El Gobierno nacional autorizó a militares a detener civiles en forma transitoria en la frontera norte, en el marco del "Operativo Roca", una medida que ha generado inquietud entre mandos castrenses y críticas desde sectores de la oposición.

Según documentos reservados a los que accedió Clarín, las llamadas "reglas de empeñamiento" emitidas por el ministro de Defensa, Luis Petri, permiten que los efectivos aprehendan personas que estén cometiendo delitos en flagrancia, debiendo informar de inmediato a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado o al Ministerio Público Fiscal correspondiente.

Las reglas de empeñamiento, que guían el accionar militar en situaciones de amenaza, también autorizan a los efectivos a portar armas cargadas durante los patrullajes, aunque establecen restricciones y procedimientos estrictos para su uso.

Qué dicen las reglas de empeñamiento

El texto señala que el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, basados en el artículo 34 del Código Penal. El objetivo es restringir el uso de la violencia a situaciones donde sea imprescindible para proteger la vida propia o de terceros.

En diálogo con Clarín, el ministro Petri justificó la posibilidad de detenciones explicando que "de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada no solo por la policía, sino también por cualquier autoridad o particular". Sin embargo, los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que esta práctica podría colisionar con la actual Ley de Seguridad Interior.

Sobre el manejo de armas, las órdenes especifican niveles de apresto:

Nivel 1: cargador colocado, sin cargar, y en seguro.

Nivel 2: cargador colocado, cargado y en seguro.

Nivel 3: cargador colocado, cargado y sin seguro, para situaciones de peligro eventual.

A pesar de estas disposiciones, queda prohibido disparar contra vehículos o personas que intenten huir de controles, incluso si existen sospechas fundadas de actividades ilícitas.

Preocupaciones y críticas

Fuentes militares revelaron su inquietud no tanto por enfrentamientos con narcotraficantes o contrabandistas, sino por la posibilidad de ser objeto de demandas judiciales en caso de accidentes durante los operativos en provincias como Salta y Jujuy.

El "Operativo Roca" comenzó la semana pasada con el despliegue de 1.300 efectivos, y el Gobierno prevé movilizar hasta 10.000 soldados a lo largo del año. Actualmente, el Ejército cuenta con unos 6.500 oficiales, 24.000 suboficiales y 18.000 soldados voluntarios. El despliegue previsto implicaría movilizar alrededor del 25% del personal disponible.

Las fuentes señalaron además que no existe un decreto presidencial ni una ley que respalde específicamente el operativo, sino que la autorización proviene de una resolución ministerial con anexos reservados. El documento invoca la Constitución y las leyes vigentes, pero somete expresamente a los militares al Código Penal y al Código Procesal Penal.

También destacaron la falta de claridad en la cadena de mando y en el rol de las Fuerzas Armadas como complementarias de la Gendarmería y Prefectura, lo que podría generar conflictos operativos. Otro factor de tensión es la diferencia salarial: los militares cobran, en promedio, un 30% menos que los agentes de las fuerzas de seguridad federales.

Un operativo con antecedentes y desafíos

Este es el tercer operativo de refuerzo militar en la frontera norte tras el "Escudo Norte" implementado durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, iniciativas que no lograron frenar el avance del contrabando y el narcotráfico en la región.

Las fuentes consultadas advirtieron que las actuales órdenes tampoco se ajustan plenamente al decreto 1112 del Ejecutivo, ni al decreto 1691 de 2009 que regula la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, firmado durante la gestión de Nilda Garré.

En el Congreso, diputados radicales coinciden en la necesidad de actualizar la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, vigentes desde las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Tanto civiles como militares sostienen que debe utilizarse todo el potencial del Estado para garantizar la seguridad, pero respetando las funciones específicas y complementarias de cada fuerza.