Durante la mañana de ayer, en la fiscalía en feria, a cargo del Dr. Jonathan Felsztyna, se habrían visualizado los diferentes videos que fueron aportados a la causa, tanto por parte de las víctimas como también de las cámaras de seguridad y de otros dispositivos particulares en los que se habría registrado el incidente ocurrido en el boliche Wika, la mañana del primero de enero, en el que los hermanos Sosa Soler resultaron, supuestamente, víctimas de apremio policiales.
Entre los videos, de acuerdo con lo que pudo conocer LA UNIÓN de fuentes cercanas al expediente, se encuentra el que refleja el arresto y traslado de la joven Merceditas por parte del personal femenino del Cuerpo de Infantería. También fue entregado a los investigadores, pero por la madre de la joven, la abogada Silvia Soler de Sosa, un video que fue tomado por ella en el interior de la Comisaría Quinta. Las imágenes, según trascendió, sería una especie de continuación del video que ayer se viralizó y fue publicado en exclusiva por este diario, donde se ve a la funcionaria judicial en el interior de la comisaría cuando fue a buscar a su hija.
El video aportado por Soler de Sosa, comenzó a ser filmado apenas la hija de la mujer le dice que un efectivo del cuerpo de infantería masculina –quienes fueron señalados por Augusto Sosa Soler como quienes lo agredieron en el suelo al momento del arresto-, la estaba filmando a ella. Si bien dicho video se interrumpe de manera violenta, señalaron las fuentes consultadas que dicha acción no habría sido producto de ninguna actitud adoptada por la mujer, sino por el propio uniformado, quien al ver que la denunciante lo estaba filmando también apago el celular y salió presuroso de la dependencia, abordando la camioneta de Infantería que estaba estacionada enfrente a la dependencia. Se presume que dicha acción desplegada por el efectivo fue a lo solo efecto de no ser filmado, para que el joven Sosa Soler lo pudiera o no reconocer como uno de sus agresores.
Incomunicación indebida
Por otra parte, se conoció que al ser ingresados a la dependencia policial, a los hermanos Sosa Soler se les habría impedido poder comunicarse con su madre quien, en su rol de abogada, quería saber cómo se encontraban los jóvenes.
Esta incomunicación indebida, habría sido dispuesta por quien se encontraba como jefe en la dependencia y en el operativo, el subcomisario Alejandro Mamaní, lo que desencadenó en una denuncia penal, realizada por la funcionaria en la Unidad Judicial N°5.
Según se supo, la incomunicación de una persona que ingresa arrestada o detenida a la dependencia policial se da en caso excepcionales y debe ser dada dicha orden por una autoridad judicial competente, donde esté latente que el sospechoso podría, a través de la comunicación, destruir una prueba o entorpecer el accionar de la justicia, lo que lejos estaba de suceder en este procedimiento, ya que cuando la patrulla arribó a la comisaría con los jóvenes, los familiares ya estaban esperándolos en la dependencia.
Sumario y no ascenso
La denuncia realizada por la abogada, si bien fue a posteriori de que el subcomisario acusado, Alejandro Mamani, fuera propuesto en la orden del día del 2 de diciembre por la Junta de Calificación para ascender retroactivamente a la jerarquía de comisario y luego volviera a ser mencionado en la orden del día de fecha 28 de diciembre, en la que se adosa parte del decreto del gobernador firmado con fecha 26 de diciembre para los ascensos policiales, ayer LA UNIÓN pudo conocer, a través de la orden del día 01-23, que el oficial superior quedaba excluido de la publicación realizada para el ascenso. En otras palabras, Mamaní continuará siendo subcomisario, al habérsele iniciado en su contra unas actuaciones administrativas, paso previo a la apertura o no del sumario administrativo.
Esta situación, si bien no fue confirmada por la Jefatura de la Policía, voceros de la fuerza indicaron que sería a raíz del incidente registrado en Wika el fin de semana y por el cual investiga la fiscalía en feria. Una fuente cercana al expediente señaló que, tras la denuncia de la funcionaria judicial, el policía señalado la denunció a ella por amenazas.
Querellante
Asimismo, pasado el mediodía de ayer, el abogado del fuero local, Dr. Pedro Vélez, se constituyó por ante la unidad judicial como parte querellante en la causa en la que se investiga el accionar de la Policía en el arresto de los hermanos Sosa Soler, en representancion de los jóvenes Augusto y Merceditas; como así también en representación de la madre de estos.
También se supo de forma extraoficial que la fiscalía trabajaba en la toma de testimonio a personas que habían estado presentes en el boliche y habrían observado el procedimiento. En cuanto a los hermanos Sosa Soler, se supo que aún no fueron citados por el fiscal Felzstyna para que ratificaran la denuncia realizada en contra del personal de infantería masculina y femenina dependiente de la Policía de la Provincia.
Protocolo
En las declaraciones radiales que días atrás realizó el jefe de la Policía, Lic. Agüero, donde dijo que los policías que realizaron el procedimiento en Wika no habían usado el protocolo que tiene la institución para la reducción y traslado de personas aprehendidas, LA UNIÓN consulto entre los integrantes de la fila de seguridad, como así también en ambas escuelas, sobre la existencia de este.
Oficialmente se informó que el protocolo al que hizo referencia, entiende el personal por lo manifestado por el jefe de policía, no es otra cosa que la materia de "Defensa Personal", espacio curricular que es dictado durante los tres años en la escuela de Cadetes de la Policía en la escuela de suboficiales, durante el tiempo que dure el cursado –generalmente tres meses-, siendo el titular de esta un comisario inspector, quien tiene conocimiento en artes marciales.
En dicha materia que se rinde de manera práctica, se le enseña al aspirante a policía las técnicas de reducción. Técnicas y materia que no se dicta en los cursos de ascensos, por ejemplo, a pesar de que este sea de aplicación diaria.
