Finalmente ayer, el juez de Garantías N° 3, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el fin de la detención del secretario general del SOEM, Walter Arévalo, quien permaneció privado de su libertad por cinco días, tras una denuncia por amenazas y coacción agravada que le realizó el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Social de la Capital, Alberto Natella. Tras su liberación, el gremialista pidió a la comisión directiva del gremio que solicite la conciliación obligatoria, que se dictó horas después. 
Sobre la resolución del juez Acuña, el abogado de Arévalo, Miguel Sarli, sostuvo que en primer lugar: “Dejó muy en claro que la amenaza no existió porque lo que se había tomado como amenaza no configura el tipo legal de la amenaza, con lo cual quedó descartado de plano”.  
“Y con respecto a la coacción, el juez dijo que no había un marco fáctico probatorio y jurídico que pueda sostener esa imputación. También hizo una disquisición que el delito, además de ser inexistente, podría ser imposible por su atipicidad. Y en el tercer punto, hizo mención al Pacto de San José de Costarica, donde habla del derecho de huelga que es un derecho constitucional por lo que la criminalización de la protesta no debe darse”, añadió. 
Respecto de la continuidad de la causa, señaló que aún resta presentar una serie de pruebas, pero que “va camino a un sobreseimiento, que será pedido oportunamente”. 
A su vez, señaló que a la presentación realizada el martes contra Natella por falsa denuncia y estafa procesal, hoy se sumará otra en contra del fiscal Horacio Brizuela. “Estaremos abriendo una investigación contra el fiscal de la causa porque acá alguien tiene que explicar por qué sobre una causa que no tenía ningún sustento fáctico, donde el principio de inocencia que rige en la Constitución y la regla de nuestro código de procedimiento penal, que establece que la libertad es la generalidad y el arresto, la excepcionalidad es el arresto, se ordenó su detención. Sobre todas esas cosas, el fiscal deberá dar explicaciones. Esto no puede ni va a quedar así”, sentenció Sarli. 

Arévalo 
Tras recuperar la libertad, Walter Arévalo señaló que le solicitó a la comisión directiva del SOEM que haga el pedido formal de conciliación obligatoria a la Dirección de Inspección Laboral porque “a pesar de haber estado cinco días detenido, yo no tengo que actuar en base al rencor ni orgullo, ni cualquier cosa que perjudique a los trabajadores”. Previo a su detención, el gremialista se negaba a pedir la conciliación y sostenía que debía ser el Municipio el que la solicite. 
“Quedó demostrado que este gobierno de Gustavo Saadi se maneja como en la vieja época, donde se le inventaban causas a los que pensaban diferente. Se lo va a sentar dentro de la Dirección de Inspección Laboral para que hagan los ofrecimientos de manera oficial”, añadió. 

Conciliación obligatoria  
El titular del organismo, Diego Romero, hizo lugar al pedido de conciliación obligatoria, presentado mediante nota por el SOEM, en la figura del secretario adjunto, Luis Alamo. La medida comenzó a regir desde ayer y la primera audiencia será el miércoles 26 de agosto  a las 10, en la oficina de la Dirección Provincial de Inspección Laboral. 
En la nota, el sindicato  señala “la inacción  y el desinterés por parte de las autoridades del Municipio capitalino en dialogar para buscarle una solución al conflicto”. 
Además,  se plantea un incremento salarial para todos los empleados municipales y la restitución  a sus puestos de trabajo a los trabajadores del Área de Higiene Urbana, en una presentación realizada el 30 de julio del 2020 y mediante un acta acuerdo rubricada el 27 de enero del 2020, en la clausula 9°), donde menciona que ambas partes se comprometen a iniciar paritarias por la discusión salarial para el periodo 2020 en el mes de marzo.