A solo 48 horas de jubilarse, el juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó este lunes sin prisión preventiva al exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich?, por supuesta "administración fraudulenta" en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes.

Dietrich está acusado de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. -del cual participaban empresas del grupo Macri- con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

Paralelamente, la Cámara Federal porteña confirmó al magistrado al frente de la causa, al rechazar recusaciones presentadas por Iguacel y Saravia Frías, quienes habían pedido apartar a Canicoba Corral del caso por temor de parcialidad a raíz de las declaraciones públicas que hizo cuando anunció su renuncia al cargo, que se efectivizará el miércoles próximo.

Al procesar a Dietrich, Canicoba sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.

Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como Ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos", agregó.

En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Canicoba remarcó que, en este caso, debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.

El viernes, Dietrich había negado las acusaciones con un escrito de 130 páginas que presentó durante una audiencia realizada vía zoom, debido a las restricciones por la cuarentena por el coronavirus.

Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que las empresas -que habían tenido vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente- formularon un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia en 2015.

En su defensa, Dietrich sostuvo que le ahorró al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales".

En la misma causa, la semana pasada Canicoba Corral había procesado al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel ?y al ex procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Además, está citado a declarar el ex ministro de Haciendo del macrismo Nicolás Dujovne.

La denuncia se formuló cuando la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que reclamaba fondos millonarios y en dólares "por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino".

En la denuncia se expresó que las presuntas irregularidades "comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripoll, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades".