Un grupo importante de mujeres que integran  la Asamblea de mujeres y disidencias “Ni Una Menos” de Catamarca, a través de un comunicado denuncian al Estado por la muerte de Cinthia Aranda, María Eugenia Olivera, y Vanessa Delgado, y otras femicidios que aun hoy quedaron impunes. 

El escrito se enmarca en el día Internacional de la Mujer trabajadora que se recuerda cada 8 de marzo, además las mujeres se expresaron en contra del acuerdo que posibilitará avanzar con una restructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “No al pago al FMI”, sostiene el colectivo de mujeres catamarqueñas. 

COMUNICADO:  

      En el día Internacional de la Mujer trabajadora, desde la Asamblea de mujeres y disidencias “Ni Una Menos” de Catamarca, denunciamos  al Estado por la muerte de Cinthia Aranda, María Eugenia Olivera, y Vanessa Delgado como de tantos otras femicidios que aun hoy quedaron impunes. 

Denunciamos al Estado  por su inacción en el interior de la Provincia, por falta de planificación y de políticas públicas transversales, según las condiciones y características de cada contexto/territorio, como lo sucedido a Eugenia Olivera, quien fue víctima de femicidio, luego de reiteradas denuncias.La inacción del Estado es el denominador común en las denuncia de mujeres por violencia en el interior y en los barrios populares.

Denunciamos al  poder judicial por misógino, clasista y racista que niega el acceso a la justicia a las mujeres y disidencias de toda la provincia profundizando esta situación en localidades del interior, que posee personal queno es idóneo, ni está capacitado(este accionar coloca a los violentos en posición ventajosa y a la justicia como aliado para profundizar y extender la violencia contra la mujer, muy lejos de combatirla) y en claro pacto con los violentos, retardan las causas, libera violentos y abusadores y revictimiza a las mujeres. 

Denunciamos a la Policía de Catamarca, que es un eslabón necesario en la línea de violencia que sufrimos las mujeres y diversidades, que se niega a tomar las denuncias por violencia de género en el interior y en la capital de la provincia,  violentando a las mujeres e infancias. Denunciamos que integrantes de la fuerza asesinan, violan y agreden con total impunidad por el pacto cómplice de las leyes procesales, los  jefes y demás autoridades que permiten y avalan la violencia en las fuerzas de seguridad, como lo sucedido con  Cinthia Aranda. 

A la fecha, sólo sabemos que el 63% de las denuncias recibidas en Pandemia fue por violencia de Género solo en el Valle Central, pues no hay estadísticas de los 13 Departamentos restantes, entre otras causas, porque no hay Policía Judicial en el interior.

Durante los últimos años, la violencia se profundiza producto de la precarización laboral, la desocupación, la pobreza y el hambre que tiene como principales víctimas a las mujeres y disidencias, este es el resultado de las políticas que se profundizará con el pago de la deuda y con el ajuste que exige el FMI.

Ante esta realidad, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Cómo intervienen quienes tienen la obligación de asistir, acompañar y luchar contra la violencia? ¿Por qué nos arrebataron a Eugenia y a Cinthia  si hicieron  denuncias, había un juez, una fiscal y una Municipalidad interviniendo? El Estado es absolutamente incapaz de evitar que nos asesinen, nos violen, nos golpeen. Y, cuando todo esto pasa, pareciera que la única alternativa que nos queda es un punitivismo a ultranza, con juicios revictimizantes, dilatorios, con condenas de prisión que no se hacen efectivas. Como el caso del Cura Gutiérrez, que fue condenado a 12 años de prisión y a la fecha sigue en libertad, de la misma manera que con el Concejal Zelaya donde la justicia le da el beneficio de tiempo o el cura Pachado, para nombrar casos con trascendencia pública. El sistema judicial vulnera una y otra vez a la sobreviviente en sus derechos y libertad. Al igual que con el caso de Naim Vera Menem, que aun habiendo sido condenado a cadena perpetua, la Corte de Justicia no se pronuncia y por ello la condena no está firme. 

