La causa de las supuestas coimas en la Cámara de Apelaciones, en la que los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá aparecen, supuestamente, filmados, recibiendo dinero, para revocar la prisión preventiva de un detenido, sumó ayer un nuevo capítulo.  
El juez de Garantías N° 3, Dr. Ramón Porfirio Acuña, resolvió que los magistrados sospechados no tienen fuero, por lo que la investigación debe ser llevada adelante por el fiscal Facundo Barros.  
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN, el magistrado, a quien el último jueves, el fiscal le había remitido el expediente para que iniciara la investigación jurisdiccional, declaró que era inconstitucional, por lo que el fiscal debía ser quien investigue la causa y someta, en caso de que así lo determinara, a los sospechados al proceso ordinario y avanzar, de esta manera, en la investigación penal preparatoria.  
Es decir, que el juez Acuña declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Procesal, que establecen que el juez de Control de Garantías es el competente para intervenir en estos casos.  Básicamente, que si  interviene, vaya contra la Constitución nacional y provincial. 
Tras la resolución, las partes, es decir, el Ministerio Público Fiscal y las defensas de ambos camaristas, fueron notificadas.  
Ahora, las partes contarán con diez días para apelar la resolución, en caso de que así lo consideren, situación que podría acarrear otra dilatación en la causa penal ya que los camaristas sospechados integraban dicha cámara y, ahora, deberán conformarla con otros magistrados.  
En principio, la causa, en caso de ser apelada por algunas de las partes, podría recaer en la Cámara de Apelaciones y Exhorto Penal Juvenil, integrada por los jueces Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, a quienes se les sumaría un tercer magistrado, en principio, de la Cámara de Sentencia Penal de Adultos.