Tal y como lo había publicado LA UNIÓN en su edición digital del jueves 16, el secretario de la Fiscalía de instrucción N° 9 investigado por el supuesto delito de distribución de pornografía infantil será en breve separado de sus funciones. La medida se adoptará tras la iniciación del sumario administrativo por parte de la Secretaria de Sumario de la Corte de Justicia y de la solicitud del fiscal general al procurador quien pidió el cese del funcionario sindicado en sus funciones que cumplía en el edificio de la Fiscalía general. 

Mientras tanto, en el ámbito administrativo, la causa avanza en paralelo a la penal, llevada adelante también por el fiscal Sebastián Pelisari. 

Por otro lado, este viernes se conoció que además de los allanamientos materializados durante la jornada del jueves en la oficina de la fiscalía y los dos domicilios particulares del secretario investigado, se concretó un cuarto allanamiento en un domicilio de la ciudad de San Isidro, departamento Valle Viejo. 

En el inmueble, propiedad de un hombre de 55 años de edad -quien no es identificado al igual que el secretario sindicado para no entorpecer la laborar investigativa- la Policía de Ciber delito también secuestró artefactos que serán analizados. Se presume que estas personas y otras, que también están bajo la lupa de la justicia, habrían distribuido entre ellos las imágenes pornográficas. Cabe señalar que en la reforma del articulo 128 del CPP se sanciona no solo la distribución y elaboración de la pornografía, sino también su simple tenencia.

Por el momento, según informaron las fuentes vinculadas a la causa consultadas, la labor más importante pero a la vez más tediosa es la que se lleva acabo en el Laboratorio forense satelital de la Corte de Justicia ubicado en el departamento Valle Viejo donde durante la jornada de este viernes los especialistas comenzaron a analizar cada uno de los artefactos electrónicos secuestrados tanto en la Fiscalía de instrucción N° 9 como en dos viviendas particulares del acusado, una en Capital y la restante en Fray Mamerto Esquiu; y la vivienda de otro sospechoso en Valle Viejo. 

Lo que se busca en dicho análisis es poder determinar cuál o cuáles de dichos artefactos fueron utilizados para la distribución de la pornografía, localizar dichos videos e imágenes y poder determinar si las personas menores de edad que aparecen en los mismos son o bien de esta ciudad o del interior provincial, o bien del extranjero.

Ante esta situación, desde la justicia se insta a que en caso de que algún progenitor o persona menor de edad haya sido victima de estas circunstancias, se presenten en la Fiscalia general de calle Junin al 600 para denunciar el hecho y constituirse como querellante en la causa.

En libertad

Por otra parte, a más de 24 horas de iniciado los allanamientos, el secretario de la Fiscalía N° 9 continua en libertad. Según explicaron las fuentes judiciales consultadas al respecto, la medida se debe a que en principio no existiría para el fiscal a cargo de la causa, Dr. Sebastián Pelisari, elementos que lo lleven a presumir que el sindicado podría fugarse o bien entorpecer en el normal desarrollo de la causa. Es decir, en términos judiciales, no existiría por el momento "peligro procesal".

Además, debe de tenerse en cuenta que en principio la acusación en contra del funcionario judicial y de otras terceras personas es la de distribución de pornografía infantil, es decir delito sancionado en el articulo 128 y penado en el Código de rito con una pena que va de los seis meses a los cuatro años de prisión. Como la pena mínima establecida es de seis meses, la misma es excarcelable, lo cual favorece al sospechoso quien no podría estar privado de la libertad cumpliendo la prisión preventiva –paso previo al juicio oral- si en caso de ser declarado culpable en un plenario la pena a aplicársele podría ser de cumplimiento en suspenso. 

Dicha situación procesal es diferente si a entender del encargado de la investigación penal preparatoria existieran elementos que, por ejemplo, hagan suponer que el acusado podría fugarse de la provincia. Solo con la existencia de “riego procesal”  se podría justificar la privación de la libertad de una persona fuera cual fuera el caso en cuestión.

En síntesis, nada tendría que ver su “estado de libertad” con que sea funcionario en el Poder Judicial de la provincia.

La causa

La investigación por la cual el secretario judicial será suspendido de sus funciones se originó en el año 2021 cuando el organismo internacional le informó a la sede 24-7 que se había detectado la distribución de material pornográfico de un IP de la provincia de Catamarca. 

El expediente recayó en la Fiscalía de instrucción N°7 a cargo del Dr. Alejandro Gober quien inicio la investigación con ese “dato” de que el IP era de la provincia. 

La investigación fue avanzando y el personal idóneo pudo determinar el origen y procedencia de dicha IP llegando así al funcionario judicial. Al tomar conocimiento de quien era la persona sospechada, el fiscal se inhibió para continuar al frente de la causa en razón que conocía a la parte sindicada. Por esta razón, a finales del año pasado el expediente con IP ya identificado fue girado a la Fiscalía de instrucción N° 8 a cargo del Dr. Sebastián Pelisari quien finalmente el jueves solicitó las ordenes de allanamiento a la jueza de control de garantías Cecilia Mas Sadi tanto para la Fiscalía de instrucción N° 9 que funciona en el edificio de la Fiscalía general, como para los domicilios particulares ya mencionados anteriormente.