La Cámara de Diputados, presidida por Paola Fedeli, desarrolló su 11ª sesión ordinaria con una agenda que puso en discusión dos problemáticas de características diferentes, pero con un punto en común: la necesidad de generar herramientas específicas desde el Estado. Por un lado, avanzó una iniciativa destinada a mejorar el estado de las veredas, inmuebles abandonados y fachadas, con el propósito de facilitar el tránsito, reducir riesgos y proteger especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad. Por otro, obtuvo media sanción un proyecto para prevenir, asistir y sancionar el uso indebido de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos sexuales falsos.
Además, el cuerpo convirtió en ley una iniciativa para denominar Sira Felipa Rodríguez a la posta sanitaria de Collagasta.
Las dos iniciativas que obtuvieron media sanción fueron objeto de debate y recibieron modificaciones durante el tratamiento legislativo. En el caso de los entornos urbanos, las discusiones estuvieron centradas en la intervención estatal, el derecho de propiedad, la vulnerabilidad económica y el mecanismo de sanciones. En el régimen contra los deepfakes sexuales, el eje estuvo puesto en el consentimiento, la protección de la intimidad y las nuevas formas de violencia vinculadas con la inteligencia artificial.
Veredas, fachadas e inmuebles abandonados
La primera iniciativa aprobada con media sanción fue impulsada por el diputado Eduardo Andrada (FT) y crea el Programa Provincial Entornos Urbanos Seguros (EUS).
El programa apunta a intervenir sobre veredas deterioradas, fachadas e inmuebles urbanos en desuso, con prioridad en la seguridad, la accesibilidad y la protección de la salud pública. También contempla asistencia estatal para determinados casos, mecanismos de intervención sobre propiedades abandonadas e incentivos destinados a la recuperación de inmuebles de valor patrimonial.
Andrada remarcó que el objetivo del proyecto excede la cuestión estética. "No es un proyecto estético", planteó, y vinculó el deterioro de las veredas, los inmuebles abandonados y los baldíos sin mantenimiento con las condiciones en que los vecinos transitan diariamente por los centros urbanos.
Según explicó, esos espacios pueden convertirse en "barreras arquitectónicas", con un impacto particular sobre adultos mayores y personas con discapacidad. A la vez, señaló que el deterioro genera situaciones de inseguridad y riesgos sanitarios.
El proyecto establece que el programa tendrá como finalidad financiar y ejecutar obras de reparación de veredas, puesta en valor de fachadas con relevancia arquitectónica y saneamiento de inmuebles urbanos en desuso. En los casos prioritarios, la provincia podrá cubrir el costo de los materiales, mientras que los municipios que adhieran al programa aportarán la mano de obra y la supervisión, sin trasladar el costo de la mejora al frentista.
El recargo inmobiliario y la discusión sobre la propiedad
Otro de los instrumentos previstos es un recargo del 50% sobre la alícuota vigente del impuesto inmobiliario provincial para inmuebles ubicados en radios urbanos consolidados que presenten abandono, peligro de derrumbe, falta de cerramiento perimetral o malezas persistentes. El porcentaje podrá incrementarse ante reincidencias.
Andrada sostuvo que la medida no tiene una finalidad recaudatoria, sino que pretende funcionar como un mecanismo disuasivo frente a la falta de mantenimiento.
A su vez, el proyecto contempla la posibilidad de suspender el recargo si el propietario realiza las obras necesarias o si acuerda voluntariamente la cesión temporal del inmueble por 24 meses.
Los terrenos cedidos podrían destinarse a espacios verdes, huertas o centros de actividades comunitarias y sociales. Durante el período de cesión quedarían exentos de impuestos provinciales.
"Las cesiones de uso son 24 meses y nadie pierde", sostuvo Andrada, al explicar el mecanismo previsto.
La iniciativa también incorpora un componente de preservación del patrimonio urbano. Las fachadas de inmuebles declarados de valor patrimonial o ubicados en cascos históricos podrán ser objeto de restauración y conservación, con asistencia técnica e incentivos fiscales. Los propietarios que realicen inversiones para recuperar fachadas de edificios históricos podrán acceder a exenciones del impuesto inmobiliario provincial.
