En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en la Cámara de Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar al recinto al día siguiente y acompañar la ofensiva opositora.
Desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra, la reacción fue inmediata. "Un manotazo de ahogado", fue la expresión elegida para cuestionar una modificación que altera la estrategia legislativa del oficialismo en vísperas de una jornada decisiva.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras mediante una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó enviar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial. Al mismo tiempo, intentó contener a sus socios parlamentarios del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que antes de la resolución judicial habían exigido una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
La concesión contradice los principios que el espacio libertario había sostenido hasta ahora. Sin embargo, para la administración de Javier Milei se trata de una medida meramente "funcional", subordinada a un objetivo político de mayor alcance: preservar el DNU 70/23 frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, luego de que el Senado le otorgara media sanción al rechazo.
Los dos artículos que reconfiguran el proyecto
La modificación quedó plasmada en el dictamen que la tropa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consiguió reunir esta tarde, con las 34 firmas necesarias para alcanzar una mayoría. El respaldo del PRO y la UCR resultó determinante para completar ese número.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya contaba con el aval del Senado, pero ahora incorpora dos artículos vinculados con la normativa sobre tierras rurales:
- Artículo 38: "deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023".
- Artículo 39: "restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias".
La inclusión de ambos artículos supone un cambio respecto del planteo original de los libertarios sobre la extranjerización de tierras. En el Senado, el oficialismo había debido resignar ese apartado, que inicialmente proponía eliminar las restricciones a la venta de campos a extranjeros y luego contemplaba elevar del 15% al 25% el límite permitido. Aquella derrota parlamentaria le había pasado factura al espacio libertario en la Cámara alta y ahora vuelve a condicionar sus movimientos en Diputados.
La decisión de restablecer la Ley de Tierras se convirtió así en una herramienta para sostener los acuerdos políticos necesarios alrededor del decreto presidencial, en un contexto en el que la relación con los aliados aparece atravesada por exigencias concretas y plazos cada vez más ajustados.
La oposición cuestiona el procedimiento y presenta dictámenes propios
La reacción opositora se expresó tanto en las críticas al procedimiento como en la presentación de dictámenes alternativos. El bloque de Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen en minoría con el apoyo de los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruíz, integrantes del espacio Argentina Federal, y expresó su rechazo total a la iniciativa libertaria.
La bancada peronista acusó al espacio que conduce Gabriel Bornoroni de "desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón" y de haber dictaminado "entre gallos y medianoche". La crítica apunta al momento elegido para reactivar el proyecto y a la incorporación de modificaciones cuando faltaban pocas horas para la sesión convocada por la oposición.
Por su parte, representantes de Provincias Unidas presentaron otro dictamen de minoría, respaldado por cuatro firmas e impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. La propuesta también contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, pero establece una diferencia sustancial: no convalida el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Ese texto incluye la creación del Registro de la Propiedad Inmueble y un mecanismo de "desalojos exprés", dos componentes que no cuentan con el aval de ese sector opositor. De este modo, aunque existen coincidencias en torno a la derogación del artículo del decreto y al restablecimiento de los límites sobre tierras rurales, no hay un acuerdo general sobre el alcance del proyecto.
Cruces en comisión y desconfianza ante un eventual veto
El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, presidido por el libertario Nicolás Mayoraz, dejó al descubierto la tensión entre el oficialismo y la oposición. La jornada estuvo atravesada por fuertes cruces, insultos y reproches por la intempestiva maniobra legislativa, ejecutada a pocas horas de la convocatoria prevista para el día siguiente a las 14.
Detrás de buena parte de los cuestionamientos aparece la desconfianza de la bancada que conduce Germán Martínez ante la posibilidad de que un eventual veto presidencial termine por frustrar el restablecimiento de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La discusión, por lo tanto, no se limita a la incorporación de dos artículos, sino que también alcanza a la posibilidad de que la decisión parlamentaria se traduzca efectivamente en un cambio normativo.
Silvana Giudici respondió a esas sospechas con una chicana dirigida a los sectores que plantean ese escenario: "No se dejen engañar de que habrá un veto. No hay ningún obstáculo para que el 21 se tome la decisión de reponer la ley de tierras, que tanto aman y que sancionó Cristina Kirchner".
