En medio de la crisis del transporte urbano de pasajeros en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires se están llevando adelante las negociaciones paritarias entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el gremio que nuclea a los choferes. La situación está estancada: el sindicato pide un ajuste salarial que llevaría el sueldo inicial a más de un millón de pesos, mientras que los empresarios dicen que no pueden pagarlo.
Por eso, piden que en la próxima audiencia estén presentes los representantes de la Secretaría de Transporte de la Nación y del Ministerio de Economía, para intentar obtener alguna certeza sobre cómo se financiará el incremento salarial.
“Si bien el Gobierno pretende paritarias libres, en nuestro caso tenemos una tarifa que fija el propio Estado. Para actualizar el boleto, necesitamos su autorización. El impacto del salario es del 60% del costo del servicio”, graficó una alta fuente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la cámara empresaria que representa a las prestatarias del interior del país.
En ese sentido, la discusión corre por dos vías en paralelo. UTA primero tiene audiencia con las empresas que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Apenas termina esa reunión, empieza el encuentro con la Fatap. Y lo que viene sucediendo desde hace tiempo es que el gremio primero cierra en el Amba, y luego apunta a tener el mismo trato con el interior.
Según publican medios especializados del mundo sindical, UTA pide un incremento del 37% en enero, $ 126 mil no remunerativos y otra suba del 25% en febrero. Así, el salario inicial quedaría $ 777.700 para enero. Y $ 972.125 para febrero.
Las cámaras empresarias de Amba ofrecieron un 25% para enero y un no remunerativo de $ 60 mil.
Advertencia de UTA
Tras la audiencia de este jueves, UTA emitió un comunicado en el que advierte “que la situación del transporte se está descomponiendo gravemente y el conflicto se va profundizando cada día más”.
“Desde el sector empresario pretenden que firmemos un acuerdo que implique reconocer una pérdida de poder adquisitivo de los salarios del mes de diciembre de 2023, cuando ya ello está acordado y homologado por el ex-Ministerio de Trabajo. Esto no es negociable bajo ningún engañoso pretexto ni ecuaciones matemáticas con las que ilusoriamente se pretende hacer creer que favorecerían a los trabajadores”, sostiene el comunicado.
Y agrega: “Como si lo anterior fuera poco, expresan las empresas como condicionante a cualquier oferta, que el Estado nacional no les reconoce los costos del nuevo aumento, la verdad que este será un problema que deberán resolver o no ellos y que no nos es en manera alguna oponible”.
Por último, remarcan que hay una “escalada” del conflicto, e indicaron que la Secretaría de Trabajo de la Nación llamó a una reunión de todas las partes. “Asistiremos a la convocatoria, a fin de defender nuestros salarios que son el sustento de nuestras familias”, detallan.
