La tensión es extrema: 15 meses de pandemia sobre los hombros, una paritaria que se vence este mes y hay que actualizar para los 550 mil trabajadores sanitarios del país y un aumento acumulado de costos en el sector salud 27 puntos arriba de la inflación, acelerado por la tasa de uso por Covid.

Los prestadores de salud dicen que no pueden pagar el más que merecido aumento salarial y que están quebrados porque los financiadores pagan tarde y poco. Los financiadores ?que son las obras sociales (sindicales y estatales) y las prepagas- dicen que no hay más plata y las prepagas fueron a la Justicia porque el Gobierno no les autoriza el aumento que arrojan los cálculos técnicos.

En ese marco, con 320 mil casos activos de coronavirus en el país, una vacunación que cubre apenas al 7% de los argentinos con dos dosis, la vicepresidenta Cristina Fernández volvió sobre la idea y dijo esta semana que "hay que repensar el sistema de salud". "Deberíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen", marcó. Y dijo que está hoy integrado, pero "a las patadas y la fuerza" que impuso la realidad, y que las prepagas no tienen dónde colocar la gente y van a lo público y lo público va a lo privado.

Alberto Fernández respaldó el viernes la idea: "Tendremos que ver cómo optimizamos el funcionamiento de todo esto". La ministra de Salud, Carla Vizotti, también fue explícita: "Es la oportunidad para disminuir la fragmentación".

¿En qué están pensando? ¿Cuál es el proyecto para desfragmentar? ¿De qué hablan cuando hablan de "integrar"?

Nadie en el sector entiende bien la idea. Hay un documento sin autores, que se adjudica a La Cámpora, de 13 páginas, que circula bajo el título "Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024" y otro de la comisión de salud del Instituto Patria, que se propone como "documento fundacional", de 24 páginas.

Ambos abonan la idea de la "soberanía sanitaria", con un Ministerio de Salud que recupere la rectoría de todo el sistema y que participe activamente en la prestación de los servicios, lo que supondría también intervenir en la asignación de los recursos. Pero no dejan de ser un compendio de objetivos e intenciones, sin detalles prácticos de cómo se alcanzaría esa "soberanía sanitaria".

¿Cuál es la idea del Gobierno?

Hay varias hipótesis. La de desfinanciar para luego estatizar es la principal entre los prestadores. Lo dijo explícitamente Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y de una decena de clínicas y titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), una entidad que por primera vez reunió a prestadores y financiadores. Planteó que la estatización puede ocurrir ajustada a derecho, como pasó con las AFJP, aprobada por el Congreso, o de hecho, haciendo lo que está haciendo el Gobierno.

"Si alguien quisiera eso, primero lo desfinanciaría, lo pondría de rodillas y sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que sería necesario estatizar bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones", denunció.

El plan sería erigirlos como los malos de la película para quedarse con una caja de 800 mil millones de pesos al año. Eso es lo que suma la facturación de las obras sociales y de las prepagas.

"Acá hay un interés en la caja de salud, que es gigantesca porque el gasto es gigantesco", plantea Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada y coordinador del Observatorio de Control de Costos de la UAS. Pero Lilloy plantea una diferencia sustancial respecto del ahorro previsional: "Acá hay que prestar un servicio, lo que ingresa sale; los costos son altos y los ingresos no alcanzan".

La mitad de los argentinos no tiene cobertura social, es decir, se atiende en el sector público. Si la idea es estatizar los fondos de la otra mitad y hacer que todos puedan atenderse en el Allende, el Privado o el Sanatorio Tres Arcos de Buenos Aires los problemas de costos seguirían estando. Es más, podrían gravarse porque el sector público es más ineficiente. "El hospital público gestiona mal el dinero del Estado, no porque le falte la plata del privado", dice Carlos Regazzoni, ex titular del Pami.

Si el objetivo fuera matar a las prepagas, podrían hacerlo hoy, sin ningún cambio adicional. "Si quisieran manejar la salud, tienen los hospitales públicos: si compitieran mejor, la gente no pagaría por un privado", dice Losada.

"En el sector privado, el gasto promedio per cápita es de tres mil pesos mensuales, pero en el Estado, que atiende el 30% de la población, estamos cerca de los siete mil pesos, con menos prestaciones", marca Lilloy. Por caso, la obra social paga seis consultas por año y el hospital tiene 1,5.

Otras hipótesis

Desfinanciar para concentrar. Otros sostienen que quieren poner contra las cuerdas al sector para que se achique y luego poder negociar con menos actores, en una especie de "club de la medicina prepaga". La concentración del sector se acelerará aun más con esta crisis. Hay 709 empresas de medicina prepaga en el país aunque las 10 primeras concentran casi el 90% de los afiliados.

Recuperar la rectoría. Para lograr esa soberanía sanitaria es clave que el Ministerio de Salud de la Nación pase a tener un rol central en el diseño y ejecución de la política sanitaria. Algo así como una especie de "súper poderes" para definir coberturas y lugares de prestación. La rectoría tiene un problema básico: "Es impracticable eso porque la función de salud es de las provincias, no podés nacionalizar el sistema", dice Jorge Colina, titular del centro de estudios Idesa.

