Como de costumbre, desde hace décadas, Valle Viejo sigue siendo noticia por los conflictos entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante. Luego de que el presidente del órgano deliberativo, Alberto Barrionuevo, explicara a los representantes de ATE, que ante la disminución de los fondos transferidos por la intendenta Susana Zenteno, no se podrá efectuar el pago de los salarios a la totalidad de los empleados, desde el gremio decretaron un paro, que inclusive ayer contó con una movilización, a pesar de que aún rigen las medidas de aislamiento social y obligatorio.
De acuerdo a lo informado por las autoridades de ATE, desde las autoridades del Concejo Deliberante se informó que ante la merma de los fondos, quedarían seis empleados contratados sin cobrar, al igual que los funcionarios y los propios concejales. En este sentido, explicaron que los contratados pertenecen a los despachos de los concejales que ingresaron en la última renovación de ediles, dependiendo dos del concejal Javier Espinoza, dos de Sergio Figueroa y dos de Belky Pennise Zavaley.
Tras la movilización de ATE, el secretario de Gobierno, Rolando Contreras, recibió a los representantes gremiales y a los ediles, pero no hubo acuerdo respecto de las partidas presupuestarias que corresponden enviar al Concejo y las autoridades del órgano deliberativo ratificaron la decisión de avanzar con una presentación judicial en contra del Ejecutivo, por considerar que está realizando una retención indebida de los fondos que le corresponden al órgano deliberativo.
Por su parte, ATE comunicó que continuará de paro, aunque aclararon que no habrá movilización para respetar la cuarentena que rige en todo el país.
Envían a juicio a exfuncionarios de Jalile
La Fiscalía Municipal de Valle Viejo dio a conocer ayer, que la Justicia elevó a juicio a cuatro exfuncionarios de la gestión de Gustavo Jalile, por un delito de corrupción en contra del Municipio.
Se trata de Luis Vagas, exdirector de Acción Social y actual funcionario del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Juan Carlos Fernández, Ricardo Martínez y Juan Carlos Barrionuevo.
El delito por el que se los acusa es de “peculado”, porque entre 2010 y 2011 habrían construido obras en sus propiedades privadas usando materiales y obreros pagados por la Municipalidad. El informe detalla los empleados que, según se desprende de la investigación, en lugar de servir en la Municipalidad, fueron mandados a prestar sus servicios en domicilios de los acusados.
En el caso de Vargas, quien también fue candidato a concejal en las elecciones de 2015, el Ejecutivo pidió la suspensión inmediata como funcionario del Concejo.
