El monto fijado es de 300 mil pesos y se debe efectuar a través de bienes muebles o inmuebles acreditando legítima propiedad ante los órganos provinciales. Una vez cumplido este paso, podrán quedar en libertad con una serie de restricciones.

El viernes vencieron los plazos para que estas personas sigan detenidas, por lo cual la fiscal Marta Nieva solicitó su libertad al considerar que no hay ningún riesgo procesal.

Las personas involucradas en los ataques a las oficinas de Agua Rica y a la sede del PJ en Andalgalá seguirán ligadas a la causa.