Algo de eso hay porque los documentos del Instituto Patria hablan incluso de una reforma constitucional para que no se refiera a la salud "como un derecho de usuarios y consumidores" sino que figure como un "derecho inalienable".

Para eso, según Colina, se necesitarían reformar 23 constituciones de provincias. Otros ven en el creciente poder del Consejo Federal de Salud (Cofesa) una vía de hecho rápida para hacer algún avance ahí.

De todos modos, la idea de la rectoría nacional goza de cierto consenso en los especialistas. "Si Nación hubiera tenido la rectoría en esta pandemia se hubieran salvado más vidas", dice sin vueltas Regazzoni, titular del Pami en la primera mitad de la gestión de Mauricio Macri.

"Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la desigualdad: hay 20 años de diferencia de expectativa de vida en una misma provincia según los sectores socioeconómicos", dice. "Pensar los cambios desde el flujo de fondos y de la integración del sector es empezar al revés, hay que clarificar los objetivos nacionales de salud", dice. Imagina un servicio nacional de salud con prestadores nacionales y provinciales, con provincias que puedan ser cabeceras de región para prestaciones de alta complejidad, sistema único de compras y objetivos nacionales de salud que todos deben cumplir.

Regazzoni sostiene que en el mundo la tendencia es centralizar, porque los laboratorios, por ejemplo, tienen incluso más poder que los laboratorios a la hora de fijar los precios de los medicamentos, ítem donde se destina el 18% del gasto de salud en Argentina. "El foco tiene que estar en la igualdad sanitaria, que es lo que no tenemos, no en la soberanía", dice.

Postura ideológica. Una idea que cobra fuerza es que prima el molde ideológico del Instituto Patria. En el documento se cuestiona duramente al neoliberalismo, que "deteriora la calidad de vida de las grandes mayorías multiplicando el riesgo de la salud", sostiene que el complejo industrial médico de Estados Unidos quiere exportar su modelo medicamentoso al mundo y que Cambiemos tenía "el claro objetivo de privatizar lo más posible la salud" y que pensaba en las prepagas como actor central. Desde esa óptica, las prepagas aparecen como el enemigo a combatir por la contracultura al modelo neoliberal.

Terminar con la desregulación. El documento adjudicado a La Cámpora propone "instaurar una nueva modalidad para la libre elección entre obras sociales que impida el desfinanciamiento de aquellas y mejore las prestaciones de salud". Muchos creen que éste puede ser el verdadero objetivo: que a las obras sociales no se le vayan los afiliados de mejores sueldos.

Hoy cualquier afiliado a una obra social sindical se puede cambiar a otra entidad sindical. Pero muchas tienen convenios con prepagas, de modo que terminan siendo afiliados de la prepaga: algunos, con el aporte obligatorio sobre el salario y otros, pagando un complemento. De los seis millones de afiliados que tienen las prepagas, sólo dos millones son "puros".

El resto, en el fondo, está en una obra social sindical. "Los de izquierda en el Gobierno creen que la gente está mal en las privadas y estarían todos mejores si fuesen al público, pero pasan por alto que la gente está en el privado porque el público no funciona, no es que la tienen preso. Es como la educación, si fuese mejor, la gente dejaría de pagar y se iría de la privada", dice Colina.

La desregulación puede ser cuestionada por algunos gremios, pero otros, que han hecho acuerdos con las prepagas, la defienden. "Pero para el interior ha sido fabulosa porque levantó la vara: si el afiliado se enoja se va, ha hecho que las obras sociales cuiden más sus servicios", marca Losada.

En ese marco, se propone recuperar las prestaciones realizadas por entes estatales a las prepagas u obras sociales. Y acá aparece el único "detalle fino" del trabajo: que el Estado cobre automáticamente las prestaciones de la recaudación de Afip y, a cambio de ese débito directo, se les haría un descuento del 33% sobre el valor fijado para las prestaciones.

Ruido para la tribuna. Finalmente, otra hipótesis es que sea apenas pirotecnia electoral, un discurso pensado para un conurbano complicado, sin acceso a servicios sanitarios, donde sea bien recibido prometerles a todas y todos que podrán atenderse en el Otamendi, donde estuvo internada Florencia Kirchner. "Creo que hay algo de verso, está hecho por gente que no ha manejado nunca una empresa y no entienden que hay una ecuación entre ingreso y egreso", dice Lilloy. "Y esto tiene el sello de Cuba, no de España, Canadá, Alemania, Francia o Nueva Zelanda, que tienen sistemas centralizados", agrega.

"Yo entiendo que se pueda hacer la pirotecnia que quieras, pero asegúrate que no le falte plata al sistema, estamos en una guerra", dice Losada, incrédulo por la hipótesis de que eso sea simplemente ruido. (Fuente La Voz)