La oposición planteó límites y garantías
Durante el debate, el diputado Francisco Monti (LLA) manifestó que compartía los objetivos generales de la iniciativa, aunque cuestionó aspectos de su articulado que, a su criterio, podían implicar una superposición entre competencias provinciales y municipales.
También advirtió sobre el régimen sancionatorio y señaló que el recargo impositivo podía generar problemas si no existían procedimientos claros de constatación, notificación y defensa para los propietarios.
Monti cuestionó además el criterio de priorizar las intervenciones en viviendas de personas mayores de 65 años, al considerar que la edad por sí sola no determina una situación de vulnerabilidad económica. En su planteo, una política de asistencia debería diferenciar entre quienes efectivamente tienen dificultades para afrontar las reparaciones y quienes cuentan con capacidad económica para hacerlo.
También objetó el mecanismo de cesión temporal de baldíos y puso en discusión el destino de los recursos públicos.
"Tenemos que ordenar las prioridades", planteó, al advertir que el Estado provincial enfrenta otras demandas de infraestructura y servicios. También recordó experiencias de intervención sobre vacíos urbanos y defendió la necesidad de considerar el costo que implica para las ciudades extender infraestructura y servicios hacia zonas con baja densidad de población.
Desde el bloque PRO, Natalia Saseta anticipó su acompañamiento al espíritu de la propuesta, aunque reclamó precisiones para compatibilizar la intervención estatal con el derecho de propiedad. "El Estado puede y debe intervenir cuando el estado de un inmueble genere un riesgo para la seguridad o la salud de terceros", afirmó, aunque sostuvo que esa intervención debía estar acompañada por criterios objetivos, intimación previa, plazos razonables y derecho a la defensa.
Por su parte, Tiago Puente (Generar) coincidió en que el diagnóstico sobre el estado de las veredas, los baldíos y los inmuebles abandonados resulta acertado. Sin embargo, consideró que el financiamiento estatal debía quedar asociado a situaciones comprobables de vulnerabilidad económica, contar con límites presupuestarios y establecer reglas más precisas para la cesión temporal de terrenos, incluyendo responsabilidades sobre mantenimiento, seguros, eventuales daños y restitución de los inmuebles.
Las modificaciones al proyecto
Tras un cuarto intermedio, Saseta informó las modificaciones incorporadas al proyecto y acordadas con el impulsor de la iniciativa.
Entre los cambios, se estableció que el financiamiento provincial del 100% de los materiales para los casos prioritarios quedará condicionado a la acreditación de vulnerabilidad económica e imposibilidad real de afrontar la obra, dentro del límite que determine la reglamentación.
También se precisó el procedimiento para aplicar el recargo inmobiliario. Deberá existir una inspección y un informe técnico fundado, además de una notificación fehaciente al propietario y una intimación para subsanar la situación dentro de un plazo razonable, garantizando el derecho de defensa.
El recargo podrá aplicarse una vez vencido ese plazo sin que el inmueble haya sido regularizado o sin que se haya acreditado una causa justificada que impida temporalmente hacerlo.
Las modificaciones también incorporaron la posibilidad de suspender el recargo por obras iniciadas, por circunstancias económicas, jurídicas o materiales debidamente acreditadas o mediante una cesión temporal voluntaria.
Esta última deberá contar con el consentimiento previo, libre, expreso y fehaciente del propietario, sin implicar transferencia ni pérdida del derecho de propiedad. El convenio deberá establecer el plazo, destino, condiciones de utilización, mantenimiento, responsabilidad por daños y restitución del inmueble.
Un régimen contra los deepfakes sexuales
La segunda iniciativa que obtuvo media sanción fue impulsada por el diputado Juan Carlos Ledesma (FT). El proyecto establece un Régimen Jurídico para la prevención y sanción del uso indebido de inteligencia artificial y de deepfakes sexuales.
La propuesta aborda la generación, manipulación y difusión de imágenes, voces o contenidos íntimos falsos realizados mediante inteligencia artificial sin consentimiento de las personas afectadas, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. Ledesma advirtió que la expansión de estas herramientas comenzó a generar situaciones capaces de provocar daños difíciles de revertir. Explicó que la inteligencia artificial permite simular la imagen, la voz, la identidad e incluso comportamientos de una persona.
Por ese motivo, el proyecto busca establecer mecanismos de prevención, asistencia y sanción, con penas que se agravan cuando existe hostigamiento, humillación, intimidación, amenaza, extorsión, lucro o venganza.
