Los beneficiarios del fallo de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF reforzaron la presión sobre la Argentina para que cumpla con la orden de presentar chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. Se trata de un conflicto judicial de alcance nacional que, por el peso de YPF en el entramado energético y fiscal, también genera expectativa en provincias productoras y vinculadas al sector, como Catamarca.
Entre los funcionarios apuntados figuran Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno. El pedido fue realizado por los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford, quienes aún no pudieron cobrar la sentencia favorable por unos 16.000 millones de dólares debido a que la Argentina decidió apelar el fallo. En ese marco, los demandantes impulsan distintas estrategias judiciales para forzar al país, al menos, a sentarse en una mesa de negociación.
Una de esas estrategias apunta a demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como alter egos del Estado argentino. De prosperar ese planteo, los demandantes podrían intentar avanzar con embargos sobre bienes de esas entidades. Para sostener esa tesis, solicitaron que la jueza Preska obligue al país a entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios.
Los beneficiarios del fallo se quejaron ante la magistrada por las demoras en la entrega de la información. En una carta presentada esta semana, denunciaron el uso de maniobras dilatorias por parte de la Argentina y advirtieron que están dispuestos a avanzar con pedidos de sanciones monetarias u otro tipo de medidas.
En ese sentido, remarcaron que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el actual canciller, Pablo Quirno, se negaron a entregar sus chats. A ellos se sumaron otras cuatro personas, mientras que varios funcionarios no respondieron a la solicitud cursada por el propio gobierno argentino.
"Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego para los 11 oficiales adicionales a más tardar el 16 de diciembre de 2025, y que realice la producción para los otros 14 funcionarios a más tardar el 23 de diciembre de 2025", señalaron en su presentación.
Finalmente, la jueza Preska estableció que para el 10 de enero debe haber avances concretos en la entrega de información y fijó una nueva audiencia para el día 29. En paralelo, la Argentina aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones en la causa principal por la expropiación de YPF.
"Me atrevo a decir que los demandantes pronto podrían pedir que Preska aplique sanciones contra el país. Podemos especular sobre qué tipo de sanciones pueden solicitar, pero incluye el desacato. La semana que viene, la Argentina debe confirmarle a Preska si los funcionarios y exfuncionarios que se han negado a presentar sus celulares lo van a hacer", advirtió Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en diálogo con TN. Un escenario de desacato podría implicar multas crecientes para el país.
La respuesta de la Argentina
Desde el Gobierno nacional sostienen que se realizaron entregas parciales de la información solicitada, a medida que los involucrados aceptaron colaborar. Los abogados de la Procuración del Tesoro argumentan que los dispositivos son de uso personal y que, por ese motivo, su cesión requiere el consentimiento voluntario de cada funcionario o exfuncionario.
De acuerdo con un documento presentado por la defensa argentina, entre quienes no respondieron si colaborarán o no con el proceso figuran varios exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández. La lista incluye a Sergio Massa; Juan Manzur; Eduardo "Wado" De Pedro; Agustín Rossi; Federico Bernal; Flavia Royón; Raúl Rigo; Matías Tombolini y Guillermo Michel.
En cuanto a la gestión actual, el país informó que aguarda la respuesta del viceministro de Economía, José Luis Daza; del tesorero general de la Nación, Jorge Horacio Domper; del exsubsecretario de Hidrocarburos, Luis Francisco De Ridder; y del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Por otro lado, un grupo de funcionarios ya aceptó cooperar y entregar sus dispositivos. Entre ellos se encuentran el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Transporte, Luis Pierrini; y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.