El intercambio refleja las dificultades para construir confianza entre los distintos espacios, incluso cuando existen acuerdos parciales sobre determinados puntos de la agenda legislativa. Para el oficialismo, la incorporación del capítulo sobre tierras busca contener a sus aliados; para sus críticos, la maniobra abre interrogantes sobre el procedimiento y sobre la continuidad de las medidas que puedan aprobarse.
El quorum, la incógnita central de la sesión
Mientras el dictamen de mayoría quedó formalizado, el principal interrogante pasa por la posibilidad de abrir el recinto. Por estas horas, varios de los legisladores que impulsan la sesión reconocen que están lejos de reunir el quorum necesario.
En un escenario favorable, el denominado "poroteo" les otorga entre 120 y 123 adhesiones, todavía a seis votos de los 129 requeridos para habilitar el debate. La diferencia mantiene en suspenso la convocatoria y explica por qué el Gobierno, que intenta mostrarse "tranquilo", sigue de cerca los movimientos de los bloques provinciales.
Las miradas están puestas especialmente en los espacios del norte del país: Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca. También generan atención los diputados cordobeses de Provincias Unidas, que ya dejaron entrever que terminarán bajando al recinto.
La definición de esos sectores puede resultar determinante para el desarrollo de la jornada. En un escenario de negociaciones ajustadas, la posición de los bloques provinciales se vuelve central para establecer si la oposición consigue habilitar el tratamiento de su ofensiva contra el DNU 70/23 o si la falta de quorum impide que la sesión comience.
La Marcha Federal Universitaria suma presión sobre la Casa Rosada
La discusión legislativa convive con otro frente que la Casa Rosada sigue con atención: la Quinta Marcha Federal Universitaria. El conflicto, que escaló durante las últimas semanas, sumó un nuevo capítulo luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 impusiera multas diarias, inicialmente de $100.000, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización universitaria aparece así en paralelo a la disputa parlamentaria por el decreto presidencial y la Ley de Tierras. Aunque se trata de conflictos diferentes, ambos forman parte de una jornada en la que el Gobierno debe atender simultáneamente las negociaciones con sus aliados, los cuestionamientos opositores y las consecuencias de decisiones judiciales.
La atención sobre la marcha agrega otro elemento al escenario político inmediato, mientras el oficialismo intenta sostener su posición en Diputados y evitar que la sesión convocada por la oposición se convierta en una instancia decisiva para el futuro del DNU.
El 21 de octubre, la alternativa si no se abre el recinto
Ante la posibilidad de que la sesión no consiga el quorum necesario, los libertarios ya oficializaron una convocatoria para el próximo 21 de octubre. La agenda prevista incluye el reciente dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un conjunto de iniciativas vinculadas con discapacidad, morosidad y vandalismo rural, entre otros proyectos.
La alternativa permite al oficialismo contar con una nueva fecha para avanzar con su agenda legislativa si la convocatoria inmediata no prospera. Sin embargo, la inclusión de distintos asuntos no elimina las diferencias existentes ni garantiza que se alcancen los respaldos necesarios para su tratamiento.
La cuestión de las tierras, que regresó al centro de la escena a partir de la presión del PRO y la UCR, queda así incorporada a un temario más amplio, en el que conviven objetivos del Gobierno y propuestas que requieren acuerdos parlamentarios todavía en construcción.
Soberanía nacional, otro proyecto sin los respaldos necesarios
Un capítulo aparte corresponde al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que también se debatió esta tarde en comisiones, aunque todavía no reúne los apoyos suficientes para avanzar.
Tanto legisladores oficialistas como opositores exigen "múltiples modificaciones" al texto. Esa coincidencia en la necesidad de introducir cambios, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre su contenido, anticipa dificultades para conseguir el respaldo necesario dentro del período legislativo en curso.
Por ese motivo, todo indica que su tratamiento quedará fuera del período de sesiones ordinarias. El proyecto se suma así a una agenda atravesada por negociaciones, dictámenes contrapuestos y modificaciones de último momento.
La jornada deja al oficialismo ante una combinación de desafíos: contener a sus aliados mediante la restitución de la Ley de Tierras, defender el DNU 70/23 frente a la ofensiva opositora, reunir los votos para habilitar el recinto y administrar otros conflictos que avanzan en paralelo. Con el quorum todavía incierto y una nueva convocatoria prevista para el 21 de octubre, el desenlace inmediato dependerá de los movimientos de los bloques provinciales y de la capacidad de los distintos espacios para sostener los acuerdos alcanzados.