El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso la “ley ómnibus”. Se trata de un proyecto denominado “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que será analizado en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. El ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo entrega del documento con 664 artículos en 351 páginas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El proyecto hace referencia a una crisis nacional sin precedentes y apunta a reversionar el modelo económico y social del país alineándolo a la Doctrina Liberal de la Constitución de 1853.

La ley “ómnibus” propuesta busca una reforma del Estado, mediante la declaración de emergencia pública en múltiples áreas hasta diciembre de 2025, permitiendo al Ejecutivo asumir “facultades legislativas”. El proyecto también se mete con la industria del libro.

Bajo la premisa de que Argentina “no tiene plata, no tiene tiempo”, según palabras que dijo Menem a Infobae, el artículo 60 ―incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica― promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”.

¿Qué establece la ley que se busca eliminar? Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.

Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Pero es en las librerías donde se consiguen muchos títulos que no son best sellers y que pasan años en los estantes. Entonces, para sostener esos negocios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas. Porque si cierran ¿quién venderá los libros que no tienen tantos lectores? A eso- muchos títulos aunque sean de bajas tiradas- se llama “bibliodiversidad”.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el sector

“Puede ser terrible, en primer lugar y en el corto plazo, para todo el ecosistema de librerías. Va a ser un golpe enorme si se aprueba“, dice Pablo Braun, promotor cultural, responsable de la librería y editorial Eterna Cadencia y director de Filba en diálogo con Infobae Leamos. “Las cadenas de grandes superficies y los supermercados manejan otros volúmenes, descuentos y plazos de pagos van a poder hacer descuentos grandes, que van a ser imposibles de igualar”, agrega.

Y sigue: “Muchas de las compras se van a trasladar a estos lugares y la venta en librerías independientes va a bajar y va a hacer que, naturalmente, cierren algunas, se achiquen otras y se pierdan puestos de trabajo”. “Me parece que van a desaparecer las librerías más chiquitas primero y van a quedar las cadenas”, opina Braun. “Primero va a pegar a las librerías, pero después a las editoriales”, expresa y advierte que se va a perder la bibliodiversidad.

Por su parte, Trini Vergara, con más de treinticinco años en la industria editorial y cabeza del proyecto editorial Trini Vergara Ediciones apunta un dato: “la alta inflación había terminado sola con el precio fijo. Según explica, “los editores solo aumentamos las novedades y ponemos aumentos menores o ningún aumento a libros de los meses anteriores o del fondo editorial, con criterios selectivos y promocionales, que es exactamente como funcionan los mercados sin ley de precio fijo a los libros”.

Vergara advierte que siempre hubo “fórmulas creativas para rebajar” y que esta situación es “una realidad en las librerías” y detalla que “este año encontrás libros muy nuevos a precios muy rebajados, y eso es simplemente porque no se aumentan a la par de los lanzamientos del mes”.

Ana López, dueña de la librería Suerte Maldita dice que “eliminar el PVP atenta directamente contra la diversidad de autores y de editoriales en las librerías. Sin el precio único estamos a merced de los grupos concentrados y las librerías independientes no tendremos herramientas para competir” porque “los grupos concentrados, que tienen otros acuerdos de volúmenes, descuentos y plazos de pago van a poder ofrecer precios menores”.

La editorial Blatt & Ríos también hizo publica su postura sobre el proyecto de derogación de la “Ley de Defensa de la Actividad Librera” en la red social X: “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542″, comienza y profundiza: “Con estos las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”.

El Grupo Ilhsa ―dueña de la cadena Yenny―, consultado por Infobae Leamos, no tiene declaraciones formales al respecto. Tampoco las tuvo Leo Cifelli, designado como Secretario de Cultura de la Nación pero quien -explicaron a Infobae desde su entorno- todavía no asumió oficialmente.

Bibliotecas Populares, en la mira

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) también está incluida en la “ley ómnibus”. La CONABIP cuenta con gran relevancia en el interior del país y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se sabe, es uno de los actores más importantes. ¿Por qué? Se trata de bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que tienen la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades.

¿Cómo las afectaría de aprobarse el proyecto en el Congreso? El apartado quinto del documento es un apartado dedicado exclusivamente a la CONABIP. Las afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial, que creaba la Ley 23.351. Fuentes cercanas a la Comisión advierten el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles.

Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.

A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.

También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.

Las Bibliotecas Populares fueron creadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1866. La primera, la Biblioteca Popular Franklin, estuvo en la provincia de San Juan.

(Fuente: Infobae)