La posibilidad de unificar los expedientes Hotesur y Los Sauces abrió una nueva discusión judicial en torno a las causas en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, están acusados de presuntas maniobras de lavado de dinero. La defensa de ambos rechazó que los procesos sean tratados en un único juicio oral y advirtió que avanzar con esa alternativa, en las condiciones actuales, podría generar una irregularidad capaz de afectar la validez de la sentencia.
El planteo fue expuesto durante una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña escucharon los argumentos de las partes. En esa instancia, el abogado Carlos Alberto Beraldi cuestionó el pedido del Ministerio Público Fiscal para que ambos expedientes sean reunidos y sostuvo que la modificación del esquema previsto podría impedir que el debate comience en la fecha establecida.
"Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal", afirmó Beraldi. Con esa declaración, el letrado puso el foco en las consecuencias procesales que, a criterio de la defensa, podría tener la decisión de reunir las investigaciones en un solo debate.
La discusión se desarrolla en un momento en el que ya existe un cronograma dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5). Ese tribunal resolvió realizar dos juicios sucesivos, con el expediente Los Sauces como primer debate y la causa Hotesur a continuación. La defensa considera que alterar esa organización a esta altura podría comprometer el comienzo del proceso y derivar en cuestionamientos posteriores sobre la validez de lo actuado.
Las fechas que deberá considerar Casación
Uno de los puntos centrales de la controversia es la proximidad del inicio del juicio por Los Sauces. Según el calendario establecido, ese debate está previsto para el 23 de octubre, mientras que el juicio correspondiente a Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.
La eventual unificación obligaría a revisar la modalidad con la que se desarrollarán ambos procesos. Para la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, esa modificación podría impedir que el primer debate comience en la fecha fijada y abrir un escenario de incertidumbre sobre la organización del juicio.
El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había tomado la decisión de separar los debates el 18 de septiembre. El esquema aprobado contempla dos instancias sucesivas, en lugar de una única audiencia oral que concentre los dos expedientes.
Ahora, la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si mantiene esa resolución o si acepta el reclamo de la fiscalía para volver a reunir las causas. La definición tendrá consecuencias directas sobre el calendario judicial y sobre la forma en que se presentará y analizará la acusación.
Beraldi cuestionó la intervención anticipada de Casación
Además de rechazar la reunificación, Beraldi sostuvo que la Cámara Federal de Casación Penal no debería intervenir en esta etapa del proceso. Según el planteo de la defensa, la modalidad del debate oral debe discutirse durante las cuestiones preliminares del juicio, por lo que consideró cuestionable que el tribunal de alzada deba resolver ahora sobre la organización de los expedientes.
El abogado también objetó que la fiscalía pretenda tratar las dos investigaciones como partes de una misma maniobra, cuando durante la etapa de investigación se tramitaron por separado. Para la defensa, ese antecedente constituye un elemento relevante al momento de evaluar la posibilidad de modificar el esquema judicial ya establecido.
En ese contexto, Beraldi cuestionó la hipótesis de asociación ilícita sostenida por la acusación y recordó el antecedente de la causa Vialidad. En ese expediente, Cristina Kirchner fue juzgada y resultó condenada por administración fraudulenta, pero fue absuelta del delito de asociación ilícita.
La referencia fue incorporada como parte de los argumentos con los que la defensa busca cuestionar el planteo fiscal y la posibilidad de que los expedientes sean considerados conjuntamente. La discusión, por lo tanto, no se limita a la organización de las audiencias, sino que también involucra la forma en que la acusación presenta la relación entre los hechos investigados.
La defensa de Fabián De Sousa
La oposición al pedido fiscal no se limitó a los representantes de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. La defensa del empresario Fabián De Sousa también se pronunció contra la posibilidad de reunir los expedientes en un solo juicio.
Su abogado, Mariano Fragueiro Frías, acusó a la fiscalía de intentar postergar el proceso y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas en la causa. Durante su intervención, planteó interrogantes sobre las razones que, a su entender, estarían detrás del pedido de modificación del cronograma.
"Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?", expresó el letrado.
Fragueiro Frías también advirtió que permitir una intervención anticipada de Casación podría establecer un precedente problemático. Su argumento se apoyó en que las decisiones relacionadas con la organización de los debates corresponden, en principio, al tribunal oral que tiene a su cargo el juzgamiento.
De este modo, las defensas plantearon objeciones tanto sobre los posibles efectos de la reunificación en las fechas previstas como sobre la instancia judicial que debería resolver la modalidad de los debates.
La fiscalía sostiene que las investigaciones están conectadas
La postura de las defensas contrasta con la posición del Ministerio Público Fiscal, que busca que Hotesur y Los Sauces sean juzgados en un único proceso. El fiscal general ante Casación, Mario Villar, presentó un escrito de 60 páginas en el que solicitó revocar la decisión del TOF 5 y argumentó que la separación de los debates podría perjudicar el desarrollo de la acusación.
Para Villar, existen conexiones entre los dos expedientes que justifican un tratamiento conjunto. La hipótesis fiscal sostiene que las operaciones investigadas podrían haber sido utilizadas para canalizar fondos vinculados con la obra pública a través de contratos de alquiler y negocios hoteleros.
Desde esa perspectiva, la fiscalía considera que analizar las causas por separado podría fragmentar una acusación que, según su planteo, se encuentra vinculada por las operaciones bajo investigación. Villar calificó la decisión de dividir los debates como una "reducción y fragmentación intolerable" de la acusación.
El representante del Ministerio Público también advirtió sobre la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias si los expedientes avanzan de manera independiente. A ese riesgo sumó una eventual discusión vinculada con la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.
La fiscalía sostiene, en consecuencia, que la reunificación permitiría abordar las conexiones que atribuye a las dos investigaciones dentro de un mismo proceso, en lugar de exponerlas en debates separados.
La UIF propuso alternativas
La Unidad de Información Financiera (UIF), que también cuestionó el desdoblamiento de los expedientes, acompañó la postura favorable a la unificación. El organismo sostuvo que existen alternativas para organizar un juicio conjunto sin necesidad de mantener los procesos completamente separados.
Entre las opciones mencionadas figura la posibilidad de desarrollar el debate por etapas, con la presentación y el tratamiento de las pruebas correspondientes a cada expediente. Esa modalidad permitiría, según el planteo de la UIF, reunir ambos procesos sin que ello implique abordar simultáneamente toda la prueba de las dos causas.
Los expedientes tienen como eje presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con empresas de la familia Kirchner y sus vínculos comerciales con empresarios. La fiscalía considera que las conexiones entre las investigaciones justifican un tratamiento conjunto, mientras que las defensas cuestionan esa interpretación y advierten sobre los efectos procesales que podría provocar la modificación del esquema aprobado.