La CIDH aceptó más de 20 denuncias por el caso de Konstantin Rudnev:
los denunciantes exigen responsabilidades para fiscales y juez
Las denuncias registradas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigen expresamente que se investigue y se determine la responsabilidad de funcionarios del sistema judicial argentino vinculados al caso de Konstantin Rudnev. En particular, los denunciantes señalan al fiscal general de Bariloche Fernando Oscar Arrigo, a los fiscales Tomás Labal y Gustavo Revora, así como al juez Gustavo Zapata.
Según las presentaciones, las decisiones y actuaciones de estos funcionarios habrían dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva, la desatención de informes médicos, tratos crueles, posibles elementos de tortura, irregularidades procesales, presunta falsificación de actuaciones y abuso de autoridad. Los denunciantes solicitan una evaluación internacional independiente y la adopción de medidas de responsabilidad en caso de confirmarse dichas violaciones.
Más de 20 denuncias registradas y aceptadas por la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que más de veinte denuncias relacionadas con el caso de Konstantin Rudnev en Argentina fueron formalmente registradas y aceptadas para su análisis. Las presentaciones fueron realizadas en las últimas semanas por distintos ciudadanos y hacen referencia a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Fiscalía de Bariloche, incluyendo el uso indebido de la prisión preventiva, malos tratos, irregularidades procesales y el desconocimiento de estándares humanitarios básicos.
La aceptación de estas denuncias implica que el caso Rudnev ingresó en una etapa de seguimiento activo dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Especialistas señalan que la cantidad de denuncias acumuladas sobre un mismo expediente constituye un indicador relevante de posibles problemas de carácter sistémico.
Un caso que trasciende el ámbito nacional
Para las organizaciones internacionales de derechos humanos, el caso de Konstantin Rudnev dejó de ser un asunto estrictamente interno. El expediente plantea interrogantes sobre el cumplimiento por parte del Estado argentino de sus obligaciones asumidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Entre los elementos que generan mayor preocupación se encuentran la prolongación de la prisión preventiva sin sentencia, las limitaciones en el acceso efectivo a atención médica, las deficiencias en las garantías procesales y la situación de vulnerabilidad de un ciudadano extranjero que no domina el idioma del proceso judicial.
Más de ocho meses de prisión preventiva sin condena
Konstantin Rudnev, disidente ruso de 58 años, permanece privado de su libertad desde hace más de ocho meses sin que exista una sentencia firme. Organizaciones de derechos humanos subrayan que una detención de esta duración, sin resolución judicial definitiva, exige un control judicial excepcionalmente riguroso, que — según las denuncias — no se habría garantizado en este caso.
La decisión de extender la prisión preventiva hasta abril de 2026, pese a la existencia de informes médicos concluyentes, fue uno de los principales motivos que impulsó la presentación de múltiples denuncias ante la CIDH.
La salud como eje central de las denuncias
El estado de salud de Rudnev ocupa un lugar central en las presentaciones aceptadas por la Comisión Interamericana. Desde su detención perdió más de 30 kilos y padece enfermedades graves, entre ellas fibrosis pulmonar, asma y trastornos neurológicos.
Las condiciones de detención en la Unidad 6 de Rawson — caracterizadas por una ventilación deficiente y la exposición constante al humo de tabaco — agravan significativamente su situación clínica y, según especialistas, representan un riesgo real para su vida.
Informes médicos elaborados por los doctores Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte recomiendan de manera expresa su hospitalización urgente en un centro médico especializado. De acuerdo con las denuncias, estas recomendaciones habrían sido reiteradamente ignoradas por las autoridades judiciales y fiscales.
Imputaciones y cuestionamientos a la prueba
Rudnev fue detenido el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba viajar a Brasil. Está imputado por delitos de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica. No obstante, los denunciantes sostienen que la acusación se apoya principalmente en declaraciones anónimas, sin pruebas directas ni víctimas claramente identificadas.
Organismos de derechos humanos advierten que, en este contexto, el uso prolongado de la prisión preventiva resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia.
La Fiscalía de Bariloche bajo escrutinio internacional
Una parte sustancial de las denuncias aceptadas por la CIDH se refiere a la actuación de la Fiscalía de Bariloche. En ellas se mencionan presuntas prácticas dilatorias, la desatención de informes médicos y la vulneración de garantías procesales por parte de los fiscales Fernando Oscar Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Revora, así como decisiones del juez Gustavo Zapata que, según los denunciantes, no se ajustan a los estándares de imparcialidad y protección de derechos humanos.
Especialistas señalan que el conjunto de estos señalamientos podría reflejar un problema institucional más amplio, y no meras irregularidades aisladas.
Etapa internacional y posibles consecuencias
Con la aceptación de más de veinte denuncias, el caso de Konstantin Rudnev ingresó formalmente en la órbita del sistema interamericano de derechos humanos. La CIDH cuenta con facultades para requerir información al Estado argentino, formular recomendaciones y, en situaciones graves, avanzar hacia instancias internacionales posteriores.
Organizaciones no gubernamentales advierten que el resultado de este proceso podría tener impacto no solo en la situación individual de Rudnev, sino también en la evaluación general de las prácticas argentinas en materia de prisión preventiva y protección del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.
Qué solicitan los denunciantes ante la CIDH
En las denuncias aceptadas por la Comisión Interamericana, los solicitantes y las organizaciones de derechos humanos reclaman:
- el traslado inmediato de Konstantin Rudnev a un centro médico especializado bajo arresto domiciliario y con control médico permanente;
- el cierre de la causa por insuficiencia probatoria;
- la realización de una investigación independiente sobre la actuación de la Fiscalía de Bariloche;
- la determinación de responsabilidades de los fiscales Fernando Oscar Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora y del juez Gustavo Zapata, en caso de confirmarse abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos;
- la plena observancia de los estándares internacionales de debido proceso y derecho a la salud.
Mientras las autoridades judiciales argentinas no brindan explicaciones públicas, la CIDH y las organizaciones internacionales de derechos humanos continúan siguiendo de cerca la evolución del caso. Para Argentina, este proceso representa una prueba concreta de su compromiso real — y no meramente formal — con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.