La defensa de los curas abusadores Juan De Dios Gutiérrez, Renato Rasguido y MoisesPachadopor parte del poder judicial, el poder político y el Estado, en su conjunto,muestrala relación carnal de la institucióncatólica con el Estado, que entorpece las causas, que financia la defensa de los curas y que utiliza todo el poder político para garantizar la impunidad. Esta impunidad que no es otra cosa que una garantía, para que los aberranteshechos sigan sucediendo en el silencio de los templos. Planteamos la separación de la Iglesia del Estado como base necesaria para conseguir justicia. 

Las políticas que se implementan desde el Ejecutivo no inciden en las situaciones de violencia. Se crean a nivel Nacional, en toda la provincia y municipios, áreas de género que son estructuras vacías, sin planificación, ni diseños de políticas públicas acordes a la situación de emergencia que vivimos las mujeres y disidencias, no impactan en la violencia estructural, ya que no se destina presupuesto, las políticas no son sostenidas en el tiempo y en la mayoría de los casos solo son anuncios mediáticos, no hay capacitaciones para los operadores, ni perspectiva de derechos.

Exigimos reales y serias políticas públicas para erradicar la violencia de género; planificadas y acordes a cada territorio, basadas en estadísticas, diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres y feministas de base con presupuestos asignados. 

Denunciamos la falta de una necesaria asignación presupuestaría para los dispositivos institucionales, la dotación de recursos materiales y el capital humano, profesionales calificados que garanticen una correcta atención de las víctimas. Como también la asistencia material a la víctima y sus familias, con vivienda, alimentos y lo que sea necesarios hasta que salga de su condición de vulnerabilidad. 

Denunciamos que desde la entrada en vigencia de la ley N° 27.610 de la IVE, el Ministerio de Salud no garantiza el acceso al derecho a las personas gestantes. De los 151 Centros de salud de toda la provincia, en sólo dos realizan la IVE. Sumado a ello, no hay campañas de comunicación y las personas no pueden acceder por desconocimiento o por las grandes distancias que nos alejan del derecho. OSEP y las obras sociales y prepagas no cubren la práctica de la IVE. 

Lo mismo sucede con la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, cuyo programa no se aplica en la provincia, por lo que las conductas misóginas, discriminatorias y violentas se siguen reproduciendo de manera natural en las conductas individuales y sociales.  La ESI es una política educativa imprescindible para que les estudiantes puedan desarrollarse con afectividad, libres de estereotipos de género, cuidando su cuerpo y su salud, y valorando la diversidad propia de cada persona. Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere la implementación inmediata y efectiva de la Educación Sexual Integral, laica y científica en todos los niveles educativos, y de modo complementario, teniendo en cuenta todos los obstáculos y dificultades que se presentan entre les docentes. Resulta necesario pensar en el dictado de un espacio curricular que aborde la violencia de género con toda su complejidad, y que este espacio sea cubierto por especialistas en la materia. 

Otra ley ninguneada fue la LEY 27.539 - CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A EVENTOS MUSICALES. Con la salida del aislamiento se reanudaron los festivales en la provincia y desgraciadamente las mujeres y disidencias músicas otra vez quedamos afuera de las carteleras. Desde el Movimiento de Mujeres Musicas “Margaritas” se ha trabajado en la difusión de la ley pero aun así, lxs funcionarixs han desconocido este derecho ganado.

Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere políticas económicas que acaben con la feminización de la pobreza, ya que somos nosotras las que sufrimos directamente los golpes de las malas decisiones de quienes nos gobiernan. Trabajadoras somos todas y todes, todas creamos valor, basta de desigualdades y violencias también en los ámbitos laboral y político.

Terminar con las violencias implica también terminar con los extractivismosecocidas y genocidas que cercenan nuestros cerros, nuestra tierra, nuestro agua, nuestro aire. Nuestros territorios y nuestros cuerpos no son mercancías.

Seguiremos en las calles, en las rutas, en los caminos, en las trincheras barriales, tejiendo redes y acuerpándonos para resistir y luchar contra todas las formas de violencia, hasta que podamos vivir libres. 

Por todo esto y mucho más decimos que la deuda es con nuestras vidas y nuestros territorios. No al pago al FMI.