La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) entra este viernes en una etapa clave con la indagatoria de dos exfuncionarios de la entidad. Ambos están señalados por la Justicia como posibles partícipes de un esquema de supuestos pagos ilegales y desvío de fondos públicos vinculados a la contratación de bienes y servicios.
Los investigados son Eduardo Nelio González, exdirector de la agencia, y Lorena Di Giorno, quien se desempeñaba en el área de compras de Andis. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas, ambos se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py, donde eran indagados por el fiscal a cargo de la investigación.
Según la hipótesis de la Fiscalía, tanto González como Di Giorno habrían tenido acceso directo al sistema interno de compras y contrataciones, plataforma desde la cual se habrían concretado las maniobras bajo sospecha. El supuesto circuito delictivo habría permitido direccionar compras, adulterar documentación o habilitar pagos indebidos, aunque esto aún se encuentra bajo análisis pericial.
Los nexos con Miguel Ángel Calvete
Una de las líneas más relevantes de la causa apunta a los presuntos vínculos entre los exfuncionarios y Miguel Ángel Calvete, figura señalada por los investigadores como posible articulador o facilitador de las supuestas coimas. Calvete, quien ya cuenta con antecedentes mediáticos y judiciales por otras causas, habría mantenido relación directa con los exintegrantes de Andis, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento.
Los investigadores intentan determinar si Calvete funcionaba como intermediario entre proveedores y funcionarios, si participaba en el armado de licitaciones irregulares o si ejercía algún tipo de influencia en la asignación de compras dentro de la agencia. La justicia también analiza movimientos financieros, comunicaciones y documentos internos para establecer si existió un patrón de desvíos coordinado.
Una causa en crecimiento
La investigación por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad tomó relevancia pública luego de que salieran a la luz irregularidades en los procesos administrativos y contables de la institución. Desde entonces, el expediente creció en volumen y complejidad, impulsado por declaraciones testimoniales, informes internos y registros del sistema de compras.
Fuentes con acceso al expediente no descartan que tras estas primeras indagatorias puedan surgir nuevas citaciones o imputaciones, en la medida en que avancen los peritajes informáticos y se determinen responsabilidades individuales en las maniobras investigadas. La causa busca esclarecer si existió una estructura organizada para extraer fondos públicos destinados a programas y prestaciones vinculadas a personas con discapacidad, un punto especialmente sensible por la población afectada.
Por el momento, los exfuncionarios González y Di Giorno enfrentan preguntas clave del fiscal sobre su rol dentro de la agencia, su nivel de participación en los procesos de compra y su relación con Calvete. También deberán explicar movimientos administrativos bajo sospecha y justificar decisiones que, según la investigación preliminar, podrían haber favorecido pagos irregulares.
