La postura del Gobierno provincial sobre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE) y el supuesto fin “de su razón de ser” por la estatización de las empresas de agua y energía eléctrica,  entre otros puntos, parece ser compartida también por la oposición o, al menos, por el diputado radical, Luis Lobo Vergara. En este sentido, el expresidente del Comité Provincia de la UCR presentó una proyecto de ley para disolver al Ente Regulador, pero a diferencia de lo planteado por el Gobierno, propone la creación de un organismo con mayores facultades. 
La propuesta del legislador radical reside en la creación de la Agencia Reguladora Única de Catamarca que abarque todos los contratos de concesión, incluidos los servicios de agua potable y cloacas, de energía eléctrica y al transporte público. También, regiría para la Terminal de Ómnibus, casinos y las hosterías y hoteles con los que cuenta la provincia. 
Según lo señalado por el legislador, “la idea es  la creación de un organismo autárquico, independiente, especializado y profesionalizado, que haga una mejor administración de los recursos de la provincia, que son dados en concesión, lo que posibilitará que los catamarqueños tengamos mejores servicios y una mejor Administración Pública provincial”. 
En ese marco, dijo que el proyecto “tiene por objeto resolver las controversias que existen en relación al funcionamiento del Ente Regulador en la provincia” y remarcó que tanto el marco jurídico nacional como el provincial “exigen la existencia de órganos de control de servicios públicos”, diferenciándose de la postura del Gobierno, que señaló que las funciones del ENRE podían ser realizadas por Defensa del Consumidor y por alguna área a crear dentro de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Agua Energía y Medio Ambiente de la Provincia. 

Inconstitucional 
Ayer, en declaraciones radiales, el presidente del Directorio del ENRE, Augusto Acuña, insistió en que si el Gobierno disuelve el ENRE y no crea otro organismo con similares características, estaría yendo en contra de la Constitución nacional y la provincial. En caso de que esto suceda, advirtió que podría recurrir a la Justicia. 
“Si no crea otro organismo, la ley sería inconstitucional, no se cumpliría con el requisito constitucional de que en las concesiones, los usuarios tienen el derecho a participar de la formación del precio, y eso no lo puede cumplir la Ley de Defensa al Consumidor”, advirtió y calificó que si eso pasa, sería una “torpeza” porque en el Gobierno “saben que tendrían que crear otro organismo que cumpla con esos requisitos y, en todo caso, quedaremos afuera, pero el objetivo es que se siga garantizando este derecho constitucional”. 
Por su parte, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, intentó poner paños fríos a la controversia y, si bien dijo que es una discusión muy rica que debe dar la Legislatura, negó que la iniciativa del Gobierno sea inconstitucional. “Nosotros estamos tratando de que sí se respeten los derechos que emanan de la Constitución, no como lo que pasa actualmente, que esos derechos no son respetados”, indicó.