La Libertad Avanza solicitó una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, al mediodía, en la Cámara de Diputados. La Secretaría Parlamentaria confirmó rápidamente la convocatoria, con la que el oficialismo busca bloquear el intento de la oposición de voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
La solicitud fue encabezada por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y contiene dos proyectos que también forman parte de la convocatoria opositora prevista para el 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.
La coincidencia en esas iniciativas no implica que ambas convocatorias tengan el mismo propósito parlamentario. En el caso del oficialismo, la sesión del 21 de octubre se inscribe en una estrategia destinada a reducir las posibilidades de que prospere el intento opositor contra el decreto que contiene el paquete desregulatorio del Gobierno.
El temario incorpora, además, otros proyectos que amplían el alcance de la discusión legislativa y permiten observar cómo el oficialismo reorganiza sus prioridades ante un escenario político y judicial que condiciona sus movimientos.
Propiedad privada: el eje de una negociación acelerada
Entre los proyectos incluidos en la convocatoria oficialista figura la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento tendrá un ritmo ultra exprés. Para avanzar con el dictamen, se convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16.
La intención del Gobierno es incorporar al articulado de la norma una versión atenuada de la Ley de Tierras y devolver el proyecto al Senado, donde había obtenido media sanción hace poco más de dos meses.
El movimiento supone un giro pragmático respecto de la posición que el Gobierno sostenía en términos filosóficos. El oficialismo está en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, modificó su estrategia al advertir que insistir con la derogación de la Ley de Tierras constituía una batalla perdida en el plano social.
La preocupación no se limitaba a la discusión sobre la regulación de la propiedad rural. Si el Gobierno persistía en derogar la norma, la oposición podía aprovechar el conflicto para avanzar contra el conjunto del DNU 70/23. De ese modo, una controversia específica sobre tierras rurales podía convertirse en un punto de tensión con consecuencias sobre todo el paquete desregulatorio.
La alternativa elegida consiste en preservar parte de la regulación mediante una versión atenuada de la ley, incorporada a la iniciativa sobre propiedad privada. La estrategia busca encauzar la discusión legislativa sin mantener una confrontación que, según la evaluación del oficialismo, podía poner en riesgo otros componentes centrales de su política.
El fallo de la Corte Suprema y el factor Ley de Tierras
En este escenario, la Corte Suprema le proporcionó al oficialismo un elemento favorable con su último fallo. El máximo tribunal aceptó dar lugar al pedido de una medida cautelar presentado por la ONG Árbol de Pie, con el objetivo de reponer la vigencia de la Ley de Tierras.
La resolución judicial adquirió relevancia política porque modificó las condiciones en las que debía desarrollarse la disputa parlamentaria. La reposición de la norma, aunque fuera provisoria y no definitiva, ofreció una respuesta inmediata a una de las cuestiones que alimentaban el conflicto alrededor del DNU 70/23.
El Gobierno esperaba ese pronunciamiento antes de solicitar la sesión especial. La decisión de la Corte le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría el quórum necesario para sesionar el 15 de octubre.
Así, el fallo judicial incidió sobre el cálculo parlamentario del oficialismo. La vigencia provisoria de la Ley de Tierras redujo la presión sobre los diputados que debían decidir si acompañaban la convocatoria opositora y contribuyó a modificar los incentivos que rodeaban esa discusión.
Los bloques dialoguistas, entre el quórum y la cautelar
Uno de los puntos centrales de la estrategia oficialista pasa por la posición de los diputados indecisos de los bloques dialoguistas. La resolución del máximo tribunal les ofreció una vía de escape y una justificación para prescindir de la convocatoria opositora.
La reposición de la Ley de Tierras, aun sin constituir una resolución definitiva sobre su vigencia, les quitó incentivos para avanzar contra todo el paquete desregulatorio del DNU 70/23.
El episodio expone la relación entre las decisiones judiciales y las negociaciones parlamentarias. En este caso, la cautelar no solo incidió en la situación jurídica de una norma vinculada con la compraventa de tierras rurales, sino que también alteró el contexto en el que los legisladores debían evaluar su participación en la sesión del 15 de octubre.
Para el oficialismo, la posibilidad de que la oposición no consiguiera quórum representó una condición relevante para reorganizar el calendario legislativo y fijar una nueva convocatoria con una agenda propia.
Un temario que combina reformas y proyectos sociales
Además de las iniciativas sobre Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la agenda de la sesión del 21 de octubre incluye el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.
Sin embargo, hay una ausencia significativa en el listado: el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional no fue incorporado al temario.
La iniciativa busca fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas frente a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales. También contempla reformas al sistema de Seguridad Nacional y al aparato de Defensa.
La exclusión de ese proyecto contrasta con la inclusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sí tendrá un tratamiento acelerado en comisiones. La distribución de los temas muestra cuáles son las iniciativas que el oficialismo decidió priorizar dentro de la convocatoria y cuáles quedaron fuera de esta agenda.
Una estrategia condicionada por el escenario político y judicial
La convocatoria del 21 de octubre reúne, por lo tanto, distintas dimensiones de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Por un lado, el oficialismo impulsa proyectos vinculados con Discapacidad, Endeudamiento Familiar, trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural. Por otro, acelera el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la intención de incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras y devolver el texto al Senado.
En paralelo, la decisión de convocar a una sesión especial responde a la expectativa de que la oposición no logre reunir quórum el 15 de octubre, una posibilidad que el fallo de la Corte Suprema contribuyó a reforzar.
La secuencia permite identificar el núcleo del movimiento oficialista: reformular su posición sobre la Ley de Tierras para evitar que esa disputa se convierta en una vía de avance contra el DNU 70/23. La decisión combina una modificación pragmática de la estrategia sobre tierras rurales, un tratamiento acelerado de la iniciativa sobre propiedad privada y una lectura de los incentivos que enfrentan los bloques dialoguistas.