Un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Alicia Paz (UCR-JxC) busca establecer que las empresas de transporte urbano de pasajeros, incorporen colectivos de piso bajo a los fines de garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
La iniciativa modifica el inc. L del art. 11 de la ley provincial de transporte 4906, con el objeto de que las concesionarias del trasporte público de pasajeros cuenten con unidades accesibles para el traslado de pasajeros con movilidad reducida. Entendiéndose por unidad accesible, a las unidades de transporte público de pasajeros de piso bajo diseñados especialmente para el fácil acceso de las personas antes mencionadas, permitiendo esto ser verdaderamente inclusivos y respetuoso de todas las personas.
La propuesta pretende brindar protección a los usuarios del transporte público, principalmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, padres con sus hijos menores, y personas que por circunstancias transitorias encuentran dificultades para disponer del total de sus habilidades, como mujeres embarazadas, o quienes padecen algún tipo de lesión, entre otras, que utilizan diariamente el transporte público y encuentran un obstáculo físico en el ascenso o descenso a los colectivos,  “puesto que deben sortear la distancia existente entre los escalones de ascenso y descenso de los  colectivos, que dificulta ciertamente el paso de un espacio a otro, constituyendo un verdadero impedimento en el entorno físico, que se traduce inmediatamente en impedimentos para el normal uso del servicio por quienes padecen limitaciones físicas o psíquicas”.
Señala la legisladora que. el deseo es que en el tiempo el proyecto se materialice efectivamente en todas las empresas de colectivos de Catamarca, “a fin de lograr una verdadera provincia  integradora, inclusiva y protectora de los todos sus habitantes”.
“Es tiempo que todos comprendan que las personas con discapacidad tienen una vida independiente, que  hay un gran número de personas con discapacidad motora, visuales, adultos mayores, embarazadas y niños”, agregó Paz.
Recordó el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
“Accesibilidad1) A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al  entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
Recordó por otro lado, que los resultados del último censo poblacional,  revelaron que un 12,9% de la población de Argentina convive con algún tipo de discapacidad, es decir que son alrededor de 5 millones de personas- de las cuales más de 800 mil tienen discapacidad motriz- y si a ese número se suman las personas con movilidad reducida, permanente o transitoria, la cifra aumenta aún más.
La legisladora puso como ejemplos las ciudades de Resistencia (Chaco), y San Carlos de Bariloche (Río Negro), fueron las primeras del interior del país en incorporar unidades de transporte público accesibles para el uso de personas con movilidad reducida. Así lo determinó la justicia provincial en pos de garantizar el derecho de todas las personas a contar con un entorno accesible.
“Debemos tener en cuenta los desafíos a los que debe enfrentarse a diario una persona con movilidad reducida para trasladarse de un lugar a otro, por la dificultad para ascender y descender del colectivo ya que ninguna línea de transporte público posee piso bajo y ello trae aparejada una serie de situaciones que vulneran los derechos de las personas con movilidad reducida”, concluye la fundamentación.