El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió ayer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación agrave la condena del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, en la que en febrero de 2012 murieron 51 personas. El ex funcionario está condenado en el caso a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta y Pleé requirió que también lo sea por el de estrago culposo, del que fue absuelto. Por su parte, la defensa de De Vido pidió al máximo tribunal la absolución de todas las acusaciones.
Lo hicieron al apelar el fallo de Casación que confirmó hace un mes y medio la condena del ex funcionario para que sus planteos sean revisados por la Corte. Para que el caso llegue al máximo tribunal las apelaciones deben ser aceptadas por Casación.
Si los planteos son rechazados, la condena a De Vido queda en condiciones de ser ejecutada y por lo tanto el ex funcionario puede volver a la cárcel o discutirse una prisión domiciliaria por su estado de salud y su edad. Sin embargo, una comisión del Congreso puso en marcha seis artículos del Código Procesal Penal Federal que modifican los criterios sobre la condena firme. Uno de ellos establece que “sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes” y una condena tiene firmeza cuando la Corte rechaza todos los planteos que haya en el caso. Por lo tanto, hay que esperar el fallo del máximo tribunal, que no tiene plazos para resolver.
Pero inclusive cuando la Corte resuelva, se abre otro abanico de posibilidades que podría hacer que el caso no se defina allí, sino que vuelva a Casación. De Vido fue condenado en octubre de 2018 por el Tribunal Oral Federal 4 en lo que fue el segundo juicio por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento -que era concesionada por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)- chocó en esa estación. Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y fue absuelto por el estrago culposo. Para los jueces del tribunal Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, De Vido debió controlar los fondos públicos que TBA recibía y que no iban al servicio pero no era responsable por las muertes. En el juicio, los familiares de las víctimas y la Fiscalía reclamaban una pena de diez y nueve años por los dos delitos. El ex funcionario recibió el veredicto en la cárcel de Marcos Paz, donde estaba detenido por otras causas. Por la Tragedia de Once nunca estuvo en prisión.
El 22 de diciembre pasado Casación confirmó el fallo. Lo hicieron los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci. El camarista Gustavo Hornos votó también por la condena por el estrago. Pero quedó en minoría. Esos magistrados deberán resolver las apelaciones presentadas.
Los camaristas señalaron que De Vido tenía conocimiento de todos los incumplimientos de TBA mediante informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que así lo advertían, y que la empresa era la que más multas e incumplimientos tenía. “De Vido nada hizo para enmendar el curso de los acontecimientos, pese a las facultades y atribuciones de las que gozaba como máxima autoridad en materia de transporte”, dijeron.
Para Riggi y Catucci no tuvo responsabilidad sobre las muertes. Dijeron que el “inmediato contralor de las condiciones en que se prestaba el servicio y, por ende, el efectivo y concreto conocimiento de los riesgos que ello representaba para la seguridad de los usuarios” era de la Secretaría de Transporte, que en ese momento estaba a cargo de Juan Pablo Schiavi, quien fue condenado por el caso a cinco años y seis meses de prisión y está preso en la cárcel de Ezeiza. También fue condenado y está detenido en la misma unidad su antecesor en el cargo, Ricardo Jaime, con una pena de ocho años.
En su voto, el juez Hornos consideró que De vido también era responsable del estrago por las muertes ya que tuvo una pasividad en el cargo que contribuyó al hecho permitiendo que el servicio de la línea Sarmiento se desarrolle “en precarias condiciones en evidente perjuicio de sus usuarios”.
