La reestructuración de la deuda externa entra en un terreno de suerte y verdad. Mientras dos grupos de acreedores tensan la negociación, un tercero acerca posiciones y se encamina a acordar con el Gobierno.

En ese escenario, cobra fuerza la idea de que la Argentina presentará la última oferta con el aval de un grupo de bonistas y, con ella, irá a la búsqueda del vasto universo de acreedores que no están representados en la mesa de negociaciones.

Cerca del ministro de Economía Martín Guzmán trabajan en esta hipótesis. La oferta ya trascendió. El banco UBS, cercano al grupos de acreedores "amigable", hizo retoques a la propuesta de la Argentina (valuada en casi U$S50 por cada U$S100 nominales, a una tasa de salida del 10%) y salió a sumar voluntades.

El Gobierno considera que esas modificaciones no son significativas: mejoran los pagos iniciales a los acreedores, a la vez que mantienen las cláusulas legales que el Ejecutivo no quiere tocar. Y, sobre todo, dejan a la deuda en el terreno de lo “sostenible”, tanto en la definición de Guzmán como en la consideración técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En limpio, desde el comienzo de las negociaciones siempre hubo en la mesa tres grupos de acreedores. Entre todos, calculan en Economía, representan entre el 30 y el 40 por ciento de toda la deuda a reestructurar. Pero nadie lo sabe con exactitud. Y aquí hay un problema: entre el 60 y el 70 por ciento de la deuda está en manos de bonistas individuales o pequeños fondos de inversión que no se sabe si aceptarán o no los términos finales del canje.

Las negociaciones con esos tres grupos pasaron por distintas etapas. El Gobierno siempre apuntó a BlackRock como el más hostil de los negociadores. Sobre el final, los grupos de acreedores Ad Hoc (liderado por BlackRock) y Exchange (bonos de los canjes 2005 y 2010) juntaron fuerzas. El Comité de Acreedores (ACC, sus siglas en inglés) que integran los fondos Fintech y Gramercy, entre otros, están más cerca del acuerdo.

El fin de semana, TN.com.ar informó que las conversaciones con el grupo ACC avanzaban y podía haber un anuncio en breve. Este martes, los grupos Ad Hoc y Exchange respondieron con un duro comunicado contra el Gobierno. Dijeron que no tienen contacto con Economía desde el 17 de junio y agregaron: “La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante".

Según Reuters, ambos grupos concentran deuda por U$S21.000 millones, o menos de un tercio de los U$S65.000 millones que la Argentina busca reestructurar. Y amenazan al Gobierno con reunir la cantidad de deuda suficiente como para bloquear un acuerdo general: el país necesita un nivel de aceptación de entre 66% y 75% para evitar juicios futuros.

Según fuentes oficiales, las conversaciones prosiguieron con quienes demostraron “actitud constructiva” y “los teléfonos nunca se cerraron”. Pero hubo un estancamiento. “Con el grupo Ad Hoc ha habido diferencias económicas pero también en lo referente a los términos legales", dijo Guzmán la semana pasada.

En Economía acusan que BlackRock y compañía exigieron introducir cambios en los términos legales de los bonos sobre el final de la última ronda de reuniones. Guzmán dijo que retroceder en materia de la estructura legal de la deuda y desechar cláusulas más beneficiosas para los soberanos validadas en los últimos años por el FMI y el G20 no es negociable. Son las cláusulas que incorporaron los bonos argentinos emitidos a partir de 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

El escenario incierto

Así las cosas, prevalece en el Gobierno la idea de avanzar con quienes muestran mayor predisposición al diálogo. Hay un escenario incierto allá afuera y es ese universo de entre 60 y 70 por ciento de acreedores que no manifestaron su opinión sobre el canje. Esa incertidumbre es un hecho dado tanto para el Ejecutivo como para los acreedores organizados y es las que, sin un acuerdo con los tres grandes grupos, terminará definiendo el partido.

El Ejecutivo no sabe con certeza qué hay en ese universo. No lo pudieron definir los bancos contratados como colocadores (HSBC y Bank of America) ni el asesor financiero (Lazard). Se supone que son bonistas individuales y pequeños fondos de inversión que actuarían en manada, siguiendo a la “primera minoría”. De ese grupo que tiene hasta el 70% de la deuda, algo menos del 20% aceptó la primera oferta de la Argentina, de menos de 40 dólares por cada U$S100 nominales. Es la única que, hasta el momento, fue formalizada y es la que permanece abierta en la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) hasta el 24 de julio, o hasta que el país ingrese la nueva propuesta.

En ningún caso, aclaran fuentes oficiales, se habla de fondos buitres. Unos y otros quieren cobrar sus deudas. BlackRock y compañía tienen más espaldas para litigar. Por eso, el Gobierno se esperanza con que los acreedores más pequeños acepten una oferta si la consideran más beneficiosa que impulsar juicios que pueden demorar años y gastos en abogados.

Entre la primera oferta y la última, la Argentina elevó en U$S11.000 millones su propuesta. (Fuente TN)