Asociaciones y ONGs se movilizaron frente al Congreso nacional, en Capital Federal, y en el resto del país en reclamo de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A la marcha, además, se sumaron trabajadores de prestadores de servicios para discapacitados, quienes exigen aumentos de honorarios y condiciones dignas. 

En Catamarca, la convocatoria se concretó en la Plaza 25 de Mayo desde las 11 de la mañana y contó con la participación de distintos sectores, tales como el Instituto de Rehabilitación Integral, Petit Clínicas de Infancias, la Unión de Padres Azules y Neuro Desarrollo Catamarca. Todos y cada uno de quienes marcaron presente, reclaman por la actual crisis del sistema, y son la voz tanto de las familias, los pacientes como de los mismos profesionales. 

Una de esas voces es la de Aldana Escobar de APAC, quien puede referir sobre la grave situación, por cuanto lo vive a diario con su familia. Ella fue diagnosticada con autismo, lo mismo que su hija y el otro menor tiene TDH y por ello sabe del impacto de la no actualización del nomenclador y lo que esto significa para los profesionales que trabajan con grupos familiares como el de ella.

En la base del reclamo, como lo indicó Aldana, está que se trate la Ley de Emergencia en Discapacidad, que traducido no es sino que se actualice el nomenclador con el que se rigen los profesionales, el que se mantiene con los mismos valores desde el 2023. "Esto significa que los prestadores, llamese psicpologos, psicopedagogos, psicomotricistas, las MAE y otros profesionales que acompañan a la discapacidad, están cobrando desactualizado y eso no alcanza. Eso lleva a que ellos lleguen a pedir un pago extra a las familias, porque los que les paga la obra social, obviamente no les alcanza".

Esos valores por fuera, que según los mismos padres reconocen, en promedio unos $20 mil por sesión, es un valor al que no todos pueden acceder, siendo que un paciente puede tener por especialidad, dos encuentros por semana. "No obstante esto, lo que ellos piden es razonable, porque no les alcanza", refirió Aldana.

En vista de esta desactualización, y en reclamo que la Ley se trate en el Congreso, es que se replicaron estas protestas en todo el país.

Qué plantea la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto que se iba a debatir este jueves y que pasó para la semana que viene en la Cámara Baja, propone declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad, con el objetivo de revertir el deterioro del sistema de atención. La iniciativa contempla la creación de un presupuesto específico para actualizar los valores que perciben los prestadores, así como mejorar las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en talleres protegidos.

Actualmente, los empleados con discapacidad en estos espacios perciben 28 mil pesos mensuales, un monto que no se modifica desde febrero de 2023.

Otro de los ejes del proyecto apunta a agilizar el proceso de auditorías y aprobación de pensiones. Según cifras oficiales, en los últimos 14 meses solo se aprobaron 586 de las 500 mil solicitudes presentadas. Las familias con niños y niñas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas por esta crisis: denuncian que sus hijos quedaron "a la deriva", sin terapias, acompañamiento ni respuestas institucionales.