El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reavivó la polémica en torno a la filtración de audios de funcionarios del Ejecutivo y volvió a señalar al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, como uno de los posibles involucrados.
Las declaraciones del ministro coordinador se produjeron luego de que Gisella Robles, quien asegura haber sido expareja y socia de Bindi, declarara en una entrevista que "no tiene dudas" de que él participó en el esquema de grabaciones.
Francos recogió esas palabras y publicó en sus redes: "La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios... Qué sorpresa... Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D'Elía y el chavismo. ¿Y ahora?".
La respuesta de Pagano no tardó en llegar. "Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. Pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas", ironizó la diputada en la red X.
La legisladora también redobló la crítica: "¿Qué le parece si hablamos de corrupción? Se la llevaron del Andis, ¿sí o no? Menem lo hizo. ¿La filtración para señalar como incapaz a Santiago Caputo en la SIDE la armaron Vila y Armelino?".
En paralelo, Bindi negó la versión de Robles y afirmó en redes sociales: "Jamás fue mi pareja. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. No hablo con ella hace años, por decisión mía".
Más tarde, Pagano volvió a apuntar contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila: "Guille... pero habla de tu jefe de asesores. ¿Y ahora? ¿Vas a poner a Armelino en la SIDE? Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados".
La denuncia del Gobierno
El conflicto se da en el marco de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ante el juzgado federal N.º 10, por una presunta "operación de inteligencia ilegal".
Según el escrito, el objetivo habría sido "desestabilizar al país en plena campaña electoral" mediante la filtración de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros dirigentes cercanos al Ejecutivo.
La presentación sostiene que se trató de "un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia", y lo encuadra como una "operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520".
