Javier Milei, el presidente electo, está definiendo los apellidos de los funcionarios que ocuparán una serie de cargos de vital importancia en su gestión de cara a las reformas y privatizaciones que el propio titular de La Libertad Avanza anunció tras el triunfo en el balotaje contra Sergio Massa.

Todavía resta confirmar quién ocupará la Secretaría de Legal y Técnica, es decir, la persona que tendrá a su cargo la tarea de “cuidar la firma del Presidente”, ya que desde allí se edifican los decretos de Gobierno. También el apellido del funcionario/a que será Procurador/a del Tesoro, más conocido como el abogado del Estado, ni los nombres de los que finalmente estarán al frente de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Uno de los apellidos que suena para ocupar el cargo de Secretario de Legal y Técnica es el abogado Santiago Viola, que a su vez es el apoderado del espacio que llegó a la presidencia. Viola es hijo de la conocida abogada Claudia Balbín y fue defensor de Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se investigó lavado de dinero.

El estar al frente de la Secretaría de Legal y Técnica no se trata de un cargo menor y menos aún en el marco de las reformas y privatizaciones que quiere impulsar Javier Milei, las que podrían llegar a materializarse a través de Decretos de Necesidad y Urgencia y allí el rol de Viola o quien finalmente ocupe ese cargo será clave porque deben traducir en un DNU la idea del Presidente y su jefe de Gabinete (Nicolás Posee) de tal forma que eviten obstrucciones en la Justicia a través de amparos o denuncias. Una tarea nada sencilla.

A modo de ejemplo, en sus últimas entrevistas Milei aseguró que tiene previsto privatizar una serie de empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, la Televisión Pública, Radio Nacional y Télam. Para diversos abogados constitucionalistas, estas medidas tienen que pasar por el Congreso al “tener que ser refrendadas por una ley” pero en el interior de LLA hay quienes consideran que las privatizaciones se pueden materializar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia si se logra demostrar que el país está “en una situación de emergencia financiera”.

“Se puede hacer un DNU con YPF, no es un requisito legal que pase por el Congreso, ya que es una sociedad anónima. Sí, claro está, luego ese DNU se debe aprobar en Comisión Bicameral." La figura del Secretario de Legal y Técnica cuida entonces que estos decretos sean constitucionales y advierte sobre posibles amparos o trabas que puedan sucederse en la Justicia.

Pero Viola no solo suena para este cargo, sino que también su apellido se baraja como una posibilidad para la Procuración del Tesoro, lo que se conoce como el abogado del Estado. Este cargo es sensible por una cuestión. Quien finalmente esté al frente de la Procuración, deberá continuar la demanda que el Estado inició contra el Correo Argentino. ¿Qué hará el próximo procurador con esta cuestión que está a la espera de una decisión de la Corte Suprema?

El martes por la mañana, en el Hotel Libertador, campamento de campaña y ahora oficina y hogar transitorio de Javier Milei se produjo una visita particular: la abogada penalista María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unión de Información Financiera (UIF). Según pudo saber este medio, la ex candidata a senadora nacional fue allí a “recomendar nombres” para ese organismo de control que actualmente está dirigido por Juan Carlos Otero. La cuestión todavía se discute.

Otro de los puestos clave a ocupar en los organismos de control y prevención es el de la Oficina Anticorrupción (OA), que durante el último gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo -en primer lugar- de Félix Crous y luego de la abogada Verónica María Gómez.

En estos últimos cuatro años, el organismo tuvo una reconfiguración de sus funciones y abandonó su rol como querellante en 30 causas, entre estas Hotesur y Los Sauces, en las que se investiga a la familia Kirchner. Hay hermetismo respecto al apellido que podría ocupar este cargo, pero se espera que durante la gestión de Milei la OA vuelva a tener un rol más activo en posibles causas de corrupción. A modo de ejemplo, dicen que entre 2020 y 2023, la Oficina Anticorrupción no solicitó ante la justicia ninguna medida tendiente al recupero de bienes en casos de corrupción. “Eso no puede pasar”, se quejan en LLA.