El presidente Javier Milei anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este movimiento, que busca respaldo legislativo, se encuentra en el centro de la tensión política en el Congreso, donde el oficialismo necesita apoyo para garantizar su aprobación.
Si bien el FMI no exige explícitamente la ratificación del acuerdo por parte del Congreso, Milei busca un consenso político amplio para evitar futuras disputas. Sin embargo, la oposición se muestra dividida, cuestionando la legalidad del DNU y su diferencia con un acuerdo legislativo tradicional.
La clave está en los gobernadores
En un contexto político complejo, el apoyo de los gobernadores juega un rol fundamental. Durante las últimas semanas, el gobierno ha reforzado sus negociaciones con bloques aliados para blindar la aprobación del DNU. Los diputados y senadores que responden a los mandatarios provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista, han sido determinantes en votaciones clave previas, como la Ley Bases y los vetos presidenciales.
En este escenario, el reparto de recursos nacionales se ha convertido en una herramienta de negociación. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en febrero los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias crecieron un 20,1% en términos reales, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 17,5% interanual. Estos fondos han sido clave para asegurar el respaldo de ciertos gobernadores en debates parlamentarios sensibles.
El papel de la oposición y los posibles escollos
La oposición dura, en especial sectores ligados a Facundo Manes y Martín Lousteau, plantea interrogantes sobre la legalidad del DNU y su posible judicialización. En 2021, el Congreso aprobó una norma que exige que cualquier acuerdo de endeudamiento con el FMI sea aprobado por ley. Sin embargo, al tratarse de un DNU, la posibilidad de modificación por parte del Poder Legislativo queda descartada, lo que genera tensiones.
Al mismo tiempo, la conversión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio en sociedad anónima ha encendido las alarmas entre algunos gobernadores patagónicos, quienes podrían retirar su respaldo al gobierno. La privatización de activos estatales es una de las prioridades de Milei, pero enfrenta resistencia en diversos sectores.
Un DNU que podría redefinir el juego político
El DNU de Milei sobre el acuerdo con el FMI es más que una decisión económica: es una jugada política que puede redefinir el equilibrio de poder en el Congreso. Con las provincias como actores clave y la oposición cuestionando la legalidad del decreto, el desenlace de esta disputa marcará el rumbo del gobierno en un año electoral crucial.
A medida que avancen las negociaciones y se contabilicen los votos, el oficialismo enfrenta un desafío que no solo impactará su relación con el FMI, sino también su capacidad de gobernabilidad en el futuro inmediato.
