El equipo Diocesano de Pastoral Social Diócesis de Catamarca se manifestó, como suele hacer ante hechos que conmocionan la realidad social de la provincia, en este caso sobre la cuestión minera y lo sucedido en las últimas semanas en Andalgalá.
Al respecto, indicaron que esta problemática “suscita muchos interrogantes porque a la hora de dar respuestas los actores involucrados, sea por la razón que fuere, no logran ponerse de acuerdo convergiendo todo en un conflicto de intereses que algunos no ven otra salida que dirimirlo por la fuerza. Es evidente que nadie quiere escuchar a nadie”.
En este punto, en el comunicado que emitieron marcan “si existiera la voluntad de escuchar, ya todos se hubiesen puesto de acuerdo para dialogar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién, la verdad? ¿La tienen los que impulsan la minería? ¿La tienen los que se oponen a la minería a gran escala? ¿No será más bien que todos tienen algo de razón, y todos tienen parte de verdad? ¿Pero cómo saberlo si no nos escuchamos? ¿Y cuáles son los obstáculos para escucharnos?. ¿Es posible hallar una herramienta que nos permita sortear esos obstáculos y permita una conversación sincera, objetiva y superadora? ¿Hay acaso algunos criterios objetivos e imparciales y aceptados por todos, que permitan a las partes sentarse, expresar sus pareceres y dar respuestas a lo que sea conflictivo a partir de esos criterios?”
En este punto iluminaron la presente realidad social con la Doctrina Social de la Iglesia sobre el Medio Ambiente; en el caso puntual de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde se plantea a los ciudadanos como discípulos-misioneros y “custodios de la casa común”. “Una conversación a la luz de los principios que allí se nos ofrecen, podrá emanar claridad sobre los obstáculos que impiden escuchar y recibir orientaciones para destrabar el conflicto por medio del diálogo”.
Aportaron como otra herramienta para ayudar al dialogo el “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018. En la presentación del mismo, el Secretario de la Naciones Unidas dice: “Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”.
La Pastoral Social apunta a que estas herramientas sirvan en este conflicto en la Perla del Oeste, alertando y llamando a la reflexión sobre lo que sigue en cuanto a la extracción del litio en nuestra provincia. En este sentido indican que “todos los ciudadanos podamos tomar parte en los varios emprendimientos mineros para la extracción del Litio que ya han sido anunciados. No nos podemos quedar solamente con lo que, con esfuerzo periodístico y hasta donde tienen acceso, publican los medios de comunicación. Todos escuchamos hablar del Litio. ¿Sabemos qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lo extrae? ¿En qué zonas de Catamarca se concentran? ¿Quiénes lo van extraer? ¿Cómo? ¿Quiénes controlarán su extracción y producción? ¿Cuál esel impacto sobre el Medio Ambiente, especialmente, sobre el agua? ¿Y cuánto de los beneficios se llevarán las Empresas y cuánto quedará para los catamarqueños? Y si ¿ese reparto de las ganancias es equitativo y razonable? Todas estas preguntas nos las debemos hacer y tenemos, como ciudadanos, el derecho de saber y que nos respondan”.
