“Hay razones históricas, políticas y jurídicas para que en el proyecto de ley ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional, y el DNU se excluya la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), entre otras empresas estatales”, apuntaron el Senador Flavio Fama y los diputados provinciales Silvana Carrizo y Mamerto Acuña. En este sentido, remarcaron que la inclusión genera preocupación, y es interpretada como una intromisión del estado nacional en asuntos provinciales.
Los legisladores subrayaron la naturaleza única de YMAD, recordando su origen en el "Acta de Farallón Negro", un acuerdo entre Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. "YMAD no es simplemente una empresa pública; es un ente interestatal que, según el dictamen 64/1.997 de la Procuración del Tesoro de la Nación, no se rige por las leyes nacionales aplicables a las empresas. Esto le otorga un estatus legal distinto", “el Estado mismo categorizo a YMAD como una 'empresa interestadual o interjurisdiccional'. “Con un criterio similar, la Procuración del Tesoro de la Nación dictamino en 2001 que YMAD era una persona jurídica que en principio no integra la administración pública nacional y no está sometida a las leyes nacionales sobre empresas del Estado”, declararon.
Además, resaltaron que según la ley N° 24.156, YMAD no forma parte del sector público nacional, dado que el Estado Nacional no posee control mayoritario sobre su patrimonio. "Esto plantea una seria objeción legal a cualquier intento de privatización por parte del gobierno nacional", afirmaron los legisladores.
También hicieron hincapié en la importancia histórica de YMAD, que fue creada tras una serie de eventos significativos en la región, culminando en la ley 14771. "Esta historia nos convierte en propietarios ineludibles y partes interesadas en cualquier decisión sobre el futuro de YMAD", argumentaron.
"Por estas razones legales e históricas, consideramos que la intención de privatizar YMAD por parte del Poder Ejecutivo Nacional es legalmente inviable. Debemos estar vigilantes y oponernos firmemente a tales intentos, si no hay participación y consentimiento de la Provincia de Catamarca”.
