El 86% de los 7.056.507 haberes que liquidó Anses en diciembre fueron con un monto menor a los 200 mil pesos, incluyendo el bono de emergencia de 55 mil pesos que se pagó en enero. En el 2023, los precios subieron 211% y la movilidad previsional acumuló apenas el 110,9%. Cómo ajustar un universo de 18 millones de beneficiarios, entre pasivos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas de Anses, se convirtió en la traba angular de la “ley ómnibus” que se analiza en plenario de comisiones de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei pidió la suspensión de la movilidad por dos años y que, en ese período, se puedan determinar los aumentos por decreto.

La oposición dialoguista que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal, la UCR y algunos pocos del PRO rechazaron eso. “La fórmula es mala, la tenemos que cambiar, pero no por decreto. Esto es 'pasa o no pasa'”, advierte Oscar Agost Carreño, de Coalición Federal. La movilidad que hoy rige fue reflotada en el gobierno de Alberto Fernández y es la que se usó entre 2008 y 2017, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y al principio de la de Mauricio Macri.

Esa fórmula no tiene en cuenta la inflación: la mitad del indicador se define por recaudación de Anses y la otra mitad, por salarios según Ripte, que elabora el Ministerio de Trabajo según el promedio de los ingresos de los trabajadores registrados.

A fines de 2017, bajo la gestión de Cambiemos, el Congreso modificó la movilidad y pasó a actualizarse trimestralmente por inflación (70% del indicador) y salarios (30%). En diciembre de 2019, Alberto pidió la suspensión, el Congreso se la concedió y lo autorizó a dar aumentos por decreto hasta tanto se definiera una nueva fórmula. En el 2021, previa autorización del Congreso, volvió a reflotar la fórmula de Cristina, aunque se definió que la participación del salario sería Ripte o Indec, el que resultara más alto.

“La fórmula es mala, se puso en los tiempos de Cristina Fernández cuando no había inflación porque se tocaba el Indec, no sé por qué se volvió a esta fórmula”, apunta Oscar Cetrángolo, especialista previsional.

“Si bien hemos visto discusiones políticas que son chicanas, nadie puede negar que hay una situación de emergencia y que los jubilados sin lugar a dudas son los primeros en ser afectados, hay una situación innegable de emergencia previsional”, subraya el especialista previsional Adrián Tróccoli. Y describe las cifras: inflación del último trimestre del 2023 del 53,31% con una movilidad trimestral del 20,87%.

En el año, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 211% y la movilidad 110,9%, lo que significa una pérdida real del 32,2%. Y si se toma desde el 2017, y se acumula el cambio de Macri, la suspensión de Alberto y la restauración de la fórmula vieja, la inflación fue del 2.989% y la movilidad del 1411%. “Una pérdida del 51%”, resume Tróccoli.

El punto en discusión es qué hacer ahora, en el marco de una emergencia y con el equilibrio fiscal “innegociable”, como ha repetido Javier Milei.

Contrapropuesta

La oposición dialoguista acercó una contrapropuesta. Fue y vino varias veces. Los matices y el impacto fiscal se debatirán durante el fin de semana. El oficialismo pidió tiempo hasta el lunes para hacer sus proyecciones, pero habría dos escenarios posibles:

IPC. La propuesta que le acercó el bloque que lidera Pichetto fue ajuste por inflación mensual. Dice el texto de los dialoguistas: “La movilidad se basará en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Indec, la que se aplicará mensualmente en base al último índice publicado. La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el presente se hará efectiva a partir del 1° de diciembre de 2023″.

El Gobierno primero aceptó que sea por IPC, pero trimestral. Le dijeron que no. “Hay funcionarios del Gobierno que quieren déficit cero ya, cueste lo que cueste, y otros más racionales plantean que a la bomba hay que desarmarla artesanalmente, algo por acá, algo por allá”, dice Agost Carreño, que insiste en que el fogonazo inflacionario pos devaluación tiene que ser reconocido íntegramente en los haberes del 100% de los jubilados.

“Lo que tiene que hacer el Legislativo es reducir el riesgo, no pensar mal pero reducir el riesgo de que salga mal. No creo que el Ejecutivo tenga malas intenciones y creo que el ministro Caputo fue honesto cuando planteó que los jubilados no tienen que volver a perder. Entonces, pongamos la promesa por escrito”, sugiere Tróccoli.

“Lo óptimo sería ajustar por inflación, que esa sea la regla: la última inflación disponible. Esto no implica aumento del gasto, es como si la inflación no existiera. Además, no está bien licuar, no sólo porque no está bien dañar a los ancianos sino porque eso es deuda previsional que en algún momento habrá que pagar”, dice Jorge Colina, titular del centro de estudios Idesa y coautor del libro Una vacuna contra la decadencia con el actual titular de la Anses, Osvaldo Giordano.

