Luego de que la semana pasada el Concejo Deliberante no pudiera sesionar ante la falta de fondos para poder costear los gastos mínimos de funcionamiento, ayer, el presidente del cuerpo, Alberto Barrionuevo, efectivizó ante la Corte de Justicia un acción de conflicto de poderes. Esto, luego de que los concejales labraran un acta en la fallida sesión del jueves pasado, autorizándolo a “presentar y seguir todos los trámites administrativos y judiciales para bregar por el cumplimiento de la asignación de la debida partida presupuestaria del Concejo”. 
En la demanda, Barrionuevo presenta los hechos que llevaron a esta situación límite y recuerda que la intendenta Susana Zenteno vetó el presupuesto del órgano deliberativo, considerándolo “irrazonable y arbitrario”, ya que la ordenanza del presupuesto cumplía con los parámetros establecidos por la Carta Orgánica Municipal, respecto de que el presupuesto del Concejo no puede superar el 15 % de la masa salarial de los empleados del Municipio. En ese sentido, en la presentación se señala que el presupuesto del $ 60.339.578,25 aprobado por los ediles significaba un 12 % de la masa salarial de la Municipalidad. 
Sin embargo, el titular del Concejo también señala que tras el veto de la ordenanza, los concejales volvieron a insistir y votaron nuevamente a favor del presupuesto del órgano y que, luego de eso, el Ejecutivo no emitió ningún veto formal, pero sí envió menos fondos de los que corresponderían de acuerdo al presupuesto en los meses subsiguientes. De acuerdo a los cálculos presentados por las autoridades del cuerpo, en cada mes, el Municipio giró de menos cifras mayores al millón de pesos. 
Situación que llegó al límite la semana pasada, cuando ni siquiera se pudo sesionar. 
A su vez, la presentación realizada por Barrionuevo aclara que no considera válido el argumento del Ejecutivo respecto de la crisis financiera del Municipio ya que señala que de diferentes informes requeridos a las autoridades municipales por parte de los ediles surge la información de que, por una parte, la Provincia envía el dinero suficiente a través de la Coparticipación municipal, para hacer frente a todas las obligaciones y, por otra,  la planta de funcionarios municipales se triplicó. 
Por último, ante estos fundamentos, el Concejo Deliberante solicita a la Corte de Justicia que se ordene al Ejecutivo a integrar los saldos impagos asignados al Concejo, según lo establece el presupuesto aprobado por los concejales, e idéntico pedido se realiza respecto de las sumas que corresponden en los meses subsiguientes por igual concepto. 
Ahora, deberá ser la Corte de Justicia la encargada de resolver un conflicto que, desde lo político, parece no tener solución ya que las posturas de las partes se mantienen firmes.