La Cámara Federal de Casación Penal definió que las causas Hotesur y Los Sauces se tramitarán en un juicio oral y público unificado, en el marco de las investigaciones que tienen entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. El comienzo del debate está fijado para este viernes a las 10 de la mañana.

La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes revocaron el desdoblamiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y sostuvo una posición contraria a la intervención de Casación sobre la decisión del tribunal de juicio de organizar los debates por separado.

La resolución modifica el criterio que había establecido el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Pese a los argumentos expuestos por ese tribunal para justificar la división de los expedientes, la mayoría de Casación consideró que no eran suficientes para mantener la realización de dos juicios independientes.

De esta manera, el máximo tribunal penal respaldó el planteo del Ministerio Público Fiscal, que se había opuesto a la separación de las actuaciones y reclamaba que ambas investigaciones fueran examinadas en un mismo debate. La discusión judicial estuvo centrada en la conveniencia de analizar conjuntamente las pruebas y los hechos investigados, así como en las consecuencias procesales que podía generar la realización de dos procesos distintos.

El patrimonio de los Kirchner, en el centro de las investigaciones

Las causas Hotesur y Los Sauces tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y la presunta existencia de un mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían efectuado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Aunque se trata de dos expedientes diferentes, las investigaciones comparten como elemento central las operaciones vinculadas con bienes de la familia y los pagos realizados por empresarios. Esa relación entre los casos constituye uno de los aspectos relevantes de la discusión sobre la conveniencia de realizar un único juicio.

En la causa Hotesur, la investigación está relacionada con los hoteles de la familia Kirchner y tiene entre sus principales acusados al empresario Lázaro Báez. El expediente examina las operaciones vinculadas con esos establecimientos en el marco de las hipótesis planteadas por la acusación.

Por su parte, Los Sauces se centra en propiedades de la familia Kirchner y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados. La investigación aborda los alquileres y las relaciones económicas que, de acuerdo con la acusación, formarían parte del mecanismo bajo análisis judicial.

Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados.

La decisión de unificar los debates implica que las dos investigaciones serán abordadas en un mismo proceso oral, en lugar de desarrollarse mediante juicios separados. La controversia sobre esa modalidad de juzgamiento fue precisamente el motivo por el cual el expediente llegó a la Cámara de Casación.

Los fiscales cuestionaron la división de los expedientes

La discusión sobre la modalidad del juicio llegó al máximo tribunal penal a partir del planteo del fiscal de juicio Diego Velasco, quien cuestionó la decisión del TOF 5 de separar las causas.

Velasco sostuvo que la división podía producir una fragmentación de la prueba y dificultar la evaluación integral de los hechos investigados. En su presentación, advirtió sobre el riesgo de que esa modalidad afectara la comprensión de la presunta maniobra y la estrategia procesal de las partes.

El fiscal consideró que dividir los expedientes generaba una "parcialización de la prueba y dificultad apreciar la maniobra en su real significación jurídico-penal poniendo en riesgo la teoría del caso de los acusadores y limitando, también, a la propia defensa de los imputados".

Ese argumento fue respaldado ante Casación por el fiscal general Mario Villar, quien agregó razones vinculadas con la duración y la organización de los procedimientos judiciales. Villar sostuvo que la separación no favorecía la celeridad del proceso, dado que implicaría desarrollar dos juicios completos, con sus respectivas instancias de alegatos y sentencias. También advirtió sobre los plazos adicionales que podrían derivarse de los recursos que eventualmente se presentaran en cada expediente.

En ese sentido, el fiscal general afirmó que dividir las actuaciones "no favorece la celeridad, pues implica dos procesos completos separados y, entre otras cosas, rondas completas de alegatos y dos sentencias; con los plazos que ello implica, además de los posibles recursos que puedan plantearse".

Los planteos de ambos representantes del Ministerio Público Fiscal fueron respaldados por la mayoría de la Cámara de Casación, que consideró que correspondía avanzar hacia un debate unificado.

La disidencia de Alejandro Slokar 

La resolución no contó con la unanimidad de los integrantes de la Sala I. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y defendió la atribución del Tribunal Oral Federal 5 para organizar el desarrollo del debate oral y público. En su postura, Slokar consideró que resolver en sentido contrario a lo dispuesto por el TOF 5 respecto de la división de los casos implicaba una intromisión en una potestad exclusiva de ese tribunal: la organización del juicio.

El desacuerdo expuso dos criterios diferentes sobre el alcance de la intervención de Casación en las decisiones vinculadas con la organización de un proceso oral. Mientras la mayoría respaldó el pedido fiscal para reunir ambas investigaciones, Slokar entendió que debía respetarse la determinación del tribunal encargado de llevar adelante el debate.

La posición de la mayoría prevaleció y dejó sin efecto la decisión de realizar los juicios por separado. En consecuencia, Hotesur y Los Sauces deberán ser tratados en una única instancia oral, de acuerdo con lo resuelto por Petrone y Barroetaveña.

El planteo de la defensa de Cristina y Máximo Kirchner

Durante la discusión también intervino el abogado Carlos Beraldi, representante legal de la familia Kirchner, quien solicitó que se mantuviera el criterio adoptado por el TOF 5.

La defensa pidió sostener la decisión de dividir las causas y realizar los juicios de manera separada. Sin embargo, ese planteo no fue aceptado por la mayoría de Casación, que coincidió con los argumentos del Ministerio Público Fiscal sobre la necesidad de unificar los procedimientos.

La resolución se adoptó, por lo tanto, pese a la oposición de la defensa y a la disidencia de Slokar. El criterio mayoritario estableció que correspondía avanzar con un único debate para abordar las dos investigaciones.

Una nueva instancia judicial para CFK

Para Cristina Fernández de Kirchner, el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces representa una nueva instancia dentro de su situación judicial. La expresidenta ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria.

Además, enfrenta el juicio correspondiente al caso Cuadernos, por lo que el inicio del debate por Hotesur y Los Sauces se suma a los procesos judiciales mencionados en su situación actual.

Para Máximo Kirchner, en cambio, el juicio oral por estas dos causas será el primero que deberá afrontar.

Con la decisión de Casación, ambos expedientes quedaron encaminados hacia un mismo debate, cuya apertura está prevista para este viernes a las 10 de la mañana. La resolución cerró la discusión sobre la conveniencia de mantener los juicios separados en esta instancia y estableció que las acusaciones deberán exponerse en un proceso oral unificado.

El eje de la controversia judicial seguirá siendo la presunta existencia de mecanismos de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían realizado pagos relacionados con negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas. La decisión de reunir las causas busca que esas hipótesis sean examinadas dentro de un mismo debate, conforme al criterio que finalmente impuso la mayoría de la Cámara Federal de Casación Penal.