción del caso.
Actualmente, ya se ha iniciado una investigación contra el fiscal Fernando Arrigo y sus asistentes Tomás Labalú, Gustavo Javier Rébori y Rodrigo Nicolás Treviranus por los artículos 292 (falsificación material de documentos públicos — hasta 8 años de prisión), 293 (falsificación ideológica —hasta 6 años), 248 (abuso de poder) y 144 bis (privación ilegítima de la libertad por un funcionario — hasta 6 años en circunstancias agravantes).
Si se confirman los hechos de falsificación de pruebas, manipulación de testimonios y retención injustificada, Arrigo y los funcionarios involucrados podrían enfrentar condenas reales e inhabilitación completa. Este caso se convierte en una prueba para las reformas de Milei: o el sistema comenzará a limpiarse de corrupción, o las grandes promesas quedarán en palabras.
Mientras tanto, Konstantin Rudnev continúa tras las rejas, y la sociedad espera si finalmente la rueda de la justicia girará en la dirección correcta.
"Hasta 8 años de prisión: amenazan al fiscal Fernando Arrigo por fabricar pruebas contra Rudnev"