La Comisión de Asuntos Constitucionales dio inicio a una serie de reuniones, con representantes sindicales para dialogar sobre el proyecto de ley de reforma administrativa y funcional del Estado y que plantea diversas modificaciones al régimen que rige al empleo público provincial. Ayer, fue el turno de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que a través de sus representantes cuestionaron algunos de los puntos de la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo. 
El primer encuentro fue con ATSA, a cargo de Leonardo Burgos, donde la comisión escuchó la opinión del sector sobre la iniciativa. 
El titular del sindicato consideró que es “poco viable esta ley ya que prevé la conformación de dos comisiones, un comité y una comisión fiscalizadora, conformada por seis u ocho personas,  teniendo un plazo de 90 o 120 para reformular todo el planteo administrativo y funcional de los tres poderes del Estado”.  
Burgos evaluó que los integrantes de esas áreas “deberían ser conocedoras de la provincia, de la administración de cada poder, tarea que no es tan fácil y menos aún en ese lapso”. Al finalizar, sugirió que los sindicatos deberían tener participación activa, para así involucrar a los trabajadores. 
Luego, fue el turno de UPCN, que al igual que ATSA planteó una mayor participación de los gremios en las comisiones y comité, que tendrán a cargo también los concursos que se prevén para los futuros ingresos de empleados al Estado provincial. 
En diálogo con LA UNIÓN, la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, señaló que “a esta ley le faltarían 300 artículos porque mejor hubiera sido un convenio colectivo de trabajo. Este proyecto tiene 24 artículos y un convenio tiene 300”, sin embargo, destacó que desde el gremio, se hicieron aportes con la expectativa de que los diputados “tengan en cuenta nuestro aporte y que salga una ley buena para nosotros”.  
La sindicalista mencionó que planteó una mayor participación gremial en las comisiones, donde según el proyecto original, el sector tendrá dos representantes y el Estado, seis (dos por el Poder Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por  el Judicial), elevando el número de representantes de los gremios a seis. 
Otro de los pedidos de UPCN fue que no se elimine el régimen de adscripciones, ya que sostiene que la movilidad que propone el Gobierno supone el pase definitivo del trabajador de un organismo a otro con el traspaso presupuestario y eso significa un tiempo considerable. “Por lo tanto, nos parece que sacarlas no sería bueno para el Ejecutivo, donde hay ministerios donde falta personal”, señaló Espeche. 
Por último, la gremialista también indicó que se planteó un cambio en las licencias prejubilatorias a las que podrán acceder voluntariamente agentes que cuenten, como mínimo, con 55 años de edad, en el caso de los hombres, y 50 años, en el caso de las mujeres, y con un mínimo de 20 años de aportes.  
El proyecto plantea tres supuestos de acuerdo a la edad de los trabajadores que se escojan y, a medida que le falten menos años para jubilarse, plantea un mayor porcentaje en las remuneraciones. Así, en el primer grupo establece una remuneración el 50 % del sueldo neto al momento de acceder al beneficio; en el segundo, un 60 % y en el tercero, un 70 %. UPCN, por su parte, propone elevar los porcentajes a un 65 %, 75 % y un 80 % respectivamente. 
Por último, Espeche se mostró confiada en que se realicen las modificaciones planteadas y opinó que, de no ser así, sería “un desperdicio y perder una oportunidad”.