Javier Milei sacó reformas de la Ley Ómnibus y las postergó para insistir con su tratamiento en el Congreso luego del Pacto de Mayo. Se trata de las modificaciones laborales -concebidas en el DNU 70/2023- que no se incluyeron en el dictamen final y de la reestructuración del sistema electoral.
Los puntos de la reforma laboral que se votarán la semana que viene en el recinto de Diputados son: fondo de cese optativo por convenio al estilo UOCRA, períodos de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho para empresas de 6 a 100 empleados, la eliminación de multas al trabajo mal registrado un agravamiento de la indemnización en casos de discriminación y la simplificación del registro.
El Ejecutivo postergó los puntos de conflicto con la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscará reflotar luego de mayo. Se trata de la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la prohibición de los bloqueos sindicales a empresas y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos.
Lo mismo aplica para la limitación al derecho a huelga con la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte, telecomunicaciones, cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
El Gobierno incluyó la discusión de una reforma laboral completa que “promueva el trabajo formal” en el Pacto de Mayo y la ancló a una modificación del sistema previsional que le “dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.
Esto lo trabaja el equipo técnico del jefe de gabinete, Nicolás Posse, e incluye la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Milei quiere darle mayor respaldo a estas reformas a través de la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores de la oposición dialoguista. Quiere además tener primero sancionada la Ley Ómnibus y el paquete fiscal para luego acordar un esquema de trabajo conjunto para estos puntos.
Lo mismo aplica para la reforma del sistema electoral que quiere realizar el Gobierno. Estaba dentro de la primera ley Bases de 664 artículos que el Ejecutivo presentó en enero y la bajaron por falta de apoyo de los bloques aliados. El proyecto es del asesor presidencial Santiago Caputo.
El proyecto incluye la eliminación de las elecciones PASO, el establecimiento de la boleta única, modificaciones en el el financiamiento de los partidos políticos y la reestructuración del sistema electoral por uno de circunscripciones uninominales.
Propone la eliminación de la lista sábana y el método se basa en que las provincias se dividen en circunscripciones electorales, de forma que cada jurisdicción elija a un representante único para el Congreso de la Nación, además del intendente y del gobernador.
La estructura se organizaría sobre la cantidad de diputados adjudicados para cada provincia y en base a esa cantidad se realizarían las circunscripciones electorales, estableciendo un diputado por jurisdicción. Impulsa la sustitución del artículo 3° de la ley 22.847 para que se elija un diputado por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.
En este esquema, el candidato que recibe más votos es el ganador y no se requiere de una base mínima de adhesiones. Se trata de una mayoría simple, de una pluralidad, y no absoluta.
