Casi en simultáneo con el operativo de la Policía Federal para allanar el domicilio de su amigo -y broker- Héctor Martínez Sosa en el marco de la investigación por el escándalo de los seguros, se difundió la primera foto de Alberto Fernández en México: una reunión con Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Mi más sincero agradecimiento a la Secretaria de Relaciones Exteriores de México por su cálido recibimiento. Nuestra larga historia de colaboración y afecto nos impulsa a seguir trabajando juntos por una América Latina unida y próspera”, remarcó hoy Fernández, que había retornado al país desde España luego de la derrota electoral y había dejado atrás su silencio para defenderse de las acusaciones de corrupción en su contra.
El expresidente quedó imputado -al igual que Martínez Sosa- el jueves de la semana pasada en la causa que investiga la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. Al conocer la noticia, aclaró que “no hay ningún acto de corrupción” y que es “todo falso”. “No soy corrupto”, advirtió.
En diálogo con radio La Red, Alberto Fernández denunció que las acusaciones en su contra se corresponden a “una operación política”, aunque evitó pronunciarse sobre quiénes podrían ser los responsables. “Tengo muchas ganas de aclarar esto porque no soy corrupto. Si algún funcionario hizo algo que no debía que responda, pero el caso de ANSES es un disparate”, resaltó.
“Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, insistió.
En otro pasaje de aquel reportaje, además, aclaró que el DNU que firmó durante su mandato eliminó los intermediarios y que “ordena al Estado que sólo pueden asegurarse de forma directa con Nación Seguros”. “Osvaldo Giordano (ex titular de ANSES) es un hombre de bien pero está equivocado. No era una caja de la política”, agregó.
La investigación
La causa judicial la tiene el juez Julián Ercolini. El magistrado está a cargo del expediente que se inició por una denuncia cuyos principales acusados, además, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Pablo Torres García, entre otros. Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.
Según lo que se sabe hasta ahora, en la administración de Alberto Fernández, el Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó al expresidente desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros.
Ese decreto creó un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. Entre los contratos y los intermediarios aparece la trama del pago y el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.
Además, este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D'Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.
La denuncia es importante porque la presentaron conjuntamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes pidieron que se determine si D'Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
