Dos notas con firmas de importantes y reconocidos letrados y funcionarios judiciales del medio, han generado toda una polémica en el ámbito local. Ambas presentaciones apuntan a la Comisión directiva que encabeza el colegio, por cuanto consideran ellos que se procedió inconsultamente al apoyar la desaparición del Consejo de la Magistratura.
Hoy la Dra. Leticia Llopis, una de las firmantes de la primera nota, en diálogo mantenido con Radio Valle Viejo confirmó que se está solicitando la renuncia de quienes integran la Comisión Directiva del Colegio. Seguidamente criticó a la presidenta porque tomó decisiones inconsultas con los asociados y sobre esto sentenció "nuestro descontento tiene que ver con la actitud omitida y displicente del Colegio de Abogados, a través de su comisión directiva y puntualmente de nuestra presidencia. Todo esto porque siendo un tema tan sensible, tan incumbente a nuestra vida profesional, el Colegio no tomó ninguna postura y mucho menos nos consultó a sus asociados. Por lo cual nosotros concluimos en la nota que presentamos que la comisión no ha cumplido con sus obligaciones y deberes".
En la nota se precisa que se sienten "defraudados por la conducta asumida en forma personal, unilateral y sin participación alguna de los colegiados sobre asuntos público-institucionales de máxima importancia para los abogados de Catamarca. Nos preocupa la inexistencia de un pronunciamiento institucional del Colegio de Abogados sobre la sorpresiva derogación por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de la ley 5012 que implementaba el Consejo de la Magistratura; como asimismo, al tratamiento sobre la propuesta de tales poderes a la ampliación de los miembros de la Corte, y también nos sorprende vuestra participación activa la "Comisión Evaluadora" creada por el Decreto N° 1306/2020 del Poder Ejecutivo".
Denuncia penal
Un paso más dieron otro grupo de abogados, entre los que se destaca Horacio Pernasetti, quienes pidieron se dé a conocer el acta con la decisión de apoyar la desaparición del Consejo de la Magistratura, caso contrario presentarán una demanda penal contra las autoridades. No es casual la solicitud, y ellos refieren que la exhibición de dicho documento aclararía cuál fue la instrucción para la conducta que se está cuestionando. "Debe constar que existió la comunicación y/o convocatoria pública por los medios que fija el reglamento de los asociados a la entidad para conocer la opinión so pena, de tratarse de un abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según tipifica el Código Penal".
