Otra vez y van?

Suspendieron por supuesta “adulteración en los expedientes” el inicio del juicio por el megafraude a Desarrollo Social

El abogado defensor de dos de los once imputados de la causa presentó un incidente de nulidad, “citando” un fallo contencioso administrativo reciente del Máximo Tribunal de la provincia a través del que determinó que los expedientes, por cuya investigación sus asistidos deben enfrentar a la Justicia, fueron “adulterados”.

10 Septiembre de 2021 00.44

En la jornada de ayer, se conoció que el debate oral y público, anunciado días atrás, que iba a desarrollarse este próximo martes, 14 de septiembre, en la Cámara Penal N° 1 y que iba a tener en el banquillo de los acusados a diez personas, volvió a suspenderse.  


Así fue confirmado a LA UNIÓN por voceros judiciales, quienes indicaron que, durante este jueves, el abogado defensor Víctor García, quien representa a los imputados Ariazu y Madueño, presentó por la secretaria de la Cámara un “Incidente de Nulidad Absoluta”. Ahora, el tribunal, integrado por los jueces Fernando Esteban, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi, deberán correr vista a las demás partes del proceso, es decir, a los abogados de los demás imputados y al Ministerio Público fiscal, luego deberán resolver el planteo.  
Sin embargo, y por la sola presentación del incidente, se suspendió la audiencia planificada para el próximo martes. Con este intento fallido, suman cuatro las veces que quedó trunca la presencia de los imputados en el banquillo de los acusados. 


El abogado del fuero local, Dr. Víctor García, explicó la medida: “Lo que se realizó fue la presentación en horas de la mañana de un incidente de nulidad absoluta en base “a un hecho nuevo que surge en el año 2020, en el que se analiza una presentación después del auto interlocutorio, por lo que se remite el expediente a juicio”. 


Este fallo -contencioso y administrativo-, que tiene rubricada la firma de los cinco ministros de la Corte de Justicia de la provincia, da cuenta a líneas generales que “? los expedientes enteros están adulterados y modificados intencionalmente. Por ejemplo, las órdenes de pago y muchos otros elementos que contienen estos expedientes”. 


Agregando: “La pericia que hay en el expediente fue pedida por la fiscalía, donde se determinó con firmas de distintos contadores que los expedientes que se analizan están adulterados” remarco García. 
El fallo contencioso y administrativo, que hace referencia el abogado, surgió a raíz de una sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas a otro imputado en la causa, el cual, al ser analizado por los miembros de la Corte, resolvieron que los expedientes estaban adulterados, contando dicho fallo con el consentimiento del Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo. 


Es decir, que se estaría ante la teoría del fruto envenenado en el Derecho, en donde se considera que todo lo que haya surgido de dichos expedientes, que se determinó mediante sentencia judicial del máximo tribunal, están adulterado y no puede ser usado como elemento de prueba para una acusación. 


En la causa por el megafraude de Desarrollo Social, exfuncionarios y exempleados deben responder por, supuestamente, haber defraudado económicamente al Estado provincial por una cifra cercana a los 5 millones de pesos. Los hechos, que consistían en el dictado de capacitaciones -algunas no se realizaron y a otras, no concurrió la cantidad de alumnos que debían ir- ocurrieron entre los años 2004 y 2007.  


En el año 2014, el fiscal Ezequiel Walther concluyó la investigación, en donde, supuestamente, se habría comprobado que el dinero fue cobrado por funcionarios y ONG's, a quienes el Tribunal de Cuentas provincial ya ordenó devolver más 1 millón de pesos.   
Entre los acusados figuran el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina; y el excontador de la Provincia, Juan Barrios.