El grupo de los 24 (G24), en el que están las naciones en vías de desarrollo, le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que flexibilice sus políticas de recargos sobre las deudas que mantienen los países miembro con el organismo, entre otras medidas que permitan aliviar la situación financiera de esos socios en medio de la crisis desatada pandemia por coronavirus.

“Este es el año para que el Fondo revise de la Política de Límites de Acceso y Recargos de tasas de interés en los programas de préstamos- Alentamos al FMI a seguir considerando una reducción permanente significativa de los recargos o su eliminación. Además de buscar nuevos recursos de donantes, alentamos al Fondo a explorar opciones de financiamiento no tradicionales y predecibles”, remarcaron los integrantes del G24 en un comunicado posterior a la reunión virtual que mantuvieron este lunes.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien participó del encuentro, celebró esa decisión al entender que la política de límites y recargos “es regresiva y procíclica que afecta más a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y que no está alineada con la misión de mejorar la estabilidad financiera mundial. En el contexto de la pandemia, una suspensión inmediata de los recargos, mientras se revisan las políticas, ayudaría a los países a recuperarse y debería ser considerado”, resaltó el funcionario.

Los miembros del G24, a la vez, reclamaron una distribución más justa de las vacunas contra el COVID-19 por lo que instaron a organismos reguladores de comercio a discutir sobre las patentes en ese sentido.

El G24 nació al principio de los '70 como una agrupación para fijar posiciones en materia de desarrollo financiero, y está integrado por países como Argentina, Brasil, México, Egipto, Siria e Irán, entre otros. Este lunes, en la previa a que comience la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, los ministros de Finanzas y banqueros centrales de esas naciones exhortaron a los organismos internacionales a modernizar y flexibilizar las herramientas crediticias disponibles a fin de responder de mejor manera “las necesidades cambiantes de los países de ingresos bajos y medianos” para permitir recuperarse del impacto de la pandemia.

Celebraron la ampliación de los Derechos especiales de Giro (DEG), por US$650.000 millones, que permitirá a los países miembros -entre ellos Argentina- acceder a mayores fondos para hacer frente a la compra de vacunas o pagar sus deudas, incluidas las contraídas con el organismo.

En ese marco, reforzaron la necesidad de que se permita que países que no necesitarán hacer uso de esos fondos, como las grandes potencias desarrolladas, puedan derivar los DEG a otras naciones que sí lo requieran. Ese fue uno de los pedidos que viene haciendo Guzmán, en los distintos foros internacionales.

El grupo resaltó que “se necesita una cooperación más profunda para poner fin al COVID.19 y las cicatrices económicas”, consideró que la recuperación económica ha comenzado en los países centrales pero “muchas naciones vulnerables siguen en recesión con tasas de infección crecientes y escasez de vacunas asequibles. La crisis ha tensado los sistemas de salud y ha afectado gravemente a las economías de los países en desarrollo”.

“Millones de personas han caído en la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria ha aumentado drásticamente, especialmente en los países más pobres y aquellos que viven en situaciones frágiles y afectadas por conflictos”, alertaron. Por eso, enfatizaron que la pandemia solo podrá superarse si se garantiza “una distribución justa de las vacunas y el apoyo sostenido a los países en desarrollo vulnerables”.

“El acceso rápido a vacunas asequibles será fundamental para la recuperación en los países en desarrollo. Ese acceso está muy restringido por la oferta existente, que en su mayoría ha sido comprada por economías avanzadas”. señalaron, por lo que pidieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a otros organismos multilaterales que “busquen soluciones para aumentar la producción de vacunas, incluido el tratamiento de las reglas de propiedad intelectual para expandir la fabricación de vacunas y otros productos médicos necesarios para tratar a los infectados por COVID-19.