El régimen también contempla la creación de un Observatorio Provincial de Violencia Digital, encargado de recopilar datos, elaborar informes, acompañar a las víctimas y desarrollar campañas de prevención y capacitación.
Además, incorpora contenidos educativos sobre violencia digital, privacidad, consentimiento, identidad digital, protección de datos y uso responsable de la inteligencia artificial, con una incorporación progresiva en el nivel secundario y convenios con universidades.
Nuevas formas de violencia
Durante el tratamiento, Saseta sostuvo que el problema ya forma parte de una realidad concreta y no de un escenario futuro. "La tecnología avanza enormemente y también avanza en las oportunidades que genera de las nuevas formas de violencia, de hostigamiento y vulneración de derechos que requieren respuestas del Estado", afirmó.
La diputada explicó que un contenido completamente artificial puede producirse y distribuirse rápidamente, pero que las consecuencias sobre la persona identificable son reales.
En ese sentido, destacó que el proyecto diferencia las conductas correspondientes al régimen contravencional de aquellas que puedan constituir delitos de acción pública, cuya investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal. Saseta puso especial énfasis en el concepto de consentimiento. Una fotografía publicada en una red social, señaló, no implica autorización para utilizarla en la creación de contenidos sexuales, políticos, de odio o agresivos.
También consideró especialmente graves los casos destinados a hostigar, humillar, intimidar, amenazar o extorsionar, así como aquellos producidos en relaciones de pareja o expareja, vínculos familiares, laborales, educativos o institucionales.
"Cuando la tecnología avanza no tenemos que prohibir que avance, pero sí tenemos que generar el marco legal para que esa tecnología cuando avance lo haga con respeto, sin vulnerar derechos", sostuvo.
Puente incorporó al debate la dimensión política del uso indebido de inteligencia artificial. Relató que durante el año anterior había denunciado la circulación de videos generados con IA en los que se lo acusaba falsamente de distintos delitos y afirmó haber puesto la situación en conocimiento de las autoridades.
Desde la UCR, Luis Fadel expresó el acompañamiento de su bloque y destacó la importancia de avanzar en un marco jurídico para una problemática que, según planteó, ya afecta a numerosas personas.
"Estamos avanzando en una legislación sobre algo que es una realidad que muchas veces afecta y que muchas veces daña y perjudica", afirmó, y manifestó su expectativa de que el Senado dé pronto tratamiento a la iniciativa para que pueda comenzar a aplicarse.
Sobre el cierre del tratamiento, Ledesma volvió a defender el alcance específico del proyecto y cuestionó que se incorporaran al debate cuestiones ajenas a su objeto. Reafirmó que la iniciativa está dirigida a las falsificaciones sexuales y a la utilización de imágenes de adultos y menores en contenidos íntimos o sexuales.
Nuevo nombre para la posta de Collagasta
En la parte final de la sesión, la Cámara otorgó sanción definitiva al proyecto proveniente del Senado e impulsado por Guillermo Ferreyra, mediante el cual se asigna el nombre de Sira Felipa Rodríguez a la posta sanitaria de la localidad de Collagasta, en Fray Mamerto Esquiú.
El diputado Exequiel Moreno (FT), como miembro informante, destacó que Rodríguez dedicó más de 18 años al servicio de la salud de la comunidad.
También remarcó las condiciones en las que se desarrollaba la atención sanitaria en las localidades del interior, con menos recursos, tecnología y posibilidades de acceso rápido. Moreno señaló que el reconocimiento busca preservar la memoria de una mujer cuya trayectoria continúa presente en la comunidad de Collagasta y destacó que la iniciativa surgió de los propios vecinos.
"No pretende simplemente colocar un nombre en la fachada de un establecimiento público, pretende preservar una historia", expresó.
La jornada legislativa dejó así tres decisiones de distinto alcance: una propuesta para intervenir sobre las condiciones del espacio urbano, otra destinada a establecer herramientas frente al uso indebido de inteligencia artificial y una ley que incorpora el nombre de Sira Felipa Rodríguez a una posta sanitaria de Collagasta.
En todos los casos, la Cámara avanzó sobre iniciativas que combinan intervención estatal, protección de derechos, prevención y reconocimiento comunitario, con proyectos que ahora continuarán su recorrido legislativo según corresponda.