En medio de la polémica por la postura ante la escalada de la violencia en la Patagonia, ahora el Gobierno dice que se mantiene como querellante en la causa contra los grupos mapuches que tomaron tierras en Villa Mascardi, en la ciudad rionegrina de Bariloche.
Así lo confirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. "La Justicia nunca le sacó a @ParquesOficial la calidad de querellante. En junio, decidimos no elevar la causa a juicio oral, sin antes tener una audiencia de conciliación. Al no presentarse, ni mostrar voluntad de diálogo, la causa judicial sigue avanzando", publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Así, el Gobierno se alinea con la fiscal federal interina de Bariloche, Sylvia Little, quien acusa a tres integrantes de la comunidad mapuche por la usurpación de las tierras que pertenecen a la Administración de Parques Nacionales (APN).
Según informó el diario Río Negro, la apoderada legal de la APN coincidió con Little en que la etapa de instrucción ya está terminada.
Además, acompañó el pedido de la fiscal a la jueza Silvina Domínguez para que sea elevada a juicio oral la causa en la que están imputados Joana Micaela Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Gonzalo Fabián Coña.
En junio de este año, la APN había retirado la querella por usurpación contra la agrupación mapuche que controla y ocupa desde noviembre de 2017 en Villa Mascardi una franja de 30 hectáreas públicas y privadas.
“Conforme surge de este cuerpo colegiado, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la Administración de Parques Nacionales que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu”, establecía la resolución firmada por el Ministerio que comanda Cabandié.
La historia es bien conocida y en todo este tiempo acumula más de 110 de denuncias por hechos de violencia diversos.
Los miembros de la Lafken Winkul Mapu irrumpieron en las primeras seis hectáreas en noviembre de 2017. La muerte de Rafael Nahuel, un integrante del grupo, durante un enfrentamiento con la Prefectura -contienda probada por la Justicia- paralizó toda posibilidad de que fueran expulsados de la zona.
Desde entonces, moran encapuchados entre los coihues y las lengas. Realizan incursiones sobre terrenos cercanos, ocuparon y desmantelaron un viejo hotel abandonado. Tomaron y quemaron una cabaña llamada La Cristalina. Irrumpieron en un predio del obispado de San Isidro. Amenazaron y expulsaron a una familia de cuidadores de un terreno de Gas del Estado. También agredieron a golpes de puño a Diego Frutos, otro de los vecinos que resultó usurpado y desde entonces no puedo volver a su cabaña frente al Lago Mascardi.
El caso tuvo uno de sus momentos más álgidos cuando en octubre del año pasado, la gobernadora Carreras fue atacada con piedras por los usurpadores en medio de la ruta 40. A partir de eso, fue que el Gobierno Nacional movilizó la creación de una mesa de diálogo comandada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la por entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo.