Es más, Tróccoli revela que hay ya 30 mil demandas en contra de Anses generadas en la última gestión de Alberto por la licuación de los ingresos de quienes ganan por encima de la mínima. En este punto, habría consenso entonces en que la inflación tiene que ser la medida de la movilidad. El Gobierno aceptaría la indexación mensual, pero no desde la inflación desde diciembre: o la de enero o la de febrero. Asoman algunas diferencias de criterio entre el ministro Caputo y Giordano.

En el equipo económico de La Libertad Avanza proyectan que enero tendrá un IPC más alto que diciembre y querrían “saltear” un mes (diciembre) de alta inflación. Otra opción sería aplicar el 25,5% de diciembre pero con los haberes de febrero o de marzo: se reconocería IPC, aunque diferido, como se hizo en Córdoba.

Esas son las proyecciones aritméticas que se discuten este fin de semana, que en el fondo exceden el articulado de la ley. El desafío macro de fondo es avalar una indexación mensual sobre el 50% del gasto total del Estado. Inviable si el objetivo es en el corto plazo reducir la inflación.

No tocar nada. Si el Ejecutivo no garantizara empate con la inflación, la oposición retruca con no suspender la fórmula actual. No votar ese artículo, de modo que siga vigente hasta -por ejemplo- que llegue el presupuesto 2025, en septiembre. Ahí, dicen, se podría incluir un nuevo cálculo de movilidad. La opción no sería tan mala, porque al fin y al cabo, esta fórmula es la que mejor cumple con el ortodoxísimo plan de ajuste fiscal de Caputo. Es horrible decirlo, pero como no sigue a la inflación, es la que más licúa los haberes previsionales. El problema de esta fórmula aparece cuando la inflación cede y se recuperan los salarios: ahí conspiraría en contra del orden de las cuentas públicas, al punto de descalibrar otra vez el soñado equilibrio fiscal. Caputo pretende pagar todos los costos políticos juntos, en combo y mientras dure la luna de miel y no dejar este tema tan espinoso para después, cuando la banca social de Milei quizás esté más esmerilada confirme avance el ajuste.

“¿Qué habría que hacer? Depende del lado en que uno esté, voy a ser mal pensado: entiendo que el Gobierno debe querer suspender la fórmula porque si en algún momento está pensando en controlar la inflación, cuando bajen los índices de precios, lo que ganaste ahora te lo perdés después”, sostiene Cetrángolo.

La discusión de fondo sigue pendiente

Cualquiera de las dos opciones en danza que se analizan por estas horas en el Gobierno y en los bloques opositores que negocian el apoyo con el oficialismo dejan para después una discusión de fondo: cuál debiera ser la fórmula de la “no emergencia”.

¿Cómo debiera ser la movilidad de un país normal? ¿Y de uno que busca la normalidad? ¿Salarios, recaudación, inflación? ¿A todos por igual o el que cumplió con los 30 años de aportes y se jubiló sin moratorias debería tener un reconocimiento adicional?

“Hay que garantizar que como mínimo haya al menos cuatro aumentos, el Legislativo tiene que fijar una periodicidad y no es válido que el Ejecutivo la ponga cuando tenga ganas”, dice Tróccoli.

El especialista cuestiona el uso del Ripte porque, con las crisis cada vez más agudas, los activos negocian aumentos no remunerativos que no impactan en el Ripte, ya que el indicador sólo tiene en cuenta los recursos de la seguridad social. “Es el gran problema que hay que evitar en la nueva ley”, dice.

El titular de la Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, encabeza un equipo de técnicos que tienen un diagnóstico más estructural sobre las falencias del sistema y cómo se podrían corregir. El problema es que los resultados de ese quema se pueden ver, con suerte, en 15 años. Por eso es clave saber con qué margen político quedará el Gobierno después de este debate en el Congreso: ¿se podrá discutir una reforma previsional o la “ley ómnibus será la única oportunidad de dar este debate?

Contrariamente a lo que se presume, Giordano no es partidario de elevar la edad jubilatoria por encima de los 65 años, pero sí de aplicar las mismas reglas para todo el mundo, sin regímenes especiales o -si los hubiera- financiados con el aporte adicional del mismo sector.

Las reglas serían 65 de edad, 35 de servicio y 82% del promedio actualizado de la remuneración neta cobrada durante toda la vida activa. Debieran cerrarse todas las moratorias vigentes y dejar como único instrumento para que las personas sin aportes accedan a un beneficio la Pensión del Adulto Mayor, con reformas, como la posibilidad de mejorarla si se tienen algunos años de aportes.

El esquema que impulsa Giordano también supone una revisión de la pensión derivada por fallecimiento del cónyuge. Esas pensiones fueron concebidas hace un siglo, cuando la mujer casi no trabajaba fuera del hogar y los hijos a los 18 se independizaban. Hoy es muy habitual que haya doble beneficio tras la muerte del cónyuge. Una posibilidad es que sean derivadas a los hijos que sigan estudiando.