Luego de un extenso debate,   la Cámara de Diputados desestimó el pedido de juicio político iniciado por el abogado Eduardo Andrada contra los dos magistrados de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.  
Para avanzar con el proceso, se necesitaba el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes, es decir, el acompañamiento de 27 voluntades. En este marco, el resultado de la votación arrojó 24 positivos (23 del Frente de Todos y 1 del bloque unipersonal Consenso Federal) y 17 votos en contra (16 del interbloque Juntos por el Cambio y 1 del unipersonal Frente Amplio Catamarqueño). Con este resultado, el pedido de juicio político fue remitido al archivo. 
Los motivos de la denuncia realizada por el letrado Andrada contra los dos cortesanos se basan en que ambos quebrantan el artículo 168 de la Constitución provincial, disposición que impide a los jubilados ejercer cargos en la Administración provincial, salvo actividades artísticas o técnicas. Además, el abogado cuestionó que los magistrados quebrantan el artículo 195 de la Carta Magna que expresa que los miembros del máximo tribunal son inamovibles hasta cumplir los 65 años de edad.  
La presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, ofició como miembro informante del despacho de mayoría, resolución que instaba a darle continuidad al procedimiento. La diputada oficialista remarcó que ambos jueces son beneficiarios de jubilación: Cáceres mediante un retiro voluntario y Sesto de Leiva, de jubilación ordinaria común. “Debemos señalar que el Dr. Cáceres hoy tiene 78 años y la Dra. Sesto de Leiva, 77 años. Ambos se han excedido de los años límites previstos por la Constitución” apuntó, para acotar que “es inaceptable la pretensión ilegítima de la perpetuación en los cargos judiciales mediante una interpretación forzada de la garantía de inamovilidad”. 
Por su parte, Víctor Luna, miembro informante de uno de los despachos de minoría, señaló que la prohibición del artículo 168 de la Constitución “claramente solo alcanza al poder administrador por estar incluido en la tercera sección”, es decir, solo es atribuible a la Administración Pública. A la vez, indicó que “el artículo 165 fue declarado inconstitucional por sentencia firme y ello por cuanto no fueron apelados”. En igual sentido, Francisco Monti, miembro informante del otro despacho de minoría, sostuvo que las sentencias por las cuales se declaró inconstitucional el artículo 195 de nuestra Carta Magna “fueron consentidas por Fiscalía de Estado y los recursos de queja no se presentaron ante la Suprema Corte”. 
Sobre dichas sentencias, Guerrero también se había expresado, señalando las irregularidades que se cometieron en dichos procesos, ya que ambos magistrados no se apartaron de las causas y terminaron estableciendo una jurisprudencia que años más tardes los terminaron beneficiando. 
Marita Colombo, a su turno, evaluó que el proceso de juicio político “no buscó justicia y no interesó el daño moral que se les causó a los jueces y el daño orgánico que se le generó al Poder Judicial de la provincia”, mientras que Augusto Barros aclaró que el proceso continuaba en la Cámara Alta, “donde el Senado debe correr vista para la legítima defensa”. 
Por su parte, el diputado radical, Luis Lobo Vergara, también cuestionó el procedimiento de juicio político y acusó a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de haber ocultado un descargo realizado por el juez Cáceres respecto de la denuncia que se encontraba en tratamiento en dicha comisión. “Está claro que hay una intencionalidad política de sacar a aquellos hombres que practican el derecho, sin ver la filiación política y quienes durante 20 años nunca fueron cuestionados por sus fallos, sino solamente por dos cuestiones, que son la designaciones que sucedieron hace más de 20 años y por unas cuestiones legales que ya tienen cosa juzgada”, consideró.