Tras dos semanas sin actividad parlamentaria significativa, el Senado de la Nación se prepara para retomar esta semana el tratamiento de una agenda legislativa acotada, con dos asuntos principales: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la reactivación del debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará avanzar con ambas iniciativas, mientras el Gobierno nacional continúa las negociaciones políticas para reunir los consensos que le permitan discutir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La reanudación de la actividad se produce después de un período de escaso movimiento legislativo, durante el cual la única actividad registrada en la última semana fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Esa reunión debió ser conducida por el senador misionero Carlos Arce, debido a que todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez, quien deberá reemplazar al fallecido Juan Carlos Pagotto.
En paralelo, continúa pendiente la definición sobre la conducción de otra comisión estratégica: la de Legislación General. Todavía resta determinar si el chaqueño Juan Cruz Godoy asumirá su presidencia, una decisión que forma parte de los asuntos institucionales que deben resolverse en la Cámara alta.
En este escenario, el oficialismo intentará recuperar el ritmo de trabajo parlamentario mediante el avance de proyectos que ya tuvieron instancias de discusión, pero que necesitan nuevos acuerdos para completar su recorrido legislativo.
Patentes: el oficialismo busca emitir dictamen el jueves
Uno de los principales objetivos de Bullrich para esta semana será avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El Senado convocó para el jueves a las 14 al plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, donde se analizará el acuerdo internacional.
Las comisiones están presididas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente. El propósito del oficialismo es conseguir dictamen sobre el texto, incorporando los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
Las modificaciones establecen una reserva al capítulo II del tratado, con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras empresariales del sector. Esa incorporación constituye un aspecto central del texto que deberá volver a examinar el Senado antes de que pueda completar su trámite legislativo.
La intención es que, una vez emitido el dictamen, la Cámara alta pueda otorgar la sanción definitiva a la iniciativa en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre.
El tratamiento del acuerdo tiene antecedentes legislativos de larga data. La Argentina firmó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante el tratamiento en la Cámara de Diputados obligan a que el proyecto regrese a la Cámara alta para su aprobación definitiva y su posterior entrada en vigor.
El recorrido parlamentario vuelve a colocar al acuerdo en la agenda inmediata del Senado, con el desafío de resolver las diferencias incorporadas durante su discusión y avanzar hacia una definición final.
Otros proyectos podrían sumarse
La jornada prevista para el jueves 22 de octubre podría incluir también otras iniciativas que permanecen pendientes de tratamiento. Entre ellas figuran el proyecto del Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.
La eventual incorporación de estos asuntos ampliaría el temario de una sesión que el oficialismo pretende aprovechar para avanzar con distintas iniciativas legislativas. No obstante, el avance de cada proyecto dependerá de las instancias de discusión y de los acuerdos necesarios para habilitar su tratamiento.
En el caso de Patentes, el objetivo inmediato es más concreto: conseguir dictamen en el plenario de comisiones y dejar el texto en condiciones de volver al recinto para su sanción definitiva.
La estrategia de la bancada oficialista se desarrolla mientras el Gobierno mantiene conversaciones para reunir los apoyos políticos que necesita para discutir la suspensión de las PASO. A diferencia de los proyectos que ya cuentan con un recorrido legislativo previo, la reforma electoral continúa bajo las negociaciones de la Casa Rosada, sin que se haya informado una definición para su tratamiento durante esta semana.
Acuerdos por la reforma de Salud Mental
El segundo eje de la agenda será la reforma de la Ley de Salud Mental, un proyecto enviado por el Gobierno nacional al Senado en abril. Bullrich pretende anunciar esta semana los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y bloques aliados, con la intención de reactivar una discusión que permanece detenida desde hace varios meses.
La presentación de los consensos se realizaría junto con Ivana Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud. El objetivo será exponer los entendimientos alcanzados con funcionarios de las provincias y representantes de los bloques dialoguistas para avanzar con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo. Desde su envío al Senado, la iniciativa tuvo tres reuniones informativas. Sin embargo, la comisión no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las dificultades para alcanzar consensos entre el oficialismo y la oposición.
