El Gobierno oficializó este lunes que el esquema de Precios Máximos regirá por dos meses más, que está vigente desde el inicio de la pandemia de coronavirus. De esta manera, el congelamiento de valores al consumidor cumplirá un año desde que ordenó retrotraer los precios a los vigentes el 6 de marzo de 2020.
Lo hizo a través de la resolución 112/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el argumento de frenar el impacto negativo de un aumento de precios en el entramado económico y en el bolsillo de los consumidores.
Desde fines de marzo de 2020, para contener la inflación, el programa se fue extendiendo y tuvo una actualización de los valores en julio y octubre pasados, cuando se produjo el primer deslistamiento de unas 500 categorías de productos, considerados no esenciales. En enero pasado, además, se sacaron del lista de precios congelados a otras 40 categorías categorías de productos de la mano de una mayor representatividad en Precios Cuidados.
Precios Máximos se mantendrá al menos dos meses más para la mayoría de los alimentos y bebidas (leches, aceites, harinas, entre otros) y la gradualidad de la salida de ese programa dependerá de cómo se desarrolle la situación sanitaria del país. Se estima que incluye unos 2300 productos, con distintas presentaciones y fabricantes. Además, por la resolución, se intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización, “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia” de la medida.
La dependencia a cargo de Paula Español, justificó la nueva prórroga del esquema de congelamiento de precios en la necesidad de tomar medidas para morigerar el impacto de la la inflación “en el sistema económico y asegurar a la población el acceso equitativo y razonable a bienes básicos de consumo” en medio de la pandemia-
Enfatizó, en los considerandos, que en los últimos meses hubo “un aumento significativo de la demanda de bienes de consumo esencial en un contexto de emergencia sanitaria extendido en el tiempo, con un impacto acumulado con efectos negativos en la actividad económica y, consecuentemente, en el poder adquisitivo de la población”.
“En razón de ello, deviene imperativo salvaguardar el bienestar del pueblo argentino, evitando los efectos perniciosos de aumentos generalizados e irrazonables de bienes básicos de consumo general, y a la vez asegurar su acceso en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todas y todos”, añadió el texto oficial.
