En la última sesión ordinaria, de la Cámara baja obtuvieron media sanción tres proyectos iniciados por el Ejecutivo por los cuales se impulsa la declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación terrenos en Ancasti, Capayán y Valle Viejo que serán destinados al establecimiento de polos productivos. Si bien las iniciativas ya contaban con media sanción del Senado, las tres tuvieron modificaciones puesto que en las mismas se estableció que el Ejecutivo debe destinar los inmuebles conforme a Ley de Colonización como finalidad principal para fomentar el desarrollo agrícola e industrial.
La primera de las iniciativas aprobadas por la totalidad del cuerpo corresponde a parcelas que en la actualidad se encuentran en estado de abandono en Ancasti y que pertenecen a la firma Granja Ecológica Catamarca SA. Ramón Figueroa Castellanos (Frente de Todos) fue el encargado de fundamentar el proyecto. Recordó que en el pasado estuvo vigente el régimen de Promoción Industrial con diferimientos impositivos para la radicación de empresas en la provincia. “Sin embargo, hay un grupo de empresas que por distintos motivos dejaron sus inversiones a medias, despidieron al personal y abandonaron sus instalaciones y en esta situación se encuentra Granja Ecológica Catamarca” indicó para explicar que el proyecto “busca recuperar inmuebles productivos que se encuentran abandonados para crear con estos un Banco de Tierras que permita la creación de empleo genuino”. Por su parte, Alejandro Páez (UCR-JC) señaló que particularmente se debe conocer el destino de las tierras a expropiar. Hugo Ávila (FAC) también consideró que no se especifica el destino final que tendrá la expropiación y evaluó que el Ejecutivo debería dejar de lado la ley de Colonización. En tanto, María Argerich (FT) subrayó que el artículo tercero de esta iniciativa “precisa claramente el destino de la expropiación”.
El segundo proyecto de expropiación, en este caso aprobado por mayoría, corresponde a inmuebles ubicados en la localidad de San Pedro (Capayán), los cuales están sin uso productivo y cuya propiedad es de las empresas Digis SA y Herdit SA. Para el mismo Augusto Barros (FT) ofició como miembro informante destacando que la Comisión acordó la modificación a la iniciativa original para dejar claramente “establecido el destino de los inmuebles, que fueron abandonados, están vinculados al desarrollo productivo a través de un Banco de Tierra”. Por su parte, Luis Fadel (UCR-JC) pidió votación nominal y adelantó que no se iba a acompañar la iniciativa puesto que el sector privado, “que se supone que es exitoso, en este caso no lo ha sido y no veo cuál es el argumento para que el Estado lo sea”. También participó del debate Luis Lobo Vergara (UCR-JC), quien distinguió que el proyecto en tratamiento “hablamos de una expropiación en el Valle Central” y reseñó la existencia de las Colonias productivas. Llevado a votación, el resultado fue 23 votos positivos, 15 negativos y hubo dos ausencias.
Al igual que el anterior, la tercera y última iniciativa de expropiación aprobada por mayoría se trata de inmuebles en Huaycama (Valle Viejo), de propiedad de Olivares Andino SA, las cuales se encuentran en estado de abandono. En este caso, la miembro informante fue Cecilia Guerrero (FT), indicando el riesgo de daño ambiental en el lugar por cuanto “el bosque nativo original no existe pero tampoco existen condiciones de recuperar las plantaciones que se hicieron en ese momento”. “Es imprescindible para la provincia que los inmuebles sean recuperados y sean destinados a producciones sustentables” subrayó. Por su parte Luis Fadel (UCR-JC) anticipó que, al igual que la iniciativa tratada previamente, “no vamos a acompañar”. En este sentido, insistió con el concepto “de pensar cómo el Estado va a ser eficiente en actividades económicas cuando particulares no pudieron”. Guerrero retomó la palabra para observar que “no se trata de reemplazar a privados, que especularon con un régimen y que fracasaron, por el Estado, se trata de definir un perfil de provincia con tres ejes fundamentales: agroindustria, minería y turismo”. En este debate participaron Hugo Ávila (FAC), Alejandro Páez (UCR.JC), Luis Lobo Vergara (UCR-JC), Enrique Cesarini (PRO-JC), Ramón Figueroa Castellanos (FT), Carlos Marsilli (UCR-JC), Silvana Carrizo (UCR-JC) y Alfredo Marchioli (UCR-JC). Cerca del final, Augusto Barros observó que “la estructura de los proyectos que tratamos son exactamente lo mismo” e indagó respecto a “cuál es la base fáctica que hace que algunos voten afirmativamente el primero y negativo el segundo y el tercero”. El resultado de la votación de esta iniciativa fue 23 acompañamientos, 16 votos negativos y una ausencia.