La falta de avances durante ese período refleja las diferencias políticas que rodean la modificación de una normativa que regula aspectos centrales de la atención sanitaria. Ahora, el oficialismo busca retomar el debate mediante la presentación de acuerdos que permitan acercar posiciones y dar continuidad al tratamiento parlamentario.
La reforma contempla modificaciones sustanciales en distintos componentes de la ley vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias, los requisitos para disponerlas y el abordaje del consumo problemático de sustancias en menores de edad.
Internaciones involuntarias
Uno de los principales cambios propuestos se refiere a las condiciones necesarias para disponer una internación involuntaria. El proyecto establece que deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.
La redacción propuesta no determina, por lo tanto, que la evaluación quede exclusivamente en manos de un psiquiatra. El requisito contempla la participación de dos profesionales y establece que uno deberá ser médico, con preferencia por la especialización mencionada. La iniciativa mantiene como criterio central que una internación involuntaria solo podrá concretarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. De este modo, la propuesta conserva una condición vinculada con la gravedad del riesgo que justifique la medida.
Además, el proyecto dispone que el abordaje deberá adecuarse a las características particulares de cada paciente. Entre los aspectos que deberán contemplarse figuran la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental.
La propuesta también incorpora previsiones relacionadas con la planificación de la salida de la internación. En ese sentido, establece la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como requisito vinculado con el proceso de atención.
Otro de los puntos previstos es la notificación anticipada a familiares o personas legalmente vinculadas con el paciente. La comunicación deberá dirigirse al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, según corresponda, con el objetivo de coordinar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.
Estos componentes forman parte de las modificaciones que el oficialismo busca presentar ante los bloques aliados y los representantes provinciales como base para avanzar con el debate.
Adicciones: un apartado específico para menores de edad
La reforma incorpora, además, un apartado dedicado al consumo problemático de sustancias en menores de edad. Para estos casos, la propuesta establece que la atención deberá estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.
La incorporación de este criterio introduce una consideración particular para el abordaje de niños y adolescentes que atraviesen situaciones de consumo problemático, al establecer que la atención debe quedar en manos de profesionales con preparación específica para esa población.
A su vez, uno de los objetivos centrales del proyecto es incorporar de manera explícita las adicciones a las drogas dentro del abordaje de la salud mental. Esa inclusión constituye uno de los cambios impulsados por el Gobierno nacional en la reforma de la normativa vigente.
La discusión sobre estos puntos deberá retomarse después de varios meses sin reuniones de la Comisión de Salud. La intención de Bullrich es presentar los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y bloques dialoguistas para dar un nuevo impulso al proyecto.
Las negociaciones por las PASO
Mientras el Senado prepara el tratamiento de Patentes y la reactivación del debate sobre Salud Mental, la reforma electoral sigue otro camino. El Gobierno nacional mantiene las negociaciones destinadas a reunir los consensos necesarios para discutir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Por ahora, esas conversaciones permanecen bajo la órbita de la Casa Rosada, mientras la actividad parlamentaria de la Cámara alta se concentra en los proyectos incluidos en la agenda inmediata.
La reanudación del trabajo legislativo estará marcada, así, por la búsqueda de avances concretos en iniciativas con distintos niveles de desarrollo. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes tiene como objetivo inmediato la emisión de dictamen, mientras que la reforma de Salud Mental necesita recuperar el funcionamiento de la comisión y consolidar los entendimientos políticos necesarios para continuar su discusión.
Tras dos semanas de parálisis, Patricia Bullrich intentará aprovechar la actividad de los próximos días para destrabar esos expedientes. El resultado dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener los acuerdos alcanzados, avanzar con las modificaciones propuestas y reunir los apoyos necesarios para llevar los proyectos al recinto.