La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa que involucra a María Soledad Calle, exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y propietaria de un departamento en el mismo edificio de la calle San José 1111 donde reside la expresidenta Cristina Kirchner. El titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, ordenó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) que remita los informes de dominio de dos autos de alta gama vinculados a la sindicalista: un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive.
La investigación penal se centra en un posible conflicto de intereses y maniobras financieras a partir de un contrato de locación de servicios firmado entre la UOM y la firma USEM S.A. —empresa que habría sido fundada por la propia Calle en 2022—. Según las actuaciones, la firma privada cobraba una comisión del 0,50% por la creación y administración de cuentas corrientes asociadas a un fideicomiso del gremio.
La flota del gremio y las multas acumuladas
En el marco del expediente, la pesquisa también identificó una flota de vehículos a nombre o vinculados formalmente al sindicato de los metalúrgicos, la cual acumula abultadas infracciones de tránsito. Un Peugeot 2008 ($684.300 en multas), un Fiat Fastback ($684.300), un Toyota Corolla Cross ($512.475), una Renault Kangoo ($512.475) y un Jeep Compass ($342.000).
Dentro del parque automotor identificado bajo la órbita de la UOM también figuran una Volkswagen Taos Highline y una Ford Territory, las cuales no presentan multas vigentes a la fecha.
Medidas de prueba ordenadas por la Justicia
Para avanzar en el esclarecimiento del patrimonio y la red de contrataciones, el juez Ercolini dispuso una batería de requerimientos clave. El pedido del informe de dominio histórico del primer piso del edificio de San José 1111 para constatar los registros de compra de Calle.
La intimación a la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) para que remita la totalidad de las declaraciones juradas de la exdirigente. El requerimiento de las facturas emitidas por la sociedad USEM S.A. dirigidas a la UOM para auditar los montos efectivamente percibidos por la intermediación.