El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional como respuesta a las consecuencias del terremoto que sacudió al país el viernes, una decisión que permitirá movilizar US$100 millones para asistir a los damnificados, reparar infraestructuras y avanzar en la recuperación de las zonas más perjudicadas. Mientras continúan las evaluaciones técnicas, las autoridades trabajan en la distribución de ayuda humanitaria y en la identificación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico y sus réplicas.
La resolución fue aprobada por el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, luego de analizar los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de otros organismos que intervienen en las áreas afectadas. Los recursos previstos estarán destinados a cubrir necesidades inmediatas, ejecutar reparaciones urgentes y financiar las tareas de recuperación en las provincias que registraron las consecuencias más importantes del sismo.
El balance oficial actualizado señala que, hasta el momento, no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, 27 personas resultaron heridas, todas con lesiones de leves a moderadas, mientras las inspecciones permitieron identificar daños en establecimientos educativos, centros sanitarios y viviendas particulares.
El Gobierno moviliza recursos y organiza la respuesta
Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la prioridad de la administración nacional es brindar asistencia a las familias afectadas y garantizar la disponibilidad de los recursos institucionales necesarios para coordinar una respuesta integral.
En esa línea, Mulino instruyó a los integrantes de su gabinete para que permanezcan activos en las zonas afectadas y utilicen los recursos de sus respectivas instituciones con el objetivo de acelerar las tareas de asistencia y recuperación. La decisión apunta a sostener la presencia de los organismos públicos mientras se determina la magnitud definitiva de los daños y se establecen las intervenciones necesarias.
Como parte de este esquema, el Gobierno creó una comisión de alto nivel encargada de coordinar la ayuda humanitaria, gestionar las donaciones y planificar las futuras obras de reconstrucción. El equipo está integrado por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque; y el ministro Orillac.
Icaza explicó que la comisión especial tendrá a su cargo la coordinación de las ayudas ciudadanas y la planificación de las intervenciones necesarias para restaurar la infraestructura dañada. Su labor se desarrollará en paralelo con las inspecciones técnicas y con la distribución de los elementos esenciales entre las comunidades que requieren asistencia.
Los centros de recepción de donaciones
Para organizar la colaboración de la ciudadanía, las autoridades habilitaron el Parque Omar, en la capital panameña, como centro de acopio para recibir alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Además, las gobernaciones provinciales funcionarán como puntos de recepción y distribución de las donaciones destinadas a las poblaciones damnificadas.
Desde poco después del terremoto, las brigadas de emergencia comenzaron a distribuir agua potable, alimentos y otros insumos básicos en las localidades afectadas. Estas tareas forman parte de la respuesta inmediata, orientada a cubrir las necesidades de las familias mientras continúan las evaluaciones y se definen las acciones de recuperación.
La asistencia también contempla el acompañamiento psicológico para las personas que sufrieron pérdidas materiales o debieron abandonar temporalmente sus hogares. A su vez, se implementaron mecanismos específicos para facilitar la atención de personas con discapacidad auditiva, mediante la participación de intérpretes de lengua de señas que permiten mejorar la comunicación y el acceso a los servicios de emergencia.
419 escuelas, 21 centros de salud y las viviendas afectadas
La evaluación de los daños abarca tanto edificios públicos como propiedades privadas. La subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que los equipos técnicos continúan inspeccionando las infraestructuras para determinar el nivel de afectación y establecer las condiciones de seguridad necesarias antes de autorizar su funcionamiento.
El informe oficial identificó daños de diferentes magnitudes en al menos 21 centros de salud. Los ingenieros realizan evaluaciones detalladas de estos establecimientos antes de habilitar su utilización completa, con el propósito de establecer si las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para prestar servicios con seguridad.
Las inspecciones también alcanzaron a más de 426 viviendas, en las que se encontraron afectaciones que van desde problemas menores hasta pérdidas totales en algunos casos. La diversidad de los daños obliga a continuar con los relevamientos para determinar las necesidades particulares de cada familia y establecer las intervenciones que correspondan.
El panorama refleja la amplitud de las tareas pendientes: además de atender las necesidades inmediatas de los damnificados, los organismos deben determinar qué edificios pueden continuar funcionando, cuáles necesitan reparaciones y qué propiedades presentan daños de mayor gravedad.
La educación, entre los sectores más perjudicados
El sistema educativo se encuentra entre los sectores que registraron un número importante de establecimientos afectados. El Ministerio de Educación informó que 419 escuelas distribuidas en distintas regiones del país sufrieron daños a raíz del terremoto.
El ministro de Educación, Ventura Vega, recordó que, después del movimiento telúrico, se dispuso la suspensión de las clases y de las actividades administrativas en el sistema educativo público como medida preventiva.
La continuidad de esa suspensión dependerá de los resultados de las inspecciones estructurales y de las condiciones de seguridad de cada establecimiento. Las autoridades anunciaron que este domingo comunicarán si las actividades académicas podrán retomarse con normalidad el lunes 12 de octubre.
La decisión estará sujeta a las evaluaciones de los edificios escolares, por lo que el relevamiento de los daños será determinante para definir el regreso a las aulas. Mientras tanto, la situación de los establecimientos afectados forma parte de las prioridades de los organismos encargados de la recuperación.
Herrera, Los Santos y Veraguas
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentraron buena parte de las afectaciones reportadas hasta el momento. No obstante, los efectos del terremoto también se extendieron a Chiriquí, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.
Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue la evacuación preventiva de unas 300 personas en la isla de Cañas, donde el aumento del nivel del agua después del sismo obligó a trasladar a los residentes hacia zonas seguras.
Las personas evacuadas reciben asistencia alimentaria y sanitaria mientras se trabaja para garantizar el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales. La atención de esta población se suma a las tareas desplegadas en otras localidades afectadas, donde los equipos de emergencia continúan distribuyendo elementos básicos y evaluando las necesidades de los residentes.
La extensión geográfica de los daños exige coordinar la respuesta en distintas regiones, con mecanismos de recepción y distribución de ayuda que permitan atender tanto a las comunidades con afectaciones materiales como a las personas que debieron abandonar temporalmente sus hogares.
Más de 400 efectivos participan del operativo de asistencia
El despliegue gubernamental cuenta también con la participación de 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), distribuidos en distintos puntos del país. Su intervención comprende tareas de seguridad, logística y asistencia humanitaria, como parte del operativo organizado después del terremoto.
El trabajo de estos efectivos se complementa con la actuación de las brigadas de emergencia, los equipos técnicos y los profesionales especializados que brindan apoyo psicológico a las familias afectadas. La respuesta incluye, además, la distribución de agua potable, alimentos y artículos de primera necesidad, así como medidas destinadas a garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse con los equipos de asistencia.
En paralelo, los organismos oficiales mantienen las inspecciones de edificios públicos y privados para actualizar el balance de daños. Estos relevamientos servirán para definir las prioridades de intervención y establecer las condiciones necesarias para recuperar los servicios y la infraestructura afectados.