El conflicto entre la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) y el PAMI tuvo ayer un nuevo punto de quiebre, por cuanto a la decisión de los profesionales médicos de no recibir más pacientes que provengan de esta obra social, se sumó ahora una medida judicial que impide que los afiliados no cuenten con el servicio.
La decisión fue anunciada por el titular local de PAMI, Juan Rosales, quien aseguró que “a nivel nacional, se interpuso una acción judicial para impedir que no se presten el servicio de diálisis por el conflicto con los prestadores”. Recordemos que el lunes, dicha Confederación, la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis, ante la falta de un acuerdo económico entre la obra social de los pasivos y las prestadoras de diálisis, habían amenazado con dejar de recibir pacientes de esta obra social. La determinación generaba a su vez una crisis en el sistema sanitario público, por cuanto estos afiliados iban a ser derivados a un Hospital San Juan Bautista que ya tiene colapsado su servicio de diálisis.
Deuda
En cuanto a la deuda que se reclama tanto a nivel nacional como local, Rosales aclaró que en ningún momento se incurrió en un atraso de pago y que, inclusive, se otorgó un aumento del 60% durante la pandemia. Y remarcó “PAMI, a nivel nacional, no tiene deuda”.
En tanto, aseguró que los prestadores locales no elevaron a la fecha reclamo alguno. Ellos, a principio de semana, habían denunciado estar trabajando al límite por cuanto no les cierran los números, a raíz de los insumos dolarizados y los costos de tratamientos.
Garantizado
Respecto del servicio, que es una gran preocupación porque de ello depende la calidad de vida de los pacientes, el titular del PAMI local dijo que aquel “está asegurado porque, en principio, tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones a nivel nacional. En estas horas, vamos a tener novedades. PAMI no va a someterse a este tipo de medidas que en un punto son extorsivas porque van contra el derecho de la salud, que es fundamental y básico. No pueden interrumpir el servicio de un momento a otro”.
