El diputado provincial Exequiel Moreno presentó un proyecto de ley que propone declarar por dos años la emergencia provincial en materia de deducción de haberes y avanzar, durante ese período, en un reordenamiento integral del sistema de códigos de descuento.
La iniciativa parte de una situación que, según los fundamentos del proyecto, se volvió cada vez más frecuente entre los agentes estatales: la acumulación de sucesivos descuentos que reduce considerablemente el salario disponible y la utilización de nuevos créditos para cancelar obligaciones anteriores.
Para Moreno, esta dinámica terminó generando una distorsión en el funcionamiento del sistema, debido a que las entidades que otorgan financiamiento cuentan con la posibilidad de cobrar directamente de los salarios mediante la estructura administrativa del Estado.
El proyecto pone el foco precisamente en esa particularidad. Según plantea la iniciativa, la reducción del riesgo que supone para una entidad tener garantizado el cobro mediante el recibo de sueldo no necesariamente se traduce en mejores condiciones financieras para el trabajador.
La propuesta busca, en consecuencia, revisar las condiciones bajo las cuales se habilita el acceso al mecanismo estatal de descuento y establecer mayores controles sobre las operaciones.
Contener el sobreendeudamiento
El eje central del proyecto es proteger el salario disponible de los empleados públicos frente a una acumulación de obligaciones que, según los fundamentos, puede derivar en situaciones de sobreendeudamiento.
Moreno plantea que el sistema de códigos de descuento debe ser reordenado para evitar que el mecanismo administrativo destinado a facilitar el cobro de determinadas obligaciones termine funcionando como una herramienta que profundice el endeudamiento. La iniciativa no propone eliminar el acceso al crédito de los trabajadores estatales. Por el contrario, plantea mantenerlo, pero modificando las condiciones en las que las entidades pueden utilizar el sistema estatal para percibir directamente los haberes.
En ese sentido, el proyecto establece una diferenciación entre dos cuestiones: por un lado, el derecho de una entidad a otorgar financiamiento y, por otro, el beneficio administrativo que implica acceder automáticamente al salario del trabajador para garantizar el cobro.
El objetivo es que ambas situaciones no sean consideradas equivalentes y que el acceso al mecanismo de descuento estatal quede sujeto a condiciones y controles específicos.
Caducidad de habilitaciones y reordenamiento
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el establecimiento de un esquema de reordenamiento que contempla la caducidad de las habilitaciones alcanzadas por la norma y el cierre temporal del sistema para nuevas incorporaciones.
Las entidades que ya se encontraban operando antes de la sanción de la eventual ley podrán acceder posteriormente a una habilitación condicionada, siempre que cumplan con las nuevas exigencias establecidas. De esta manera, la iniciativa plantea un período excepcional destinado a revisar quiénes participan del sistema y bajo qué condiciones pueden continuar utilizando los códigos de descuento.
Para ello, se prevé un proceso de auditoría y reempadronamiento, cuyo propósito será determinar qué entidades estarán en condiciones de continuar utilizando el mecanismo.
El reordenamiento alcanzaría a las entidades que intervienen en el otorgamiento de créditos y cobran sus operaciones directamente mediante los haberes de los empleados públicos.
Nuevos límites y mayores controles
El proyecto contempla una serie de condiciones destinadas a modificar las características de las operaciones que pueden acceder al sistema de códigos de descuento.
Entre las principales exigencias se encuentran:
- Límites objetivos al costo financiero de las operaciones.
- Mayores obligaciones de información y transparencia.
- Procedimientos de otorgamiento responsable.
- Auditoría y reempadronamiento de las entidades.
- Nuevas condiciones de habilitación para quienes pretendan continuar utilizando el mecanismo.
El propósito es establecer reglas que permitan controlar no solamente quiénes pueden operar mediante el sistema, sino también las condiciones bajo las cuales se otorgan los créditos y se aplican los descuentos sobre los salarios.
La propuesta también busca impedir que determinadas cargas adicionales terminen reduciendo aún más el ingreso disponible del trabajador. En ese sentido, establece herramientas para evitar que se incorporen al haber del agente comisiones administrativas, gastos de mantenimiento o costos de gestión adicionales vinculados con estas operaciones.
La prohibición de ceder códigos a terceros
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de prestar o ceder códigos de descuento a financieras u otros terceros que no cuenten con una habilitación propia.
El objetivo es terminar con esquemas en los que una entidad habilitada actúa como intermediaria para que terceros puedan cobrar créditos directamente del salario de los trabajadores. La propuesta busca que el acceso al sistema quede vinculado a la entidad que cuenta con la habilitación correspondiente y que no pueda utilizarse esa autorización para facilitar la intervención de terceros que no cumplan con los requisitos previstos.
La medida forma parte del intento de Moreno de establecer un mayor control sobre la estructura mediante la cual determinadas obligaciones financieras terminan descontándose de manera directa del recibo de sueldo.
"Un beneficio asistencial" convertido en endeudamiento
Al fundamentar el proyecto, Moreno cuestionó la evolución que, según su planteo, tuvo el mecanismo de códigos de descuento. "El código de descuento ha mutado de un beneficio asistencial en una vía libre para el endeudamiento confiscatorio, donde el trabajador queda cautivo de esquemas con costos financieros desproporcionados e inaccesibles", sostuvo el diputado.
La definición resume el diagnóstico sobre el cual se construye la iniciativa: un sistema que originalmente debía funcionar como una herramienta vinculada con determinadas necesidades de los trabajadores habría terminado, según los fundamentos del proyecto, facilitando procesos de endeudamiento que pueden comprometer una parte considerable de los haberes.
El planteo apunta entonces a modificar las condiciones de funcionamiento del mecanismo sin cerrar el acceso al financiamiento.
Alcance sobre el Estado provincial y los municipios
La iniciativa alcanza a la Administración Pública Provincial y plantea extender el régimen, respetando las autonomías correspondientes, al resto de los poderes y organismos del Estado y a los municipios. De esta manera, el proyecto propone que el reordenamiento no quede circunscripto únicamente al ámbito de la Administración Pública Provincial, sino que pueda alcanzar a otros sectores del Estado dentro de las autonomías que correspondan.
La declaración de emergencia permitiría establecer un período excepcional de dos años para revisar el funcionamiento de un sistema que se encuentra vigente desde hace años y definir nuevas reglas para su utilización.
Durante ese período, la propuesta busca avanzar en la revisión de las habilitaciones, el reempadronamiento de entidades, la auditoría de quienes participan del mecanismo y la definición de condiciones financieras y administrativas más estrictas.