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Pedofilia

El médico Pablo Aonzo, imputado de pedofilia, recuperó su libertad tras el pago de una caución

Fue durante la mañana de ayer. Si bien el profesional regresó a su casa, continuará vinculado a la causa y deberá asistir una vez por semana a la fiscalía. Para la defensa, la imputación dada por la fiscalía “no sería la correcta”.

17 Noviembre de 2022 15.52

Luego de ser imputado e indagado el miércoles a la noche, por el supuesto delito de “tenencia de pornografía infantil y distribución” el médico Pablo Aonzo, recuperó su libertad ambulatoria hoy. Si bien, el profesional de la salud, que cuenta con el asesoramiento legal del abogado Carlos Ezequiel Walther, regresó a su casa en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, continuará ligado a la causa, la que, al concluir y ser elevada a juicio, lo llevará a ocupar el banquillo de los acusados próximamente.

LA UNIÓN pudo conocer que la medida fue dictaminada cerca del mediodía del jueves por el fiscal de la causa, Dr. Alejandro Gober, luego de que el abogado del imputado le solicitara, en razón del delito del que se le acusa y la garantía de no entorpecer en el proceso, el pago de una caución para recuperar la libertad.

Evaluado los distintos extremos de la investigación y, en cumplimiento a las leyes vigentes, el fiscal Gober le dio la libertad al profesional, fijándole distintas pautas de conductas, las que deberá cumplir, sino se le revocaría el beneficio.

Luego de hacerse efectivo el pago de la caución, cuyo monto no trascendió oficialmente, el abogado defensor del médico Aonzo, Dr. Ezequiel Walther, en diálogo con LA UNIÓN, explicó el alcance de la medida y los pasos a seguir desde la defensa.

“Mi asistido recuperó la libertad en el día de la fecha, luego de que le prestáramos al fiscal la caución suficiente y le diéramos la seguridad de que no se va a entorpecer la investigación desde ningún punto de vista”, expresó.

Agregando, “sino que se va a trabajar para colaborar activamente en la misma y demostrar que los hechos no son tal cual como se le imputaron. No descartamos que próximamente se solicite la ampliación de la declaración de mi asistido y cuestionar la calificación por la que la fiscalía lo imputó e indagó el día miércoles”.

Por otra parte, voceros judiciales consultados explicaron que el médico Pablo Aonzo va a seguir vinculado a la causa, debiendo presentarse toda la semana y someterse al proceso, como así también a los procedimientos que la fiscalía considere necesario a lo largo de la investigación de la causa.

 

La causa 

 

La investigación llevada adelante por el fiscal Gober inició hace poco más de un mes atrás, realizándose hace tres días un total de 70 allanamientos de manera simultánea en 14 provincias del país. Además del médico detenido en Catamarca, la policía federal que llevó adelante los demás procedimientos, coordinados a nivel nacional por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, detuvo a otras 19 personas en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, San Luis y Tucumán.

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI), a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, se originó la operación “Red Federal en Alerta”, en la que se investiga a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil, en infracción al art. 128 del Código Penal.