Este miércoles, a través de un extenso comunicado, el Colegio de Abogados de Catamarca intimó a la Corte de Justicia para que se vaya a una conciliación obligatoria debido a las medidas de fuerza de los empleados judiciales que se están llevando a cabo en contra del recorte presupuestario al Poder Judicial.
El pedido del Colegio se debe a una “preocupación” por la paralización del servicio de justicia, alegando que el paro de los trabajadores judiciales retrasan la resolución de distintos asuntos judiciales y "el correcto funcionamiento del sistema legal.
“La justicia es un servicio esencial y por ende no puede ser negada a ningún ciudadano de esta Provincia, ni mucho menos restringir su acceso, por meros beneficios salariales, para unos pocos, en perjuicio de toda una comunidad. El Acceso a la Justicia, hoy denegado por quien debería ser su máximo protector, quien deja de garantizar que las personas puedan acudir ante los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos, sin importar su status económico, social, migratorio, racial, étnico, religioso, político, identidad de género u orientación sexual.” sostiene el documento firmado por los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados.
En este sentido, apuntan: "Entendemos que existen circunstancias y demandas legitimas que puedan llevar a medidas de protesta y huelga por parte de los empleados judiciales Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la necesidad de garantizar un servicio de justicia oportuno y eficiente para los ciudadanos. Reza el art.202 de nuestra Constitución Provincial: "Ningún miembro del Poder Judicial podrá intervenir en política, frecuentar casas de juego, o de dudosa moralidad, firmar programas, exposiciones, proclamas, protestas u otros documentos de carácter partidario, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad de su cargo".
A línea siguiente, cuestionaron duramente la intervención de los miembros de la Corte de Justicia señalando que "por distintas acordadas dispusieron que ningún empleado (en sentido amplio), trabaje, incitando y direccionando ilegítimamente las medidas de acción directa a viva voz, normativizando nada más y nada
menos que una nueisa."
Y agregaron: "¿Acaso los Señores Jueces están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos?...La paralizacion prolongada del servicio de justicia atecta directamente a los justiciables, quienes ven retrasadas sus causas y no reciben la resolución de sus conflictos legales en tiempo y forma. Esto genera una sensación de injusticia y desamparo que debemos abordar de manera urgente."
Siguiendo con el cuestionamiento a los ministros de la Corte, el documento prosigue: “Es ”muy noble" ver, como los miembros funcionarios de la Justicia pelean a ultranza por sus intereses económicos (su propio bolsillo), en desmedro de los intereses económicos de todos y cada uno de los abogados y abogadas del fuero local, y en total menoscabo de los derechos de las personas más vulnerables, que los mismos abogados y abogadas defendemos, protegemos y representamos, como son, solo a modo de ejemplo: los niños en su derecho alimentario, los ancianos, los enfermos, los desvalidos y la sociedad en su conjunto. Poniendo su derecho alimentario, por sobre el derecho alimentario de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. En otras palabras, poniendo el privilegio de un grupúsculo de personas, por sobre el derecho de la colectividad toda. Con una salvedad, el derecho de ellos (al cobro de sus excelentes haberes) está garantizado mes a mes, pero el de los y las colegas del fuero local, que vivimos de nuestra profesión, que litigamos incansablemente, trabajando más de 10 horas diarias, resignando no solo nuestras familias, sino también nuestra salud. No "tiene garantía alguna, por el contario ellos las conculcan. Mucho menos aún está garantizado el derecho de un niño que no puede tener su audiencia para filación de alimentos o de un trabaiador desnedido que no puede acceder a su audiencia para firmar un convenio para el pago de su indemnización, el no acceso de las mujeres para efectuar la denuncia en caso de violencia, o de un ciudadano o ciudadana que desea denunciar un hecho delictivo y no le toman la denuncia alegando el paro instaurado y promocionando por la misma patronal, o mucho peor aún, suspender arbitrariamente debates penales, por supuestamente no estar dadas las
condiciones, que ellos mismos deben garantizar, en un caso icónico de abuso sexual eclesiástico, entre otras cosas."
Por lo tanto, en este sentido los miembros del Colegio sostienen que en este caso en particular el paro de los judiciales afecta al derecho de los justiciables: "la transcendencia del servicio de justicia va mucho más allá del ámbito puramente económico, o de una lucha salarial. Al decir de Soros y Carlsson, al delinear el nuevo enfoque prevaleciente en el marco de la Organización de Naciones Unidas "La Justicia, los Derechos Humanos, y el Imperio de la ley son armas tan poderosas como la educación, la atención sanitaria y la vivienda en la lucha contra la pobreza", el acceso a la Justicia no puede estar limitado por barreras de tipo económicas, o peleas seudo salariales, entre distintos Poderes de un mismo ESTADO, que solo persiguen obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su informe sobre "El acceso a la justicia como garantía de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, Estudio de los estándares fijados por el sistema Interamericano de Derechos Humanos". La importancia, no solo de garantizar el servicio de Justicia, sino también facilitar a las personas el acceso a instancias judiciales de sus pretensiones. Todo lo cual hoy, se encuentra a las claras, perjudicado."
Por último, sostiene que “hasta el día de la fecha, hecho caso omiso a nuestro requerimiento, sin contemplar en lo más mínimo los derechos de la Sociedad Justiciable; por el contrario priorizando su deber Alimentario ( que no se encuentra en riesgo demostrable), por sobre el DEBER DE DAR JUSTICIA a toda la sociedad, negando a las claras, no solo el acceso a la misma, sino también la quita de un servicio Garantizado por la normativa, los emplazamos, para que con carácter inmediato y en su carácter de patronal soliciten la conciliación obligatoria, y así se proceda a permitir el acceso a la justicia, brindando el servicio en su totalidad, no solo para los abogados y abogadas del fuero local, sino también de la población en su conjunto; La Historia los Juzgara y como bien decía Aristóteles, serán AMOS DE SU SILENCIO Y ESCLAVOS DE SUS PALABRAS”
